Autor: MARCO GUTIÉRREZ V.

¿Cómo se mide un “impacto espiritual”? El fenómeno que surge en proyectos y el mercado de consultoras
¿ Cómo se mide un “impacto espiritual”? El fenómeno que surge en proyectos y el mercado de consultoras U n concepto que no existiría en la regulación para evaluarlo ambientalmente, que es "atípico" medirlo o complejo.
Esas son algunas de las posiciones de abogados, consultoras y académicos tras conocer que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tiene plazo hasta agosto próximo para efectuar al menos una decena de análisis respecto de impacto "espiritual" del proyecto de desaladora de Coquimbo en comunidades locales. Ello, en el marco de la tramitación ambiental de esta concesión de US$ 318 millones que es clave para enfrentar la sequía de la región. Los expertos reconocen que tras suscribir tratados internacionales aumentó la participación de comunidades en evaluaciones ambientales.
En paralelo, admiten que existen algunos asesores que aprovechan ventanas de oportunidades de las demandas ambientales de los grupos locales, a quienes les piden parte de las ganancias que logren a través de negociaciones con los titulares de los proyectos de inversión (ver recuadro en B 4). ¿Se puede evaluar? Carolina Essus, gerente de Proyectos de Infraestructura de Sustentable, firma de asesoría y gestión ambiental, afirma que "en la regulación vigente del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) no existe un concepto o variable que pueda asociarse a un `impacto espiritual', ni un instrumento específico de evaluación.
La dimensión espiritual puede aparecer como parte de la caracterización cultural del medio humano, especialmente en pueblos indígenas, pero no constituye una variable autónoma con metodologías, umbrales o guías oficiales". Por ello, Essus agrega que "establecer un impacto espiritual, en el marco de la evaluación ambiental de un proyecto, es bastante particular y atípico, lo que puede despren¿ Cómo se mide un "impacto espiritual"? El fenómeno que surge en proyectos y el mercado de consultoras MARCO GUTIÉRREZ V. DEBATE TRAS EXIGENCIAS A DESALADORA DE COQUIMBO EN TRAMITACIÓN AMBIENTAL Expertos se dividen entre quienes señalan que no existe jurisprudencia para evaluarlo y otros que estiman que se debe considerar, aunque es algo complejo. La Región de Coquimbo sufre una extrema sequía desde hace años y la desaladora que impulsa el MOP asoma como una solución. CEDIDA SIGUE EN B 4. Expertos se dividen entre quienes señalan que no existe jurisprudencia para evaluarlo y otros que estiman que se debe considerar, aunque es algo complejo.
DEBATE TRAS EXIGENCIAS A DESALADORA DE COQUIMBO EN TRAMITACIÓN AMBIENTAL ¿ Cómo se mide un “impacto espiritual”? El fenómeno que surge en proyectos y el mercado de consultoras derse de ideas o sentimientos particulares de la ciudadanía, que podrían estar asociadas al arraigo o la cosmovisión de ciertos grupos humanos... Determinar un impacto como este, solo podría efectuarse desde un aspecto cualitativo, al no existir jurisprudencia para una variable como la espiritualidad". Otra mirada tiene Sebastián Herrera, socio de Lathrop, Mujica, Herrera y Diez Abogados.
Comenta que en la evaluación ambiental, "se deben analizar distintos impactos entre los que se encuentra la potencial afectación significativa a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos". Para ello, explica, "se debe considerar, entre otros, la intervención, uso o restricción de acceso a recursos naturales utilizados para usos tradicionales como medicinal, espiritual o cultural". En ese sentido, Herrera indica que se debe comparar la situación con el proyecto y sin él, "analizando cuantitativamente si existe un menoscabo al uso tradicional". Con todo, precisa que "la evaluación ambiental debe hacerse cargo de impactos que no siempre pueden medirse con exactitud como los espirituales y culturales.
