Autor: Gian Franco Giovines D. gian.giovinesomercuriovalpo.cl

Crece tensión en toma de Lajarilla: Corte fijó desalojo para el sábado
Crece tensión en toma de Lajarilla: Corte fijó desalojo para el sábado SEBASTÍAN RÍOS/AGENCIA UNOC del Mar.
Este lunes, habitantes de la toma Edén, en Lajarilla, Reñaca Alto, anunciaron la presentación de dos acciones judiciales contra el propietario del terreno, José Massú: una porla vía civil, en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y otra por la vía penal, en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto.
No obstante, pese alas presiones judiciales contrael propietario, estemismo lunesla Corte de Apelacionesratificó su postura y dio como plazo perentorio el sábado22 de febrero, a las 10.00 ho-ras, parala ejecución del lanzamiento de las 90 familias “con auxilio dela fuerza pública”. Con consignas como “¡ No al desalojo! ” y “¡ Massú, queremos negociar! ”, cerca de 80 habitantes de la toma en Lajarillase manifestaron enel frontis de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lugar donde expresaronsurechazo alaorden de lanzamiento emanada por la Corte Suprema en noviembre de 2022, que, sin embargo, ha sido largamente dilatada, ya seacon recursosjudiciales presentados por parte de los ocuo aplazamientos solicipantes, tados por Carabineros y la Municipalidad de Viña del Mar. Enla convocatoria, el abogado Gustavo Burgos, representante de las 450 personas que actualmente habitan la toma, anunció la presentación de dos acciones judiciales. RECURSO DE PROTECCIÓN En primer lugar, el jurista comunicó que se cursará un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Esto, por cuanto, asu juicio, laresolución de la Corte Suprema “tiene un problema material, y es la circunstancia de que se desconoce quiénes son“La resolución que ha adoptado y que ordena el desalojo, si bien en la apariencia esunaresolución judicial, materialmente es un atentado alos derechos humanos”. Gustavo Burgos Abogado deocupantes las personas que están afectadas por esta resolución”. En estesentido, argumenta quelamayor parte delos habitantes llegaron al lugar con posterioridad ala presentación del recurso de protección presentado por parte del propieta-rio, José Massú, en 2022.
En esta línea, el abogado sostiene que el recursojudicial de Massú “no podría provocar efecto respecto de personas queno fueron parte en eljuicio y no fueron imputadas por el recurso”, por lo que, arguye, no pudieron hacer valer sus derechosantela justicia. Otro argumento presentado por Burgos es que las auto-“Aquí no queremos que nadie nosregale nada.
El llamado es muy claro: queremos que los poderes públicos sean mediadores ante el privado para negociar”. Carlos Calixtro Habitantede toma en Lajarillaridades no han asegurado albergues permanentes alos pobladores, por lo que, en caso de un lanzamiento, las 90 familias quedarían en lacalle, incluyendo a 80 menores de edad.
Deahíque el abogado califica el desalojo ordenado por la Suprema y programado para el 22 de febrero como un acto “violatorio” y “un atentado a los derechos humanos”. “Hay más de 80 menores de edad, hay personas de edad avanzada, discapacitada, para los cualesno existe ningunaalternativa institucional para resolverel problema de vivienda queensus propias manos han tomado estos pobladores”, planteó Burgos, quien acusó a las autoridades de “indolentes”, por no abordar la emergencia social dela toma, que según Carabineros está compuesta en un 60% por personas procedentes de Venezuela; en un20% de Haití y Perú, y en un 20% por chilenos. QUERELLA POR ESTAFASinembargo, la ofensiva delos ocupantesno se limitó al recurso de protección, sino que también se anunció la presentación de una querella criminal por eldelito de estafa contra el propio José Massú.
Según sostuvo el abogado Burgos, Massú, en una asamblea con los pobladores, habría pactado un acuerdo verbal, autorizándolosa ocupar una porción de sus terrenos, con el compromiso de que estos se instalarían en un sector limitado y que, asu vez, se encargarían de evitar usurpaciones másallá de esos límites. “Muchos pobladores, nola totalidad, inclusive, efectuaron pagos no menores, superiores al millón de pesos por la insta-lación en ese lugar”, añade el abogado querellante. Sin embargo, este acuerdo no habría sido respetado por Massú, quien en marzo de 2022 presentó un recurso de protección, denunciando la usurpación del predio. “No resulta baladí que alguien acuerde con los pobladores la instalación de los grupos enun lugar determinado, y un par de semanas después presente una acción, reclamando una usurpación. Eso tiene características de una estafa, de un fraude”, apuntó Burgos. En tanto, Carlos Calixtro, habitante de la toma en Lajarilla, enfatizó que el clamor de los pobladores es negociar con Massú. “Aquí no queremos que nadie nos regale nada, como no nos han regalado ni un tornillo ni una cercha. El llamado es muy claro: queremos que los poderes públicos sean mediadores ante el privado para negociar”, puntualizó. Incluso, Calixtro aseguró que fue presentada una oferta económica al abogado de José Massú, Waldo del Villar, la que aún no ha sido respondida por parte del propietario.
NEGOCIACIONES CON LA DPR Según pudo conocer El Mercurio de Valparaíso, luego de manifestarse en las calles del Puerto, pobladores de la toma en Lajarilla mantienen negociaciones de última hora con la Delegación, luego de una reunión sostenida conel no Riquelme, donde seacordó pausar las acciones judiciales por 24horas, alaesperadeuna respuesta dela autoridad. “Hemos detenidolasaccionesa la espera de un cambio enla voluntad delos actores”, explica Burgos. “Tuvimos una reunión con el delegado y hay una posibilidad de dialogar. Estamos conteniendo por ahora las acciones. Máximo hasta mañana (hoy)”, sentenció. (8 delegado Yani-. Reñaca arto. Habitantes anunciaron una querella por estafa contra el dueño del terreno. Abogado sostiene que el lanzamiento sería “un atentado” a los DD.HH. h 80 NIÑOS VIVEN EN LA TOMA ILEGAL. OCUPANTES PIDEN NEGOCIAR LA COMPRA DEL TERRENO DE JOSÉ MASSÚ.