Autor: JOAQUÍN MORALES SOLÁ
Columnas de Opinión: Un grave retroceso en la libertad
PASÓ DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS. Delas insistentes ofensasverbales a la firma de undecreto restrictivo de lalibertad. Avanzó de lla-marles “ensobrados” atodos los periodistas, que no sean desde ya fa-náticos seguidores su-yos, a recortarles a talesparte significativa de la información pú-blica. Digámoslo de una buena vez: JavierMilei tiene un discurso peligrosamenteviolento con los periodistas, pero no solocon los periodistas, que pone en riesgo lapaz social, cuya preservación es la prime-ra obligación de un presidente. A esemandatario que ya conocíamos, se leagregó el lunes el jefe del Estado capaz defirmar un decreto inconstitucional que li-mita los alcances de la Ley de Acceso a laInformación Pública. Es inconstitucionalpor el simple hecho de que un decreto nopuede restringir los márgenes estableci-dos por una ley. Esa ley de acceso a la in-formación sirvió para que el periodismoconociera o confirmara informaciónvaliosa sobre la corrupción política o so-bre el trasiego de personas por los edifi-cios que ocupan los presidentes.
Sin esaley, la sociedad no hubiera podido cono-cer nunca el listado de personas que in-gresaron a la residencia presidencial deOlivos durante la gestión de Alberto Fer-nández ni, por lo tanto, la cantidad de su-puestas “novias” del entonces primermandatario.
Es cierto que los periodistas más expe-rimentados en la investigación tienenfuentes suficientes como para arreglárse-las sin esa ley, pero también es verdaderoque aún a ellos la ley les sirve como res-paldo de la información que consiguenpor su propia cuenta. Milei introdujo, porun mero decreto, fundamentalmente dosmodificaciones a la Ley de Acceso a la In-formación Pública. Por un lado, redefinelo que es información pública y señalaque no lo es la vida privada de los gober-nantes.
Milei está ofuscado cuándono porque un periodista pidió conocer, haciendo uso de la ley de acceso a la infor-mación, los gastos de recursos estatalesque significó la construcción de caniles enOlivos para los perros del Presidente. formación Pública, tal como la conoce-mos ahora, fue una iniciativa del gobier-no de Mauricio Macri en 2016.
El autor deesa ley fue Eduardo Bertoni, director de laAgencia de Acceso a la Información du-rante la gestión de Macri y ex relator es-pecial para la Libertad de Expresión de laComisión Interamericana de DerechosHumanos (CIDH). Bertoni regresó des-pués a EE.UU., donde había vivido cuan-do era relator de la CIDH. “Es una de ladecisiones de mi gobierno de las que másorgulloso me siento”, señaló Macri variasveces, y ponderó que esa ley le permitió alpaís ascender muchos peldaños en el ran-king mundial de transparencia. Tambiénacercó a la Argentina a la posibilidad deingresar a la prestigiosa OCDE (Organi-zación para la Cooperación y el Desarro-llo Económico), un club exclusivo de solo38 países con requisitos muy estrictos pa-ra ser parte de él. Luego, el gobierno deAlberto Fernández se alejó de la OCDE yprefirió solicitar el ingreso de la Argenti-na a los Brics, una organización fundadarecientemente por China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Milei retornó a la polí-tica de Macri y accedió a cumplir con to-dos los requisitos de la OCDE; no le inte-resan, en cambio, los BRICS. El acceso a lainformación pública es un requisito de laOCDE para ser miembro de la organiza-ción. Mala noticia para el Presidente.
LA SEGUNDA MODIFICACIÓN FUNDAMEN-TAL DE MILEI ALA LEY DE ACCESO ALAIN-FORMACIÓN PÚBLICA REDEFINE LO QUEES UN DOCUMENTO ESTATAL; señala queno lo son las deliberaciones previas de losfuncionarios ni los papeles de trabajo quepreceden a la elaboración definitiva de undocumento. ¿Por qué no? ¿ Acaso la histo-ria no se escribe también con esos frag-mentos de lo que sucedió mientras se ela-boraba un documento? El decreto tienevarias modificaciones más a la letra y elespíritu de la ley. Es un decreto reglamen-tario de la ley y es más restrictivo que es-ta; altera la ley y, por lo tanto, es inconsti-tucional según la jurisprudencia de laCorte Suprema. El Presidente también se regodeó conuna amenaza explícita al periodismocuando anticipó que le pediría al Congre-so una ley para que los periodistas seanconsiderados personas políticamente ex-puestas. Un absurdo. Esta calificación lescabe solo a los funcionarios de los tres po-deres del Estado Ejecutivo, Legislativoy Judicial, incluidos diplomáticos, milita-ESSERPECNARFres y funcionarios de universidades y asus familiares directos. Se considera así alas personas que por su posición en el Es-tado son más susceptibles de recibir so-bornos o de perpetrar actos de corrupcióncon los recursos públicos.
