Columnas de Opinión: EDUCACIÓN: REVISANDO EL VAR
Columnas de Opinión: EDUCACIÓN: REVISANDO EL VAR Tras el inicio del año escolar, como ciudadanos tenemos el derecho -y el deberde pedir el VAR para revisar las jugadas que el Ministerio de Educación ha ejecutado en los últimos meses del gobierno del presidente Gabriel Boric. Porque cuando se trata de educación pública, no estamos ante un partido amistoso: lo que está en juego es el futuro de miles de niños y jóvenes.
La primera jugada que amerita revisión son los llamados «amarres» en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En la recta final del mandato, se han adoptado decisiones administrativas que apuntan a asegurar la permanencia de funcionarios de confianza en cargos estratégicos, elevando las exigencias para su eventual desvinculación. Varios directores ejecutivos han sido parte de estos movimientos. La señal política es compleja: en lugar de facilitar una transición institucional ordenada, se instala la sospecha de blindajes que condicionan al próximo gobierno antes incluso de asumir. En paralelo, frente a la crisis de convivencia escolar, la respuesta ha sido más regulación y más burocracia. Según la Superintendencia de Educación, el año pasado se registraron más de 17 mil denuncias a nivel nacional. En la Región de Coquimbo, las denuncias por maltrato, conflictos entre estudiantes y agresiones a funcionarios han ido en aumento, tensionando a comunidades que ya operan bajo fuerte presión. Sin embargo, la nueva Ley de Convivencia Escolar impone reglamentos más extensos, múltiples protocolos obligatorios y la exigencia de equipos especializados, sin financiamiento suficiente para implementarlos. El resultado es previsible: más carga administrativa para directores y docentes, menos tiempo para educar. El psicólogo educacional Pedro San Martín ha advertido que el exceso de burocracia está generando una «judicialización» de la vida escolar.
En su libro El Estado contra los colegios sostiene que se ha normalizado la denuncia como primera respuesta frente al conflicto, elevando costos administrativos significativos: cada denuncia puede implicar alrededor de 45 horas de trabajo directivo, y un colegio urbano promedio recibe cerca de 11 al año. La política pública parece haber confundido control con solución. Aquí la infracción es doble. Por un lado, se restringe la autonomía de los establecimientos, debilitando su capacidad para definir proyectos educativos propios y responder con flexibilidad a su realidad. Por otro, se trasladan costos adicionales a colegios que no cuentan con respaldo presupuestario suficiente. Cuando la burocracia reemplaza la confianza, la educación se debilita; y cuando se debilita la educación, se debilita el país. Las pantallas también muestran cifras inquietantes. Si bien la asistencia ha mejorado respecto de los años más duros de la pandemia, aún no recupera plenamente los niveles previos. En los establecimientos administrados por los SLEP, la asistencia promedio hasta junio de 2025 alcanzó cerca de 82%, por debajo del promedio nacional (88,1% ) y con una caída respecto del año anterior. A ello se suman problemas de gestión, déficits de infraestructura y paralizaciones de funcionarios que han interrumpido por meses el proceso de aprendizaje en distintos territorios. Al mismo tiempo, la educación pública ha concentrado una atención presupuestaria y política considerable por parte del gobierno saliente, mientras la educación particular subvencionada -elegida por la mayoría de las familiaspercibe un trato desigual. La discusión no es ideológica, sino de equidad y resultados.
Cuando un liceo técnico no recibe apoyo oportuno, cuando un jardín infantil en un barrio vulnerable posterga mejoras, cuando un docente abandona el sistema por falta de condiciones, el país está decidiendo, consciente o inconscientemente, cómo distribuye las oportunidades. EI VAR, en definitiva, nos recuerda algo elemental: el liderazgo pedagógico es clave para mejorar la calidad educativa. Pero ningún equipo directivo puede ejercerlo plenamente si está atrapado entre protocolos interminables, fiscalizaciones desproporcionadas y decisiones centralizadas que desconocen la realidad local. Una regulación excesivamente densa no solo genera trámites; erosiona la capacidad de cada comunidad para organizarse, deliberar y actuar conforme a su proyecto educativo.
La pregunta política de fondo es inevitable: ¿ es posible corregir el rumbo o se requiere un rediseño profundo del modelo de Nueva Educación Pública? Con el cambio de gobierno en el horizonte, el futuro de los SLEP está en debate. Persistir sin ajustes significativos puede significar profundizar los problemas. Revisar con seriedad, en cambio, podría abrir la puerta a una educación pública más eficaz, más autónoma y verdaderamente centrada en los aprendizajes.. Mario Benavides M. Magister en Tecnología de la Educación Investigador Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de Coquimbo