Autor: JOAQUÍN RIVEROS

“El fiscal tiene la potestad de ir a la justicia penal y pedir cárcel”
“El fiscal tiene la potestad de ir a la justicia penal y pedir cárcel” "El fiscal tiene la potestad de Ir a la justicia penal y pedir cárcel" "El fiscal tiene la potestad de Ir a la justicia penal y pedir cárcel" JOAQUÍN RIVEROS egún explica el doctor en Economía S isiaro Saavedra, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y ex ministro de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cambio de la legislación de defensa de la libre competencia realizado en 2016, genera un nuevo escenario persecutorio, tanto para las tres empresas requeridas, como para los cinco ejecutivos acusados en la colusión de los casinos. "Son varias las cosas que se arriesgan. La primera, y que solicitó la FNE, es la caducidad de la concesión, lo que haría que se relicite todo de nuevo. Luego vienen las multas para las empresas, pero también para los ejecutivos que están acusados.
Lo que pasa es que en este caso aplicará el cambio legal que se hizo en 2016, en el que quedó claro que además del juicio administrativo, que solo puede dar multa, no cárcel, el Fiscal Nacional Económico ahora tiene la potestad de ir a la justicia penal y pedir cárcel para los requeridos", explica Saavedra. "El otro tema nuevo que abre el cambio legal de 2016 es el incremento de las multas. Antes de eso el tope era de 30 mil Unidades Tributarias Anuales, que es un poco más de 22 millones de dólares. Esos eran los topes de multas que existían y aplicaron para casos como la colusión de los pollos o del papel tissue. Con el cambio de 2016, la nueva ley dice que las multas se calculan primero sobre el doble del valor de la ganancia económica, o un porcentaje de las ventas. Cuando no se puede calcular por el primer caso, como en una licitación, entonces se aplica un porcentaje de las ventas de la empresa y esto aumenta mucho los montos. Las multas solicitadas por la FNE totalizan 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 151,9 millones, las más altas para un caso de colusión a la fecha. Saavedra plantea que el caso casinos tiene un impacto que va mucho más allá de quienes asisten a este tipo de establecimientos. La lógica de las licitaciones de los casinos es que, quien las gana, obtiene el derecho a operar en una suerte de monopolio reducido por región.
Ese derecho se paga con un monto ofertado que va a los municipios de los lugares para obras de diverso tipo, muchas de impacto social. "Cuando estos actores se coluden el dinero que llega a estos municipios es mucho menor que el hubiera llegado si hubieran competido realmente por obtener ese derecho.
Ese es el impacto económico concreto para las localidades, pero además reflota el tema de los abusos y el de que la clase económica se burla de las condiciones del mercado".. Expertos aseguran que es muy difícil de vulnerar la información que se transmite. La Fiscalía acusó a ejecutivos de usar herramienta que autodestruye los mensajes