CARTAS: Mérito y ética devaluados
CARTAS: Mérito y ética devaluados Cuando los jueces y funcionarios públicos obtienen sus puestos por mérito, cuando los profesionales más idóneos forman a las nuevas generaciones, cuando los premios y castigos van a quienes los merecen, entonces las coimas, los gestores, los atajos, los favores y el financiamiento ilegal de la política tienden a desaparecer. La cuestión es por qué estas piezas, claves en la génesis de la corrupción, siguen presentes en la sociedad chilena. La respuesta es simple: nos falta meritocracia. L a sociedad chilena padece una enfermedad crónica y la mayoría de los que la analizan coincide en cuáles podrían ser las posibles etiologías. La diferencia de opiniones radica en los pesos que se les asignan a cada una de estas causas.
Muchos creen que se debe principalmente a la desigual distribución de la riqueza; para otros, el principal problema está en los poderes fácticos que mueven los hilos de la política, y también hay quienes han atribuido el dilema a la falta de instituciones democráticas sólidas. Todos tienen razón, pero ahora -después de los escándalos por los casos Hermosilla y Cubillostambién coinciden en que otro factor clave es la llamada meritocracia. O, mejor dicho, su ausencia en instituciones de alta relevancia para el país, como son la justicia y la educación superior. Este término se originó en 1958 y se refiere al sistema en que los talentosos son elegidos y puestos al frente de organizaciones públicas o privadas por sus logros. En otra definición, meritocracia es liderazgo seleccionado sobre la base de criterios intelectuales. En los países desarrollados, su absoluto basamento en un sistema meritocrático es casi lo único que no está en duda.
Se puede copiar el mejor modelo de educación superior o de justicia del mundo, pero si las personas que deben gestionarlo no fueron elegidas por su capacidad, el modelo no funcionará de forma adecuada, y los servicios serán permeables a las presiones políticas y de otro tipo. Ha quedado en evidencia en el Caso Hermosilla, que involucra a un número cada vez mayor de jueces, fiscales y personeros políticos.
De hecho, nadie discute que la gravedad de las irregularidades que se han conocido sobre tráfico de influencia y pago de favores para obtener altos nombramientos en la judicatura, detonaron una de las peores crisis en la historia de la Corte Suprema desde el retorno de la democracia.
Por otra parte, la reciente polémica en torno al absurdo sueldo de 17 millones de pesos mensuales que recibió durante 2 años la abogada Marcela Cubillos por impartir media jornada de clases, y desarrollar dudosos proyectos de investigación en la Universidad San Sebastián, sin contar con un doctorado o magíster, trasladó también al mundo de la educación superior el debate sobre la meritocracia. La realidad es que más de dos tercios de los académicos de educación superior e investigadores del país que sí tienen estudios de magíster o doctoradoganan menos de 3 millones al mes. Hay decenas de ejemplos en nuestro país y en todo el mundo que confirman que la corrupción es hija dilecta de los sistemas no meritocráticos y madre gestora de aquellos que los adulan. Por contrapartida, la meritocracia se convierte en el arma más efectiva contra la corrupción.
Cuando los jueces y funcionarios públicos obtienen sus puestos por mérito, cuando los profesionales más idóneos forman a las nuevas generaciones, cuando los premios y castigos van a quienes los merecen, entonces las coimas, los gestores, los atajos, los favores y las excepciones tienden a desaparecer. La cuestión es por qué estas piezas, claves en la génesis de la corrupción y el mal servicio, siguen presentes en la sociedad chilena. La respuesta es simple: una abrumadora falta de meritocracia..