Editorial: Dos potentes inversiones mineras
0urante los próximos meses y años nuestraregión recibirá una enorme cantidad de nuevos trabajadores con el desarrollo pleno de dos proyectos: Centinela, de Antofagasta Minerals, en Sierra Gorda y la ampliación de El Abra, en Calama.
La primera -una inversión de US$ 4.400 millonesya está en desarrollo, pero el peak de operarios aún está lejos de cumplirse, mientras la iniciativa que lidera la norteamericana Freeport McMoRan, debe someterse en 2025 a evaluación ambiental, considerando una inversión de US$ 7.500 millones. La firma estadounidense, socia de Codelco en el yacimiento cuprífero, busca que la iniciativa ingrese a finales de 2025 atramitación, para comenzar a operar en 2033.
Ambos proyectos mineros ejercerán una presión importante sobre los servicios existentes en varias comunas, como los aeroPuertos de Calama y Antofagasta, sobre la vivienda, salud y otros, ya quemuyseguramente miles de ellos vendrán de otras regiones teniendo presente que no hay el suficiente capital humano disponible. El asunto plantea el desafío de seguir preparandoalosjóvenes locales enlas profesiones y ofi-cios que se requieren, pero también mejorar las condiciones de los conmutados.
En este plano, las empresas mineras deben asumir que este fenómeno, que en la práctica implica pérdida de empleos y riqueza para la zona, acarrea además un incremento en los precios de distintos bienes y servicios, lo que pagan todos los habitantes, estén o no vinculados a la industria. Este es un debate que sigue abierto.
Es cierto que exigir sólo mano de obra local es hoy una quimera, pero no debe dejar de analizarse ampliamente lo que implican estos proyectos y el impacto que tendrán en el territorio, más allá de los beneficios directamente relacionados. La inversión de A El Abra asciendea US$7.500 millones y la de Centinela supera los US$4.400 mill 5 26d QUES, THAS diez veces el presupuesto del FNDR. dE. Una conversación pendiente son los efectos aparejados con el fenómeno de conmutación y el alza de precios que paga toda la población, incluso la no minera. Editorial
