Autor: JUAN MARCOS HENRíQUEz, DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS

Más claro que echarle agua
Más claro que echarle agua Como una derivada del Caso Audios que investiga la relación delictual entre figuras políticas y el abogado Luis Hermosilla, se han denunciado posibles anomalías en la contratación de académicos ligados a la derecha política en la Universidad San Sebastián (USS). Llamó especialmente la atención el sueldo de 17 millones mensuales por media jornada de la ex ministra de Educación Marcela Cubillos.
El periodo de contratación se extendió por casi 4 años e incluyó los tiempos en que Cubillos fue candidata, redactaba la constitución y vivió en Madrid. ¿en que momento trabajaba 4 horas diarias? ¿ hay evidencias de sus cátedras? ¿ su obra realizada cumple los mínimos estándares académicos? Dudas que han llevado a sospechar el financiamiento irregular de políticos de derecha en la institución de educación.
Casi sin arrugarse Marcela Cubillos se defiende asegurando que criticar su sueldo “Es un ataque a la libertad”, insistiendo en la tesis que las universidades privadas tienen el derecho y la libertad para fijar su política de remuneraciones. Con la misma cara de posaderas asegura que su calidad académica y su aporte a la Universidad justifican su sueldo. Si una académica no entiende la relación entre libertad y ética, entre sueldo y mercado, entre currículo y designaciones, la verdad es que hace aún más impresentable su contrato en la USS. Uno debe concluir que Cubillos o tiene tan dañada su escala de valores o es tan egocéntrica que jamás reconocerá sus faltas. Quizás por eso intenta tergiversar el concepto de libertad o de justificar los cuestionamientos públicos y transversales como un invento de la izquierda. Discutir sobre los méritos curriculares de la señora Cubillos en realidad no tiene sentido. Se resumen en que es abogada y tiene una carrera como política que la ha hecho ocupar diversos cargos públicos.
Sin embargo, si se debe dejar claro que los méritos de los académicos son producto de sus cátedras evaluadas, sus grados de perfeccionamiento, publicaciones en revistas indexadas y con alto impacto, el desarrollo de proyectos generalmente concursados o su participación en cargos directivos, todos los cuales son reconocidos por sus pares. Todo lo anterior conduce a remuneraciones que se justifican en base a criterios objetivos y medibles. El silencio prolongado de la Universidad San Sebastián (USS) llama profundamente la atención, ya que las repercusiones podrían ser serias para la Institución. Las USS debe darle explicaciones claras a su comunidad sobre su política de contratación, los sueldos y la vinculación con actores políticos. Es legítimo que sus alumnos se sientan estafados considerando que se requiere el pago mensual de 30 estudiantes de derecho para pagarle el sueldo de media jornada de la señora Cubillos. En relación a la única declaración, es impresentable que su rector no sólo justifique los altos sueldos, sino que además amenace con demandas a quienes han expuesto los hechos. Hasta ahora nada se ha dicho por la contratación de casi una veintena de ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, lo que hace sospechar sobre un financiamiento ilegal de la derecha política. Sobre los márgenes éticos la USS hasta ahora guarda absoluto silencio. Sobre explicar la abultada contratación de funcionarios del Piñerismo nada se dice. Sobre transparentar las funciones y asistencia a cátedras de los académicos cuestionados la USS opta por no declarar nada. Sobre si están comprometidos dineros públicos de los 37.000 millones de pesos que recibe por concepto de becas fiscales hay sólo omisión por parte de la USS. Lo cierto es que más claro es echarle agua. Esto se ve y huele mal. Es evidente que la Universidad San Sebastián servía de “refugio” para políticos de derecha, pagando sueldos desproporcionados para la educación superior. Ante el millonario aporte del Estado en la USS para becas es indispensable mayor regulación y trasparencia y que estás exigencias sean iguales entre públicas y privadas. Si a la derecha le avergüenza y rechaza los hechos denunciados debería sumarse y colaborar en legislar para evitar estas irregularidades en el futuro en todas las instituciones de educación que reciban fondos públicos..