Editorial: ¿Quién cuida al que cuida?
Editorial: ¿ Quién cuida al que cuida? La realidad que enfrentan los trabajadores institucional que no admite dilaciones.
El de la salud en la Región de Aysén, y que se compromiso recientemente adquirido para fijar medidas preventivas junto a los gremios debe traducirse en acciones concretas y no quedarse en meras declaraciones de buenas intenciones. replica con preocupante frecuencia en el resto del país, ha dejado de ser una serie de incidentes aislados para convertirse en una crisis de seguridad sistémica. Las recientes denuncias emanadas desde el Hospital de Puerto Aysén, protagonizadas por gremios como la Fenats, Fentess y Fenpruss, revelan un escenario de violencia verbal, psicológica y física continuada que resulta simplemente intolerable. En el corazón de esta problemática se encuentra la Unidad de Hospitalización de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (UHCIP) y el servicio de Pediatría. Allí, el personal de enfermería y técnicos se ven expuestos a episodios de "desregulación conductual" que terminan en agresiones directas y daños a la infraestructura asistencial. Lo que está en juego no es solo la integridad física de los funcionarios, sino la calidad misma del sistema público.
Como bien señalan los trabajadores, cada acto de violencia implica un desvío de recursos humanos, la interrupción de tratamientos y un aumento del riesgo clínico, vulnerando el derecho de todos los pacientes a una atención digna y segura.
Es imperativo que las autoridades del Servicio de Salud Aysén y el Ministerio de Salud a nivel nacional comprendan que la protección de los equipos de salud es una prioridad El destino de los recursos debe ser una señal política clara. No basta con lamentar los hechos; se requiere la implementación de protocolos obligatorios de protección que cuenten con la participación de seguridad institucional y fuerzas del orden. Es urgente destinar recursos para capacitaciones especializadas, apoyo psicosocial para el personal agredido y el fortalecimiento de mecanismos de reporte efectivos. Asimismo, la aplicación de la ley es fundamental.
Las autoridades deben asegurar que, cuando los agresores sean adolescentes entre 14 y 17 años, se active la Responsabilidad Penal Adolescente (Ley Nº 20.084 ), y en casos de menores de 14, se coordine efectivamente con los Tribunales de Familia y el Servicio de Protección de la Niñez.
La normalización de la violencia en los recintos hospitalarios es un síntoma de abandono estatal que debe revertirse con inversión, gestión y una voluntad férrea de proteger a quienes, día a día, sostienen la salud pública en las condiciones más complejas. La salud de la población no puede garantizarse si quienes la proveen deben trabajar con miedo..