Autor: MAURICIO SILVA

CChC: si solución a toma involucra recursos fiscales, incentivará más ocupaciones ilegales
CChC: si solución a toma involucra recursos fiscales, incentivará más ocupaciones ilegales “Sentaría precedente”, apunta la Cámara Chilena de la Construcción.
La Corte de Valparaíso acogió ayer aplazar en hasta seis meses el desalojo, atendiendo la presentación de la recurrente y “con independencia del Protocolo de Acuerdo”. L a C á m a r a C h i l e n a d e l a Construcción (CChC) valoró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los propietarios del predio usurpado en San Antonio, que suspende por hasta seis meses el desalojo de 10 mil personas ordenado por la Corte Suprema y deja incluso la posibilidad de evitar esta medida de fuerza si los ocupantes con el aval del Estado logran organizarse y ahorrar recursos para comprar el terreno. “La vía que articuló el Minvu abre una posibilidad de solucionar un conflicto muy complejo. Es de esperar que se logre llegar a un buen término sin sentar un precedente que comprometa recursos del Estado para no incentivar nuevas tomas de terreno”, remarca el gremio. Ayer, la Corte de Valparaíso dio lugar al aplazamiento del desalojo de los usurpadores del predio, contando desde hoy.
La resolución de los ministros Rafael Corvalán, Claudia Parra y el abogado integrante Guillermo Ramírez atendió el mérito de los antecedentes y que fueran presentados por la parte recurrente, dejando constancia que su decisión es “con independencia del Protocolo de Acuerdo arribado por las partes”. Para el abogado de la Constructora San Antonio, Diego Pereira, el tribunal establece que solo la recurrente puede pedir tal aplazamiento, y lo hace solo en forma temporal, pues el protocolo está firmado por autoridades que no son parte del recurso. La CChC hace notar que una multiplicidad de factores hizo crecer de 27 mil en 2011 a 115 mil hoy al número de familias que viven en una situación de extrema vulnerabilidad en 1.400 campamentos.
Entre ellos, menciona el bajo crecimiento de la última década, agravado por el gran aumentoInvocando las reformas legales que permiten a la justicia ordenar el desalojo como medida cautelar, la Municipalidad de Curicó logró que el Tribunal de Garantía de esa ciudad en la Región del Maule dispusiera el auxilio de la fuerza pública para recuperar un predio del que es dueño en la ribera del río Guaiquillo y que estaba siendo usurpado por cerca de 150 familias, unas dos mil personas.
El juez Eduardo FritzEl predio se sitúa junto al río Guaiquillo. dispuso la medida una vez que la corporación edilicia acreditara mediante escritura pública e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces el dominio del terreno ubicado en los números 643 y 617 de la calle Obispo Chávez en el sector de Los Aromos, cerca del cruce de Maquehua, en el sur de la comuna.
La figura está contemplada en el artículo 157 ter del Código Procesal Penal, introducido mediante la modificación de la Ley 21.633, que regula los delitos de ocupación ilegal de inmueble, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
A su aplicación no se opuso el Ministerio Público, que lo dejó a criterio del tribunal, la que tendrá lugar “en el más breve plazo”. N O T AO M O R S O L R A C N A U JO I P I C I N U MFACTORES.
Según el gremio constructor, el aumento de tomas se ha visto impulsado por la crisis económica acentuada por la pandemia, el alza en la inmigración y el debilitamiento del Estado de Derecho a partir del estallido de 2019. de la migración a partir de 2014, la derogación del decreto que impedía a quienes usurpen terrenos públicos o privados acceder al subsidio a la vivienda, la pandemia y la crisis económica que derivó de ella.
En forma adicional, apunta, “un porcentaje significativo de esta alza se produjo tras el estallido (... ) por su consecuencia en el debilitamiento del Estado de Derecho”. “La toma de San Antonio surge justo en este último período.
