EDITORIAL: Violencia persistente
EDITORIAL: Violencia persistente Pese a la vigencia del estado de excepción, los hechos violentos siguen alterando la seguridad de la macrozona sur.
A los continuos atentados incendiarios que destruyen maquinarias e inmuebles en sectores rurales, se agregó ahora el grave ataque contra dos trabajadores que prestaban servicios de seguridad a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) en un predio donde se ubica una faena forestal, en la comuna de Victoria.
Según los registros de imágenes difundidos, cuatro encapuchados de overol blanco, fuertemente armados, emboscaron a los trabajadores y dispararon a corta distancia cuando estos intentaron huir en su camioneta, asesinando al conduct o r e h i r i e n d o gravemente al cop i l o t o, p e s e a contar ambos con chalecos antibalas. La vestimenta y el tipo de armamento no parecen indicar que se trate de un hecho delictual común.
Pese a ello, las autoridades han dicho que es necesario esperar el resultado de las indagaciones judiciales para determinar si se trata de un acto terrorista e invocar la ley correspondiente; es difícil entender esa reticencia a utilizar una normativa cuya reciente reforma el mismo Ejecutivo celebró.
Mientras, para el senador Francisco Huenchumilla (DC), "en Santiago ocurren muchos más hechos de violencia que en La Araucanía", pero lo que caracteriza a la zona "es que acá hay un conflicto político que le da una característica especial". Si bien no ha habido adjudicación del atentado por parte de ninguno de los grupos radicales con presencia en la zona --a diferencia del ataque incendiario cerca de Carahue realizado en la madrugada de ese mismo día, que se autoatribuyó la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)--, se presume que sus autores podrían ser miembros de alguna de esas agrupaciones que allí operan, coludidas a veces con el crimen organizado. Fue en este mismo sector donde, en 2021, fue asesinado el agricultor Orwal Casanova, sin que hasta ahora se haya logrado apresar a los responsables.
Desde abril del año pasado, cuando tres carabineros fueron capturados y asesinados en Cañete, no habían ocurrido atentados con resultado de muerte en La Araucanía, lo que hacía suponer que la mayor presencia policial y de las Fuerzas Armadas --debido al estado de excepción-estaba logrando contener la violencia.
Este reciente ataque indica que los grupos radicales aún mantienen su capacidad de acción, cuentan con acceso a armamento de gran calibre y persisten en su intención de amenazar y crear temor en los sectores rurales.
La gravedad del atentado muestra que no basta con crear una institucionalidad que aborde la inseguridad, sino que son necesarias acciones eficaces para hacer cumplir las normativas que persiguen la tenencia de armas, las usurpaciones y el comercio ilegal de la madera, además de impulsar estrategias tendientes a terminar con los grupos violentos e imponer la autoridad del Estado allí donde se le impide su ejercicio, como en Temucuicui. La fatal agresión no permite ambigüedades ni interpretaciones. Solo cabe condenar la violencia y utilizar todos los medios para perseguir a los responsables.
Difícilmente se podrá avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas que subsisten en la zona --como propusiera la Comisión para la Paz y el Entendimiento-sin desarticular a aquellos grupos que operan fuera de la ley, sembrando temor e inseguridad. Este criminal ataque no permite ambigüedades ni relativizaciones. Violencia persistente.