El caso Lava Jato entra en etapas finales en Perú con la inminente sentencia a Toledo
El caso Lava Jato entra en etapas finales en Perú con la inminente sentencia a Toledo L uego de ocho años de investigaciones, la arista peruana del caso Lava Jato, el escándalo de corrupción protagonizado por Odebrecht y otras constructoras brasileñas que pagaron sobornos a cambio de concesiones, entró en etapas finales con el cierre del juicio oral contra el expresidente Alejandro Toledo (20012006), quien esta semana dio su última declaración ante el tribunal y se espera sea sentenciado tan pronto como el 22 de octubre.
Será la primera sentencia contra un exjefe de Estado en esta causa, por la cual han sido acusadas 20 personas en Perú, entre ellas los exmandatarios Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (20162018) y Martín Vizcarra (20162018) --además de Alan García, quien se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido--, así como importantes dirigentes políticos, como la exalcaldesa de Lima Susana Villagrán y la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
El fiscal Rafael Vela, quien desde 2018 dirige el Equipo Especial Lava Jato en el Ministerio Público, dice en conversación con "El Mercurio" que ha sido una investigación "muy compleja" en la que ellos han estado "sujetos permanentemente a ataques de sectores interesados y que son afectados por el caso Lava Jato, que es ciertamente transversal a la política". "Eso nos ha puesto en una línea de tiro directa de todos estos sectores de poder, que buscan afectarnos", asegura el procurador, quien el año pasado fue removido ilegalmente y luego repuesto en su cargo tras una demanda de amparo, en medio de otro escándalo que involucraba a la ahora destituida fiscal general Patricia Benavides. "Acá estamos permanentemente bajo ataque, y tenemos muchas veces que soportar injustamente todas las campañas de descrédito, de difamación y de afectar nuestra autonomía como fiscales. Pero siempre con la clara determinación de que hemos cumplido con nuestro deber", agrega Vela. El punto de partida del escándalo El caso de Toledo es el punto de partida de toda la investigación.
El expresidente es acusado de pactar con Odebrecht el pago de sobornos por US$ 35 millones a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, por los que la fiscalía pide 35 años de cárcel, así como por lavado de activos en el llamado caso Ecoteva, por el cual se piden 16 años de prisión.
El pago de coimas fue acreditado en el juicio por los testimonios de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, quien en 2016 lo delató como parte de un acuerdo de colaboración eficaz, así como por un amigo de Toledo, el empresario Josef Maiman, quien hizo de intermediario en este esquema de corrupción y confesó antes de fallecer, lo que ayudó a destapar la ruta del dinero. "Todo el caso Lava Jato debuta en Perú con la información que revela Barata sobre Toledo", recuerda Vela, quien destaca que por entonces la colaboración eficaz "era una figura totalmente nueva" en el país y "hubo que crear un marco jurídico" que permitiera también a las empresas "arrepentirse" para acogerse a beneficios, como ya ocurría en EE.UU. o Brasil.
El fiscal no descarta que la corrupción de Odebrecht haya comenzado antes que el gobierno de Toledo, pero su llegada al poder y el crecimiento económico peruano facilitaron sus acciones. "Estas obras faraónicas se pudieron hacer a razón de que había una mejora sensible de la economía.
Odebrecht tiene un crecimiento exponencial en el gobierno de Toledo, porque se da cuenta de que hay mucha obra pública que se estaba ejecutando producto de cierta bonanza económica (... ). Y lo hacen con la convicción de que su inversión no era una inversión vacía, porque ya tenían el contacto", dice.
Según Vela, "en términos de pagos de sobornos, los de Toledo fueron los más altos que se han demostrado" en todo el caso Lava Jato, y "se pagaron progresivamente en el tiempo, incluso hasta el año 2010", ya terminado su gobierno. "Para el Ministerio Público no hay ninguna duda de que ese dinero llegó a poder de Toledo y efectivamente fueron más de US$ 30 millones", afirma.
La prueba de la extradición El expediente específico de Toledo ha sido clave, además, por una cuestión de garantías procesales: el expresidente huyó a EE.UU., donde fue arrestado en 2019 --seis años después de su salida de Perú-por mandato de extradición, la que finalmente se otorgó en 2022. "La importancia del caso de Toledo es que se ha convencido a un sistema de justicia distinto al peruano de que se le han respetado todos sus derechos escrupulosamente, y que toda la evidencia que el Perú aportó en el proceso de extradición es evidencia legal obtenida de acuerdo a estándares ya no del Perú, sino también de Estados Unidos. Dos sistemas de justicia han analizado la abrumadora evidencia y concluido que el señor Toledo no es un perseguido político.
