Autor: BENJAMIN TURNER / BÁRBARA PEZOA

Proyecto de ley de greenwashing: ¿Por qué es importante acelerar su tramitación?
El uso habitual del concepto verde para referirse a proyectos que no lo son, es otra de las formas para explicar este fenómeno. Hay una iniciativa en el Senado que busca prevenir y sancionar esta forma de publicidad, sin embargo, activistas han asegurado que esta “duerme” desde enero en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta.
A mala práctica en publicidad medioambiental de utilizar reiteradamente conceptos como sustentable, ecológico o verde para referirse a proyectos o productosqueen realidad no tienen esas características, es una de las definiciones que explican el concepto de greenwashingoecolavado, un fenómeno no muy conocido en Chile, comienza a sonar cada vez con más fuerza en el sarial. Entre quienes han monitoreado el avance de este tema de cerca está la fundación Chile Sustentable, cuya presidenta, Sara Larraín, aseguró que efectivamente a nivel local hoy existe un abuso del concepto verde entre lasempresas. Se conocen algupublicitariosasociadosa proyectos - enel mundo inmobiliario y forestal, ejemplifica Larraínen los que se muestran como sustentables, pero en realidad “transmiten desinformación a los consumidores”, señala. La presidenta de Chile Sustentable explicó que la forma de regular el greenwashing en Chile difiere mucho dela legislación que rige en la Unión Europea o en países más cercanos como Brasil o Colombia.
En estos lugares la legislación establece criterios para que la publicidad que realicen las empresas pueda utilizar a sustentabilidad, eso sí, detalla, solo cuando cumplen con ciertos atributos de protección dela biodiversidad, economía circular, reciclaje, entre otros. Por otra parte, según Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura, comunicarcon transparencia puede traer beneficios a las compañías. “A largo plazo está más que demostrado que estrategias, como basura cero o reutilización, generan impactos positivos a nivel económico”, sostuvo. Desde la Fundación Basura indicaron que hoy existen personas dispuestas a pagar más por productos que demuestren ser sustentables, porlotanto, sedebiese poderasegurar que aquello que las empresas profesan sea real. Actualmente ese aspecto, explicó Ortega, seregula de forma “vaga” en la Ley del Consumidor y el Sernac no tiene la autoridad ni capacidad para cursar multas.
Acción Empresas: “No hay voluntad de comunicar algo que no es 100% real” Sibien diferentesactoresde lasociedad civil están de acuerdo en que el greenwashing es una práctica frecuente en el mundo empresarial, también dicen queno es justo hacer una generalización y apuntara todas las compañías. La gerenta de Desarrollo de Acción Empresas, Kathrin Múller, afirmó que “en ningún caso hay voluntad de comunicaralgo quenoes100% real.
Por el contrario, hay una creciente conciencia de la importancia de publicar reportes de sostenibilidad transparentes, coherentes, concisos, y fundamentados, cuyosindicadores se alinean con marcos de referencia internacionales y nacionales”. De la misma manera, puntualizó en relación con el marketing: “El desafío es comunicar las acciones, aspectos y características sustentables de un producto o servicio de la forma más clara y concisa posible, sin caer en un exceso de tecnicismos y largas explicaciones.
La fuente que respalda el dato o los sellos y certificaciones auditados son herramientas claves”. Proyecto de ley Desde 2022 que se trabaja un proyecto deley que busca regular, prevenir y sancionar el “lavado verde de imagen”. La iniciativa se encuentra hoy en segundo trámite constitucional en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y, según Tamara Ortega, “duerme” ahí desde que dejó la Cámara de Diputados el pasado 15 de enero.
El proyecto establece que las empresas que utilicen en publicidad conceptoscomo sustentabilidad, deben atenerse a definiciones específicas y entregar información cable, comprensible y precisa”, imponiendo además la prohibición de “omitir antecedentes relevantes que puedan inducir aerror”. Todasobligaciones que, en caso de infringirlas, contemplan multasentre 4.500 UTM y 9.000 UTM.
De los senadores miembros de la comisión respectiva en la Cámara Alta y sus equipos consultados por Pulso, el único que respondió a las dudas sobre el proyecto de ley fueel representante de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, quien aseguró que “hoy estamos abocados a impulsar el cambio a la ley de permisología ambiental, sin perjuicio de que abordaremos el proyecto relacionado con el greenwashing”. De todas formas, se desconoce sien el corto plazo la iniciativa será puesta en tabla.
La socia en el estudio de abogados Vergara, Galindo y Correa, María Eugenia Armisen, dijo en referencia a la ley que se tramita que todavía “hay espacios de mejora”. Esto, según manifestó, “porqueen Chile no existen realmente mecanismos para determinar si la trazabilidad de un producto y/o que la veracidad de la información efectivamente no esté afectando el medioambiente; o que su afectación sea de bajo impacto.
Sin embargo, nosotros creemos que, si bien el proyecto puede mejorarseen algunos aspectos, está bien orientado al ser una primera iniciativa que apunta a ese sentido”. Desde la Fundación Basura también creen que hay algunos aspectos ambiguos que pueden mejorar, como la compra de bonos verdes y el nivel nacional que, según Ortega, “se contradice con lo quetenemos en Ley REP, donde hay productos que se exportan para poder ser reciclados”. Armisen indicó que nuestro país está aún lejos de normativas que van ala vanguardia en este tema, y el problema es que si se tiene en cuenta la vocación exportadora de las distintas empresas chilenas, “es importante mantenerse atentosa los cambios regulatorios en los países de destino”, aludiendo a la Directiva (UE) 2024/1760 que fija deberes de diligencia debida y reporte a lasempresas europeas, la cual hará extensible dichas obligaciones a sus socios y proveedores a través de toda sucadena de suministro.
“El escenario que enfrenta la industria chilena que participa en mercados europeos invita a adoptar un enfoque preventivo en la gestión de riesgos y en la identificación de brechas en sus operaciones en materia de derecho humanos y medio ambiente. Es importante considerar que existen otras economías productoras delas principales exportaciones chilenascuyos países ya cuentan con leyes en la materia. El mejor ejemplo es Australia, que promulgó una ley enla materia en 2018, yesel principal productor mundial concluyó Armisen. O