Las primeras familias en llegar alcerro Centinela lo hicieron en 2019 y pese a que los dueños del terreno advirtieron de esta ocupación ilegal, no hubo respuesta ni medidas de parte de las autoridades, lo que es inaceptable”, advierte la CChC. “Es vital dejar claro que el derecho de propiedad es pilar fundamental del Estado de Derecho; en estos casos no se respetó y es lo que dictaminó el Poder Judicial”, añade.
El gremio apunta que el caso de San Antonio debe ser un llamado de atención “tardío, peroválido” para abordar con urgencia y mirada país lo que ocurre con el creciente déficit habitacional, evaluar cada caso de asentamiento precario para proponer soluciones que den una vivienda a quienes lo necesiten, pero siempre ajustándose al Estado de Derecho, sin saltarse la fila y priorizando a quienes sí han hecho el esfuerzo de esperar por un subsidio estatal que les entregue las llaves de su casa propia.
“Sobre todo, respetando el derecho depropiedad de quienes legítimamente lo tienen”. “Urgen protocolos”Por su parte, la directora social de Techo para Chile, Isidora García, comenta que el caso de San Antonio evidencia que “urge un protocolo para que todos los agentes incumbentes actúen en forma articulada, de manera de no vulnerar los derechos humanos de las familias” que ocupan los terrenos.
“La responsabilidad no puede recaer solo en el Minvu; es necesario un trabajo interinstitucional que articule respuestas para las familias para el largo y el corto plazo: Vivienda, con soluciones habitacionales definitivas o transitorias; Desarrollo Social, apoyando a las familias en sus necesidades primarias con programas de acompañamiento y habilitando albergues; e Interior, con protocolo aplicable a las fuerzas policiales que garantice el Derecho Internacional”, afirma. lias, que serán distribuidas desde el Complejo Deportivo de Reñaca Alto hacia lugares que no se identifican, pero que se asegura cuentan con buenas condiciones de abrigo, ventilación, alcantarillado y dotación de psicólogos, asistentes sociales y vinculación con los sistemas municipales de salud.
Con todo, los ocupantes han expresado su intención de recibir el mismo trato de los ocupantes de San Antonio, y presionan por transformarse en dueños de los terrenos tomados. (8 de ellos, lactantes), 7 adultos mayores y 8 enfermos terminales, según la municipalidad. Rojas se muestra inquieta, sobre todo, por los inmigrantes, que carecen de redes de apoyo locales, según plantea. Además, recuerda que cuando el municipio desalojó un terreno de su propiedad en 2023 gestionó subsidios de arriendo a 45 familias que se fueron voluntariamente.
La municipalidad señala que está habilitando dos refugios para recibir a las fami-“Nos dicen que tiene agua caliente y abrigo, pero desconocemos hasta ahora el lugar físico donde el municipio recibirá a las familias”, dice Carolina Rojas, dirigenta de la toma Edén-Lajarilla, sobre los refugios que se alistan para las 87 familias que el martes de cumplirse el fallo dictado por la Corte Suprema en 2022 serán desalojadas del predio usurpado en la parte alta de Viña del Mar. El 80% son extranjeros, en su mayoría haitianos; hay 74 niños y adolescentesPROTESTAS. Los ocupantes en Viña exigen el mismo trato de sus similares de la megatoma de San Antonio.
N Municipio de Viña del Mar prepara refugio para 87 familias por desalojar el martes en la toma Edén-LajarillaNo se respeta el derecho de propiedad. n Hay orden judicial para desocupar terreno en Curicó Gremio dice estar expectante de que pacto entre el Gobierno y dueños en San Antonio “llegue a buen término” FACTORES. — Según el gremio constructor, el aumento de tomas se ha visto impulsado por la crisis económica acentuada por la pandemia, el alza en la inmigración y el debilitamiento del Estado de Derecho a partir del estalli PROTESTAS. — Los ocupantes en Viña exigen el mismo trato de sus similares de la megatoma de se sitúa junto al río Guaiquillo.