Autor: Gloria Millaray Cayupi, werken del linaje Cayupi.
Urgente: suspender la Consulta Indígena y pedir al Presidente Boric un decreto que obligue al próximo Presidente a realizarla
Urgente: suspender la Consulta Indígena y pedir al Presidente Boric un decreto que obligue al próximo Presidente a realizarla omo pueblo Mapuche, Cobservamos con profunda preocupación el proceso de Consulta Indigena convocado por el Gobierno.
Creemos firmemente que, lejos de ser un avance, este apresurado intento contraviene los principios más fundamentales del Convenio 169 de la OIT y pone en grave riesgo la legitimidad de un diálogo que debería ser histórico. Las razones para detener la consulta en su formato actual son claras e irrefutables: -Violación directa del Convenio 169 de la OIT: la consulta debe ser previa, libre, informada y de buena fe. Nada de esto se cumple hoy.
No hay transparencia en la metodologia, los plazos son arbitrarios y las garantias para una participación efectiva brillan por su ausencia. ¿ Cómo podemos hablar de "informada" si no sabemos cómo se hará, ni de "libre" si las condiciones se imponen desde arriba? Contexto electoral: un riesgo inaceptable para la legitimidad: ejecutar esta consulta en pleno periodo electoral es un error critico. La seriedad de un diálogo con los pueblos originarios no puede ser rehén de agendas políticas cortoplacistas. Esto inevitablemente politizará el proceso, restandole credibilidad y confianza, tanto para las comunidades como para la ciudadanía.
Desprecio por el trabajo ya realizado: la Comisión Presidencial ha avanzado significativamente en la identificación de los problemas de la macrozona sur, con la valiosa participación de las comunidades que ya han articulado sus propuestas y visiones. Imponer una consulta mal diseñada ahora es un desaire a ese arduo trabajo y amenaza con borrar de un plumazo todo lo logrado. Si el proceso no se hace bien, años de esfuerzo se perderán. -Irregularidades en la licitación: una licitación pública valorada en aproximadamente mil millones de pesos, destinada a una productora de eventos. El proceso se vio comprometido cuando la UCAI (Unidad de Coordinación de Asuntos Indigenas) solicitó una extensión de siete días en el plazo de postulación para permitir la participación de más oferentes. Sin embargo, esta ampliación de plazo nunca se reflejó en la plataforma de Mercado Pblico, y la licitación se cerró el 30 de marzo, impidiendo la participación de otros interesados. Como resultado, la única empresa adjudicada Ditecsur LTDA, una productora con sede en Santiago.
Lo más preocupante es que Ditecsur LTDA ya había sido beneficiada en años anteriores con una adjudicación de mil novecientos millones de pesos para otra consulta indigena que, según los informes, nunca se llevo a cabo. Esta recurrente adjudicación a la misma empresa bajo circunstancias cuestionables levanta serias sospechas de una licitación "dirigida" y viciada sobre el proceso de consulta. Esto es inaceptable y socava cualquier pretensión de buena fe. Profundización de la desconfianza: La imposición de tiempos y formas desde la élite gubernamental, ignorando las condiciones necesarias para un diálogo genuino, solo profundiza la desconfianza histórica entre el Estado y los pueblos originarios. La consulta no puede ser una formalidad para cumplir un requisito; debe ser un espacio de construcción real. La solución: Un Decreto Presidencial que asegure una Consulta digna: la solución responsable y estratégica no es cancelar la consulta indefinidamente, sino suspenderla en su formato actual y reemplazarla por un Decreto de Aplicación Presidencial. Este decreto debe sentar las bases para una consulta real, que trascienda los periodos de gobierno y garantice.
Un decreto de aplicación le daría al proceso el carácter de una política de Estado, asegurando que, incluso con un cambio de gobierno, la consulta se realice bajo los más altos estándares y con la continuidad necesaria. El decreto debe detallar una metodologia clara, plazos razonables y garantías explícitas para una participación efectiva, informada y consensuada con las comunidades. Es crucial establecer un cronograma realista que permita un diálogo profundo, reflexivo y sin presiones politicas, asegurando que las comunidades tengan el tiempo y los recursos para participar plenamente.
Solo un compromiso de esta magnitud, manifestado a través de un decreto que respete la autonomia y el tiempo de los pueblos, podrá empezar a reconstruir la confianza perdida y abrir el camino para una consulta que sea verdaderamente representativa y efectiva. El actual proceso es una invitación al fracaso y a la profundización de la desconfianza.
Instamos al Presidente a ejercer su liderazgo y emitir un decreto que asegure una consulta indigena que sea un verdadero paso hacia la justicia y el respeto a los derechos de los pueblos originarios de Chile. La historia nos juzgará por la calidad de este diálogo, cos. C Columna