Frente a ello, el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) prefiere pecar de exceso solicitando más estudios para evitar procesos judiciales extensos". Benjamin Muhr, director del estudio Moreno, Sáez y Avilés, señala que "lo que se debe evaluar en los proyectos de inversión es la afectación de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Dentro de ello, especialmente para los grupos indígenas, se debe analizar si el área que será intervenida por el proyecto tiene un especial valor para ese grupo, por su cosmovisión.
Por ejemplo, si se trata de un área sagrada o donde se realizan ceremonias" En línea con ese análisis, Pablo Briceño, académico de la Escuela de Antropología de la UDP, sostiene que "en la mayoría de los grupos humanos no existe una separación tajante entre lo espiritual y, por ejemplo, lo político o lo económico.
Es decir, la así llamada cosmovisión está relacionada con prácticas culturales de todo tipo, por lo que hablar de impacto espiritual es una forma de reducir a nuestros términos experiencias mucho más amplias y complejas, que pueden involucrar toda la vida de un grupo humano.
Lo que habría que averiguar es el uso efectivo que tiene este espacio y el valor que le asignan comunidades específicas a ese lugar". ¿Quiénes piden medir? Essus afirma que "desde que el Estado de Chile ratificó el Convenio OIT 169, se comenzó a generar una mayor participación de las comunidades en los procesos de evaluación ambiental de proyectos de inversión, la cual se fue potenciando por otros nuevos compromisos, como es el Acuerdo de Escazú (2021), que fomentaron la participación ciudadana y la consulta indígena, creando un nuevo modelo de negocio para abogados y consultoras que asesoran a los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en particular". Esto, añade, "se traduce en interlocutores con relatos fortalecidos, desde la perspectiva técnica y legal, que el SEA está obligado a incorporar como parte de la participación de las comunidades al proceso de evaluación ambiental, trayendo consigo la extensión de los plazos de tramitación", entre otros, como el desistimiento del proyecto.
Muhr reconoce que "lamentablemente, hay casos en los cuales se instrumentalizan mecanismos de participación, que son legítimos y necesarios, con otros fines, ya sea de puro obstruccionismo o incluso para obtener una ventaja de otro tipo.
Estos casos afectan los mecanismos de participación y perjudican a quienes realmente debieran beneficiarse de ellos". ¿Falta de criterio? Para Jorge Cash, exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, la ralentización de las inversiones tiene relación, en varias ocasiones, "con la falta de criterio y sentido común del funcionario público de turno al momento de aplicar en concreto la normativa.
El problema es que ese descriterio, no solo retrasa la inversión, sino que al mismo tiempo, afecta la calidad y prestigio de la evaluación ambiental, contribuyendo a desvalorizar, degradar y ridiculizar ante la opinión pública, el valor que tiene proteger ciertos componentes ambientales y sociales.
En este caso, la necesidad de descartar posibles afectaciones de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos asociados a la dimensión espiritual de la cosmovisión diaguita en relación al agua". Debate sobre la evaluación del "impacto espiritual" de las inversiones VIENE DE B 1 ¿ Cuánto cobran los asesores ambientales de las comunidades? Algunas de las fuentes consultadas por "El Mercurio" afirman que hay abogados o profesionales que trabajan principalmente por un compromiso auténtico con las comunidades, pero otros no. "Lo hacen buscando una parte de las ganancias que se puedan obtener en negociaciones", afirma un abogado que pidió reserva de su identidad.
Otro profesional recordó que en 2014, en el marco del proceso de evaluación ambiental del plan minero "Proyecto Continuidad Operacional Cerro Colorado", la comunidad originaria aimara de Quipisca pidió financiamiento de asesorías profesionales por 3.753 UF, a lo que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no accedió. Luego de ello, la Corte Suprema --hasta donde llegó la discusión por los dineros-estableció que la carencia de recursos económicos de la comunidad no podía constituir obstáculo a la participación ciudadana. PARTICIPACIÓN en ganancias y el caso de la comunidad aimara por Cerro Colorado.