Nuevas tensiones, nuevos desafíos
Nuevas tensiones, nuevos desafíos a sociedad chilena ha experimentado profundos cambios en la última década, como se puede observar en las diferentes investigaciones cuyo objetivo es auscultar las tendencias, percepciones y preocupaciones de la ciudadanía. Entre ellas, la Encuesta Bicentenario, realizada por la Universidad Católica y GfK Adimark, ha aportado, en sus trece años de realización, datos confiables cuya evolución permite constatar las variadas transformaciones sociales en curso. Sus números dan cuenta de una mirada realista por parte de las personas respecto de la capacidad del país para superar sus problemas.
Así, por ejemplo, más del 40 por ciento de los consultados considera que el bienestar es una responsabilidad personal, pero en un escenario donde el Estado entregue garantías de igualdad y distribución equitativa de los ingresos.
En los más de diez años de registro, se observa un alza en alrededor de 20 puntos en la satisfacción de los chilenos con su vida personal, en comparación con la situación que vivieron sus padres, tanto en aquellos aspectos que se refieren a las condiciones materiales —es decir, los ingresos, la vivienda y el trabajo— como en aquellos vinculados con la calidad de vida familiar y el tiempo libre, evidenciando una acelerada movilidad social, que se ha plasmado en una amplia clase media, con nuevas exigencias, demandas y anhelos. La visión positiva que entrega el estudio se ve matizada por la presencia de nuevas tensiones y temores derivados de los cambios propios de una sociedad que transita hacia el progreso en un mundo globalizado. Uno de los fenómenos que destacan en el análisis de los datos es la persistencia de la percepción de conflictividad, la que si bien ha disminuido, permanece en niveles altos en ciertos focos.
La ciudadanía cree que aquellos conflictos propios de las sociedades industrializadas, como los relativos a las relaciones entre trabajadores y empresarios, y entre ricos y pobres, han disminuido, mientras que otros, como la cuestión mapuche, se mantienen —el 80 por ciento piensa que existe un gran conflicto—, al tiempo que la relación entre los chilenos y los inmigrantes comienza a emerger como un problema mayor.
El acelerado aumento de la inmigración —en tres años se triplicó la proporción de inmigrantes en relación con el total de la población del país— ha aumentado la inquietud, especialmente en el nivel socioeconómico bajo, en cuanto a los efectos que ella puede significar para el empleo y la mayor presión en los servicios básicos.
De acuerdo con la experiencia comparada, el país ha superado, en un corto lapso, el porcentaje de inmigrantes que, en general, las sociedades absorben sin generar mayores aprensiones, lo que demanda políticas eficaces para enfrentar el impacto del proceso migratorio.
La normativa recientemente aprobada por la Cámara de Diputados se ve como un paso positivo en el camino de la normalización, la que debiera luego complementarse con procesos de integración, de manera de aplacar temores infundados que puedan ser alimentados por liderazgos populistas disruptivos. Surgimiento de nuevas preocupaciones y tensiones sociales obliga a respuestas innovadoras, las que no siempre son asumidas por la agenda política, omisión que deriva en un distanciamiento de la ciudadanía respecto de sus representantes.
Ello puede resultar de la mayor gravedad en un escenario donde el nivel de confianza institucional es mínimo; en efecto, en la Encuesta Bicentenario, las Fuerzas Armadas figuran con el mayor porcentaje de confianza, el que sin embargo apenas se empina al 18 por ciento, mientras que las demás instituciones encuestadas no alcanzan los dos dígitos.
El punto es preocupante: entre los desafíos que imponen los vertiginosos cambios experimentados por la sociedad chilena, uno central es precisamente el de contar con instituciones confiables, que puedan responder a las preocupaciones actuales de una ciudadanía expectante de un futuro de mayor progreso integral. El surgimiento de nuevas preocupaciones y tensiones sociales obliga a respuestas innovadoras, no siempre asumidas por la agenda política.
