Autor: M. VEGA y C. CARVAJAL

Exjuez Muñoz recurre contra expares y pide informe de Comisión Ética, que podría usarse en tribunales internacionales
Exjuez Muñoz recurre contra expares y pide informe de Comisión Ética, que podría usarse en tribunales internacionales Quien se hubiera dado una vuelta ayer por los pasillos de la Corte Suprema habría visto cómo ministros caminaban con tranquilidad ante la escasa presencia de cámaras y fotógrafos.
Algo completamente distinto a lo ocurrido en las semanas y meses anteriores, cuando era normal ver a los jueces incómodos en medio de una de las mayores crisis que ha vivido el Poder Judicial, a raíz de los casos “WhatsApps” y Audio, así como de la denuncia de la inmobiliaria Fundamenta.
Un escenario que acabó sellando la salida de dos de sus ministros, Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, pero que también significó reproches éticos a los magistrados María Teresa Letelier y Jean Pierre Matus, y la reciente apertura de sumarios contra sus pares Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama, quienes instaron por estas indagatorias, luego que la semana pasada se supiera que intercambiaron mensajes con el penalista Luis Hermosilla, según su hermano y defensor, Juan Pablo.
Los temas de esos chats: nombramientos y causas judiciales, en el caso de Carroza; y causas judiciales, en el de Valderrama. n Informe de Fundamenta: el origenLa Corte Suprema ya había dicho que estaría preparada si aparecían nuevos magistrados asociados a chats con Hermosilla, por lo que estos últimos casos no provocaron gran sorpresa en el segundo piso del Palacio de Tribunales, que alberga al máximo tribunal.
Pero, sí lo hizo que el domingo, cerca de las 23:00 horas, el exjuez Sergio Muñoz, destituido a mediados de octubre por el Congreso, ingresara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dirigido contra prácticamente todo el Pleno.
Algunos supremos pensaron de inmediato que preparaba el camino, recabando antecedentes, para una eventual presentación ante tribunales internacio-Hizo presentación ante la Corte de Santiago que apunta al Pleno del máximo tribunal:“El acceso a conocer los antecedentes y determinaciones que se adoptan en todoprocedimiento respecto de una persona, conforme a las reglas esenciales en un proceso justo, no arbitrario y que cumpla con las garantías del debido proceso, corresponde quesea notificado al afectado”. EXTRACTO DEL RECURSO DE PROTECCIÓN PRESENTADO POR SERGIO MUÑOZme de la Comisión de Ética, relativo a la investigación en su contra.
En concreto, la acción se dirige contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y los ministros Gloria Ana Chevesich, Arturo Prado, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Mario Carroza, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo, Diego Simpértigue, María Soledad Melo, Jessica González y Mireya López.
Fue a fines de julio pasado que la instancia ética abrió una indagatoria a quien fuera el presidente de la Tercera Sala (Constitucional) de la Corte Suprema, luego que la inmobiliaria Fundamenta, representada por el abogado Marco Antonio Fuentes, lo denunciara atribuyéndole anticipar parte de un fallo, cuyo contenido podría tener efectos pa-NOTAtrimoniales para su hija, la jueza Graciel Muñoz. El caso, dada la destitución de Muñoz por el Congreso, quedó archivado, sin embargo, se esperaba que fuera favorable al exjuez.
Es por eso, entre otras razones, que entre algunos de sus excompañeros se piensa que el informe le serviría de insumo si acude a alguna instancia internacional. n Un “acto ilegal” y “arbitrario”Para los abogados de Muñoz, negar el acceso al informe es un acto ilegal, pues “se sustenta en un auto acordado el Acta N 262/2017 a través del cual la Excma.
Corte Suprema actuando fuera de sus competencias y en vulneración de los artículos 6 y 7 de la CPR (Constitución Política de la República) reguló improcedentemente ma-terias de ley, estas son: la reserva o secreto de los actos de los órganos del Estado, infringiendo el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado establecido en el artículo 8 de la CPR”. Y añaden que, “además de ser ilegal, el acto recurrido es arbitrario, dado que el acceso a conocer los antecedentes y determinaciones que se adoptan en todo procedimiento respecto de una persona, conforme a las reglas esenciales en un proceso justo, no arbitrario y que cumpla con las garantías del debido proceso, corresponde que sea notificado al afectado”. Además, se incluye una orden de no innovar para impedir la destrucción del informe, destrucción que debería ocurrir a los tres meses, según la regulación de la Comisión de Ética. Colombara y Díaz indicaron a “El Mercurio” que el motivo para este recurso es que “cualquier persona que ha sido objeto de una investigación tiene derecho a conocer su contenido y resultado.
Se trata del ejercicio de un derecho por un ciudadano”. Si el recurso llega a la Suprema, será difícil su vista, pues tendría que ser revisado por un ministro que no hubiera estado en el Pleno que le negó el acceso al informe o solo por ministros suplentes. La acción de Muñoz se conoció justo el primer día de Gloria Ana Chevesich como presidenta subrogante del máximo tribunal, debido a las vacaciones de Blanco. gio Muñoz. Antes, solo terceros habían ingresado acciones a su favor, cuestionando la decisión del Congreso de destituirlo. nales; otros, que el movimiento parecía un poco tardío.
Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes repre-sentan a Muñoz, recurrieron contra la decisión de sus expares, quienes integrando el Pleno le negaron acceder al infor-. Su abogado dice que solo desea conocer el contenido de la investigación en su contra, pero entre algunos de quienes fueron sus compañeros en la Corte Suprema ven en la acción una eventual preparación con miras a otras gestiones. Hizo presentación ante la Corte de Santiago que apunta al Pleno del máximo tribunal: es la primera acción del propio Ser-