Canalistas del Laja valoran conclusiones de Comisión Investigadora sobre extracciones irregulares de agua
Canalistas del Laja valoran conclusiones de Comisión Investigadora sobre extracciones irregulares de agua LaAsociación LaAsociación de Canalistas Canalistas del Laja (ACL) valoró el resultado del trabajo realizado por la Comisión Investigadora Investigadora de la Cámara de Diputados Diputados que durante varios meses analizó las responsabilidades de los organismos del Ministerio de Obras Públicas, especialmente de la Dirección General de Aguas (DGA), respecto a la eventual extracción irregular de aguas que desde el río Laja habrían realizado los administradores del Canal Zañartu (ACCZ). Dicha comisión se formó a raíz de un conflicto que tiene su origen en una resolución de la DGA de agosto de 2023, la cual autorizó el aumento del caudal desde 22,6 m3/s a 33,0 m3/s en favor de la asociación Canal Zañartu. Dicha decisión modificó modificó las resoluciones del 2021 y 2022 del mismo organismo público que aseguró que solo se podían extraer aguas desde el río Laja en hasta 22,6 m3/s.
Entre las conclusiones de la Comisión Investigadora, se establece establece que “se hace necesario que la Dirección General de Aguas establezca criterios suficientes que den cuenta de un reconocimiento reconocimiento de sus decisiones y se establezcan criterios que sustenten sustenten la seguridadjurídica respecto respecto de los derechos que se poseen en los caudales”. Según el presidente de los regantes del Laja, Germán Hermosilla, Hermosilla, el informe ratificó que “la DGA infringió normas y que el Canal Zañartu no logró justificar justificar por qué pretende extraer más agua del río laja que la que ha extraído históricamente, que son 22,6 m3/s”. A sujuicio, este aspecto “coincide “coincide absolutamente con lo que ha sido la posición histórica de nuestra asociación, en cuanto a que la DGA tiene la obligación de generar certeza y seguridad en la gestión del agua en nuestro país, ya que no puede ser posible posible que un cambio de criterio de un funcionario pueda modificar los derechos de agua, que son un activo fundamental para decenas decenas de miles de agricultores y regantes”. En otra de las conclusiones, la Comisión Investigadora decidió decidió representar “que la DGA no modifique arbitrariamente los criterios tenidos en cuenta en sus resoluciones exentas, puesto que esta situación solo acarrea, como es en el caso investigado por esta comisión, incertidumbre incertidumbre para los dueños y quienes gozan de derecho de aprovechamiento aprovechamiento de los cauces”. Adicionalmente, los diputados diputados acordaron oficiar a distintos organismos del Estado para que tomen conocimiento de las conclusiones conclusiones y adopten decisiones de acuerdo a sus competencias.
Así, se pidió al Ministerio Público Público que “atendiendo al contenido del presente informe, así como todos los antecedentes recibidos recibidos por la Comisión, evalúe la procedencia de eventuales acciones penales en que se pudo haber incurrido en el contexto de la dictación de la Resolución Exenta N2320 dcl30 de agosto del año 2023 de la DGA”. Un segundo oficio se acordó dirigir al Ministerio de Obras Públicas, a fin de que “adopte las medidas administrativas y disciplinarias correspondientes para recomponer el estado de derecho en lo relativo al régimen legal de aguas sobrelos derechos constituidos en la cuenca del Río Laja, de manera oportuna y con la mayor celeridad posible, con estricto apego a la legislación vigente”. Por su parte, los parlamentarios parlamentarios requirieron a la Dirección General de Aguas para que realice realice un estudio acabado de los títulos títulos que permitieron aumentar en 11 m3/s el caudal al que tiene derecho a administrar y distribuir distribuir la ACCZ, a fin de determinar determinar su línea registral hasta llegar ala formación del Canal Zañartu en el año 1952.
La idea es establecer si dichas aguas formaban parte de los 22,6 m3/s de su formación, o si por el contrario, “corresponden a otros derechos de aprovechamiento de aguas, en cuyo caso debiera determinar fehacientemente su origen, de forma de establecer legalmente que estas aguas son diversas a las 22,6 ya señaladas”. También se acordó dirigirse a la Contraloría General de la República, “para que en todas aquellas materias que no estén judicializadas, investigue si los beneficios otorgados por la Comisión Nacional de Riego a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, se realizaron conforme a derecho y si estos causaron algún perjuicio fiscal que deba ser sancionado administrativamente”. administrativamente”. El presidente de la ACL aseguró aseguró que la asociación de regantes “seguirá atenta abs efectos concretos concretos que produzca la investigación investigación y a las medidas que adopte el MOP para reestablecer la legalidad en el uso del agua y evitar que los administradores del Canal Zañartu vuelvan a cometer las irregularidades investigadas por la Cámara de Diputados”. Prensa La Tribuna prensa@latribuna.cl Los legisladores acordaron enviar oficios al Ministerio Público para evaluar eventuales acciones penales y al Ministerio de Obras Públicas para que tome las medidas administrativas y disciplinarias para recomponer el estado de derecho. También se ofició a la Contraloría General de la República y la Dirección General de Aguas. EL ACCESO A LAS COMPUERTAS de la Asociación de Canalistas del Laja. EL CANAL DE LA ASOCIACIÓN ZAÑARTUJ, a metros de la captación de aguas del río Laja..