Pero el aspectomás grave de la declaración de Milei con-siste en que adelantó, sin averiguar nadani argumentar nada, que sometería a losperiodistas de esa manera al “escarniopúblico”. Según la Real Academia Espa-ñola, escarnio significa “burla tenaz quese hace con el propósito de afrentar”. Ensíntesis, el Presidente considera que laprofesión de periodista por sí sola es co-rrupta y que merece el escarnio. Violenciaverbal, pura y dura. Pero ¿ y sus amigosperiodistas? ¿ O no los considera periodis-tas? La amenaza no distinguió entre losperiodistas amigos y los periodistas críti-cos o independientes. También les pidió a los editores de LaNación que expliquen por qué se oponena la designación del juez federal Ariel Lijocomo miembro de la Corte Suprema deJusticia. Cumpliendo con la función de“esbirro” (“persona que sigue servilmen-te a otra por dinero o por interés”, segúnla Real Academia Española), debe seña-larse que no existe una cuestión personalcon Lijo como para dar tales explicacio-nes. Las objeciones a Lijo son de índolemoral, ética y hasta intelectual carecede las condiciones indispensables paraser juez de la Corte Suprema y se hanpublicado en el diario en muchos edito-riales, columnas y notas. No es un secretopor qué La Nación está en desacuerdocon la postulación de Lijo, salvo, segúnparece, para Milei. EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL PRESIDEN-TE ES QUE LIJO SE CONVIRTIÓ EN UNASUNTO PÚBLICO QUE LES INTERESA CA-DA VEZ A MÁS SECTORES SOCIALES.
Esprobable que Milei esté malhumoradoporque la candidatura de Lijo se atascó enel Senado; Lijo parece ya un capricho pre-sidencial después de que Macri, el sena-dor Luis Juez (que frecuenta a Milei) y losradicales amigos, por ejemplo, tomarandistancia de la postulación del juez.
Endespachos de la Corte Suprema se subra-yó que sus miembros están preparadospara lidiar con un tribunal supremo deapenas tres miembros; eso sucedería des-pués de diciembre, cuando se haya jubila-do Juan Carlos Maqueda, el actual decanode los miembros de la Corte, y si el gobier-no no logra antes el acuerdo senatorialpara Lijo.
Diez días después de que Lijoexpusiera en una audiencia pública antela Comisión de Acuerdos del Senado, estano solo no firmó el dictamen, indispensa-ble para que el pliego de Lijo llegue al ple-nario, sino que el oficialismo logró apenastres firmas de los integrantes de la comi-sión; necesita por lo menos nueve firmasde los 17 miembros que integran esa co-misión. Ese es el mejor síntoma del retro-ceso de la candidatura de Lijo.
SIN EMBARGO, NADIE EN LA POLÍTICADESCARTA QUE SE DECIDA UN RITMO MÁSACELERADO PARA LAS NEGOCIACIONESENTRE EL GOBIERNO DE MILEI Y CRISTINAKIRCHNER, que llevan a cabo los delega-dos Eduardo “Wado” de Pedro, en nom-bre de Cristina, y Santiago Caputo, el po-deroso asesor de Milei en nombre de este.
Caputo habría inspirado, al menos, el de-creto de Milei que limitó la Ley de Accesoa la Información Pública; su elaboraciónestuvo a cargo de María IbarzábalMurphy, secretaria de Planeamiento Es-tratégico y persona de confianza políticadel Caputo asesor. No hay remedio: el se-cretismo y la oscuridad informativa delkirchnerismo son contagiosos.
En esasnegociaciones se hablaría de la amplia-ción de la Corte Suprema para sumar dosjueces más para que ingresen mujeres acambio del acuerdo del kirchnerismo pa-ra Lijo y para Manuel García-Mansilla, quien no tuvo hasta ahora ninguna obje-ción profesional seria. La ampliación de la Corte es una preo-cupación especial de los actuales juecesdel máximo tribunal del país. Sospechanque Cristina Kirchner podría darse un lu-jo que le fue negado durante sus ochoaños de presidenta: nombrar a un juez dela Corte Suprema. Su candidata sería laexsenadora María de los Ángeles Sac-num, una cristinista desde antes del cristi-nismo. Una negociación paralela, con losmismos negociadores, se refiere a las ter-nas para cubrir más de 140 cargos de jue-ces federales y nacionales que están enpoder de Milei. “Nada bueno puede salirde ahí”, se resignó un opositor amigablede Milei cuando se le desplegaron las ne-gociaciones en marcha.
Nada bueno de-para tampoco un presidente que asiste ala celebración del Día de la Industria, en lasede de la Unión Industrial Argentina, yse ocupa obsesivamente en golpear sobrela vieja fractura, curada hace mucho tiem-po, entre la industria y el campo. Un sol-dado en busca de la batalla perpetua. que se considera documento oficial.
Puede ser que él considere a esos detallesuna información “doméstica” relevante, como la llamó, pero un episodio aisladono debería significar una regresión parauna importante conquista de la sociedadargentina, como fue aquella ley de accesoa la información. Los periodistas no tra-bajan para comentar entre amigos en elcafé de la esquina la información que con-siguen, sino para publicarla y llevarla alconocimiento público. Además, no sonsolo los periodistas los que pueden haceruso de esa ley; cualquier argentino, sin nisiquiera acreditar las razones ni contarcon un abogado, puede reclamar infor-mación sobre los actos del Estado. EL DECRETO DE MILEI TERMINARÁ TAM-BIÉN PROMOVIENDO UNA NUEVA DISTAN-CIA CON EL PRO. La Ley de Acceso a la In-. { OPINIÓN } modificó también la definición de lo “esbirros” el derecho de acceder a una