Cartas: CARTAS
Cartas: CARTAS Señora Directora: El parto prematuro, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se refiere a aquellos embarazos que finalizan antes de las 37 semanas de gestación. Este fenómeno se asocia con altas tasas de mortalidad y morbilidad neonatal, así como a consecuencias a largo plazo que pueden extenderse hasta la adultez. Por ello, se considera un importante problema de salud pública.
A nivel global, la prevalencia del parto prematuro se aproxima al 10%. En Chile, el año 2021, el 9,49% de los nacimientos correspondieron a partos prematuros, de los cuales un 1,4% fueron bebés nacidos con menos de 32 semanas de gestación. Sin embargo, surge la pregunta: ¿ Qué implica nacer prematuramente en nuestro país? En este aspecto, no tenemos nada que envidiar a las unidades de neonatología de naciones desarrolladas. Chile ha implementado diversas estrategias que han favorecido la reducción de estas tasas. Destacan el Programa Nacional de Seguimiento del Recién Nacido Prematuro, el uso de surfactante exóge-no, avances en técnicas de ventilación mecánica y la formación continua del personal de salud que atiende a estos pacientes.
Además, se han desarrollado guías clínicas para manejar condiciones de salud que afectan a esta población, muchas de las cuales están incluidas en las Garantías Explícitas en Salud (GES), como la displasia broncopulmonar, la retinopatía del prematuro y la hipoacusia neurosensorial. No obstante, el verdadero desafío radica en garantizar la salud y el bienestar de estos niños en el futuro. A pesar de los avances tecnológicos y de la mayor tasa de sobrevivencia, las implicancias en la calidad de vida a largo plazo son significativas. Es aquí donde deben enfocarse los cuidados e intervenciones, para minimizar los costos asociados a la atención médica y facilitar la integración de estos futuros adultos en la sociedad.
Ángela Aldea Tejo-USSInfraestructura, gris al verdeSeñora Directora: Se denomina infraestructura verde a las grandes obras públicasque resultan de un proceso múltiple que facilita la adaptación y resiliencia, entendidos como criterios que se incorporan tempranamente al diseño de las ciudades enfrentadas al cambio climático. Este año, los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y la FAO acordaron llevar adelante la “Estrategia Nacional de Infraestructura Verde”, que busca integrar soluciones basadas en la naturaleza en áreas urbanas y periurbanas. Esta iniciativa se implementará en 2025, siendo que solo el 15,4% de las comunas logra 10 m² de área verde por habitante. Pero más que eso: los proyectos de infraestructura pública, mixta y privada nos exigen priorizar una planificación preventiva, con capacidad cierta de proteger y mitigar eventos como inundaciones o incendios, incluyendo reubicaciones.
Las energías limpias, aguas ante la sequía y vías de conexión o evacuación, darán soporte a espacios públicos bien vegetados, de bajo consumo hídrico y que enfrían el aire, protegen la biofauna, absorben carbono y mejorarán nuestro habitar. Alberto Texido Consejero del CPI. Nacer prematuro en Chile.
