COLUMNAS DE OPINIÓN: Patrimonio e institucionalidad
COLUMNAS DE OPINIÓN: Patrimonio e institucionalidad S in duda, la conservación del patrimonio es un objetivo que los países hacen bien en resguardar. En Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) es la agencia estatal encargada de implementarlo. Sin embargo, opera bajo un esquema legal que ya tiene más de 50 años y que, en la práctica, ha probado estar obsoleto.
Así, el CMN se ha transformado, en muchos casos, en un obstáculo para una adecuada preservación de ciertas construcciones históricas, por la rigidez con que aborda su mantención, y, en otros, en una traba al desarrollo de una multiplicidad de proyectos de inversión de diversa índole, porque los retrasos, aumentos de costos y otras dificultades que les provoca, fundadas muchas veces en una sobrevaloración de lo que se busca preservar, introducen un grave daño al proceso de desarrollo del país como un todo. Los casos en los que esto ha ocurrido son múltiples. Uno muy reciente es el abandono del proyecto de restauración del edificio para instalar el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso.
El proyecto se detuvo, según su director, "por la exploración arqueológica" que instruyó el CMN, que introdujo un inmenso retraso a las obras, pero, además, los requerimientos exigidos por el CMN aumentaron de tal manera los costos involucrados que tanto el MOP como el gobierno regional y la Universidad de Valparaíso, que lidera el Centro, desistieron de seguir adelante. El proyecto consideraba restaurar el edificio Severín, detrás de la iglesia La Matriz, un sector muy deteriorado de la ciudad, que requiere urgente recuperación.
Según el rector de la universidad, con las directivas que impuso el CMN, "ni se ha rescatado el patrimonio arqueológico, ni se recuperó el edificio, ni se contribuyó a la ciencia; lo único que se ha preservado son las ruinas de ese sector de la ciudad". En el caso de la ruta a San Pedro de Atacama, los plazos para completarla se elevaron de un año y 8 meses a 4 años y tres meses, también por razones arqueológicas; los hospitales de El Salvador y de Buin-Paine han sufrido igualmente importantes retrasos, y la construcción de otros 8 hospitales, varios de ellos en el sur del país, se encuentra detenida por acción del CMN, sin contar la gran variedad de proyectos privados que han padecido, o aún padecen, situaciones similares. Hay dos tipos de problemas asociados a la institucionalidad que rige la preservación patrimonial.
Por un lado, el excesivo centralismo con que está concebido el funcionamiento del CMN, que retrasa su toma de decisiones y aleja el conocimiento del sitio donde se encuentra el patrimonio a preservar del lugar en que esas decisiones se toman.
Por otro, el CMN actúa como si no distinguiera entre las situaciones en que el valor de aquello que se desea preservar es muy inferior al valor para el país de lo que se desea construir, de los casos en que su intervención es apropiada o, incluso, imperiosa. El excesivo celo y la rigidez con que esos criterios se imponen provocan, crecientemente, la exasperación, no solo de los involucrados, sino también de quienes observan estos procesos como ciudadanos informados.
No discriminar, con la velocidad y flexibilidad requeridas, entre restos arqueológicos realmente valiosos y los que no lo son es un inmenso obstáculo al desarrollo, agravado porque muchos de dichos restos ni siquiera están en condiciones de ser recuperados, ni menos exhibidos, justamente por su escaso valor. El gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley para modernizar al CMN, aprobado a principios de 2022 por la Cámara, pero que no ha avanzado en el Senado. La actual administración postergó su tramitación a la espera de una consulta indígena, la que ya se habría completado. Ahora resulta urgente que dicha ley se tramite, y que ella incorpore los necesarios ajustes que impidan que el actual estado de cosas se siga extendiendo en el tiempo. No discriminar, con la velocidad y flexibilidad requeridas, entre restos arqueológicos realmente valiosos y aquello que no lo es constituye un inmenso obstáculo al desarrollo. Patrimonio e institucionalidad.