Dominga: Ganar tiempo en la Suprema, la carta que toma fuerza en el Gobierno
Sergio Sáez Fuentes y ma Pérez V. Contrarreloj: El Gobierno tiene 15 días para resolver, mediante el Comité de Ministros, la situación del proyecto minero-portuario Dominga. Esto ocurre luego de que ayer el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anulara la decisión del comité presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en enero de 2023.
El Gobierno, a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que actúa como secretario técnico del comité, tiene el mismo plazo de 15 días para recurrir en casación a la Tercera Sala de la Corte Suprema y ganar tiempo.
Esta sería la estrategia que el Ejecutivo escogería para no zanjar el caso de inmediato. "Hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema”, señaló la ministra del Medio Ambiente en un escueto comunicado. Tras leer el fallo, los expertos sostienen que, en la resolución de 2023 del comité, se abordaron elementos ya analizados y juzgados en 2021.
Según el exfiscal del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Jorge Andrés Cash, el Gobierno quedó atrapado en su compromiso de campaña. "Dada la impericia política para manejar el destino de este proyecto, en el que el Presidente compromete la legitimidad de la decisión del Comité de Ministros en el marco de una promesa de campaña, lo razonable es que el Gobierno interponga un recurso de casación ante la Corte Suprema y mantenga con dignidad institucional", expone Cash. 4 Estrategias y plazos € Durante la mañana, tanto en el ministerio como en el SEA analizaban el fallo.
De acuerdo a fuentes ligadas al proyecto, se espera a que el pleito continué en la Suprema. "La casación es una potencial estrategia para dejar sin efecto el fallo que obliga al Gobierno a resolver de manera imparcial el caso.
Es una forma de ganar tiempo y postergar el caso sin tener que resolver en 15 días, ya que es muy difícil, casiimposible, que el Ejecutivo elabore un discurso en tan corto plazo para seguir rechazando el proyecto por criterios políticos", advierten las fuentes.
Este fallo es un duro revés para el Gobierno, que prometió rechazar Dominga como parte de su campaña, y para los ministros Maisa Rojas (Medio Ambiente) y Nicolás Grau (Economía), quienes impulsan una agenda contra la permisología en el Congreso.
Los exsubsecretarios del Medio Ambiente, Rodrigo Benítez y Felipe Riesco, coinciden en que el Comité de Ministros no podrá estar integrado por quienes ya emitieron su opinión sobre Dominga en enero de 2023, conforme a lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental. “Deberían ser reemplazados por sus subrogantes legales”, sostiene Benítez, es decir, sus subsecretarios. Con la excepción de Aurora Williams, quien no parti pó en esa instancia, ya que asumió como ministra de Minería en agosto de 2023.
Otro aspecto relevante es que el Tribunal Ambiental hizo varios reproches de fondo: “Resolvieron fuera del plazo legal, incumplieron la sentencia dictada por el mismo tribunal en 2021, confirmada por la Supre- $ ma, y no respetaron esa sene tencia como cosa juzgada.
Debían acatar ese fallo, que evaluó correctamente los impactos asociados a las emisiones de material particulado sedimentable, los recursos hídricos, el medio el valor turístico y los efectos sinérgicos entre el proyecto Dominga y el puerto Cruz Grande de CAP”, enumera Benítez.
A juicio de Riesco, este pronunciamiento del Tribunal Ambiental de Antofagasta es grave: "Está señalando que, en términos globales, el Comité de Ministros se arrogó facultades que coresponden a los tribunales y no respetó lo resuelto”. Gremios expectantes El empresariado está atento ala definición que tomará el Gobierno, especialmente tras su discurso contra la permisología. "En el caso de Dominga, que ya lleva 11 años desde su ingreso al SELA, la justicia confirma que cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental. Por eso, esperamos que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho”, expresó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mewes. En la misma línea, el presidente de la Sonami, Jorge Riesco, pidió que se cumpla lo determinado por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. “Hacemos un llamado a las autoridades a cumplir prontamente lo resuelto.
Junto con establecer un plazo de 15 días para volver a pronunciarse, esta sentencia da la opción al Comité de Minis tros de ajustarse a los antecedentes y ratificar el permiso al proyecto Dominga”, afirmó Riesco.