Y para nosotros, como Equipo Especial del caso Lava Jato en Perú, es también un espaldarazo", señala Vela, quien resalta que el sistema de justicia estadounidense es "altamente garantista". Todo esto ha ayudado también a la velocidad del juicio.
Toledo ingresó a prisión preventiva en el penal de Babardillo en abril de 2023, en octubre se instaló el juicio oral y desde entonces se han realizado audiencias casi a diario, por lo que se dictará sentencia antes de que expiren los 18 meses de la medida cautelar. Si es hallado culpable, será el primer expresidente peruano en ser condenado después de Alberto Fujimori.
Pero muy posiblemente no sea el único. "Nosotros estimamos que el fallo de Toledo no solamente va a producir un envión importante respecto a lo que significa el respeto por los derechos fundamentales, sino que además también va a determinar un precedente importante para el resto de casos que se vienen juzgando", señala Vela, tras explicar el estado avanzado de los procesos judiciales contra Humala, Kuczynski y Vizcarra (ver recuadro). "Ahora estamos empeñados en que existan las gestiones del Poder Judicial para agilizar todos estos casos", dice el fiscal, quien ya está acostumbrado a las presiones: "Hemos llevado a juicio a personajes de más alto perfil político y al empresariado también, y eso genera múltiples reacciones, ¿no? (... ). A pesar de todas las oposiciones que tenemos que soportar hasta el día de hoy, de todo lo que el dinero puede pagar --porque las mejores defensas legales están litigando contra nosotros--, tenemos nuestra determinación intacta de que hemos hecho lo correcto". Tras ocho años de investigaciones, las principales aristas llegan a instancias decisivas en tribunales: El caso Lava Jato entra en etapas finales en Perú con la inminente sentencia a Toledo JEAN PALOU EGOAGUIRRE El fiscal Rafael Vela, jefe del equipo especial del caso, relata a "El Mercurio" sus expectativas frente a la conclusión del primer juicio sobre el escándalo que ha remecido a la política peruana. ALEJANDRO TOLEDO dio su última declaración ante la justicia por el caso Lava Jato esta semana, y se espera que sea sentenciado en los próximos días. EFE En mayo de 2016, el entonces congresista Juan Pari firmó en solitario un informe de 650 páginas: el primer reporte oficial del Congreso del caso Lava Jato en Perú.
Pari presidió la primera comisión oficial en investigar el caso. "Toledo firmó los contratos, pero dejó la válvula abierta para que gobiernos posteriores hicieran ese mismo conjunto de situaciones", asegura. "Se terminó institucionalizando este sistema de corrupción.
Lo que he podido ver es que las cosas se hicieron a manera de postas: un gobierno firmaba un contrato y dejaba la válvula abierta para que el otro siga el mecanismo", dice a "El Mercurio" el autor del libro "Estado corrupto.
Los mega proyectos del caso Lava Jato en Perú". Pari destaca que en Perú "hay una crisis política, pero también una crisis moral dentro de los partidos" que se refleja en el impacto del caso Lava Jato, "que muestra las miserias de nuestra política nacional". n Crisis política y moral Alan García: Se suicidó en 2019 cuando iba a ser llevado a prisión preventiva, pero continúa la investigación en contra de funcionarios de su gobierno por la construcción del Metro de Lima.
Ollanta Humala: Tras estar en prisión preventiva en 2017, y luego de dos años y medio de juicio, pasará a etapa de declaración de acusados en un caso de financiamiento ilegal de sus campañas de 2006 y 2011. Arriesga 20 años de cárcel. Pedro Pablo Kuczynski: Es investigado por supuestos pagos de Odebrecht y lavado de activos cuando fue ministro de Economía de Toledo. Cumplió arresto domiciliario y su caso está en etapa de control de acusación. Martín Vizcarra: Está por comenzar el juicio oral por presuntamente haber recibido coimas de empresas relacionadas al "Club de la Construcción" cuando fue ministro de Transportes. n Los otros procesos.