Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.

Los casos “emblema” de regulación fallida que busca evitar la nueva guía de evaluación elaborada por la CNEP
Los casos “emblema” de regulación fallida que busca evitar la nueva guía de evaluación elaborada por la CNEP En Chile, las nuevas regulaciones incorporadas en proyectos de ley y decretos suelen presentar estimaciones formales sobre su impacto económico y fin a n c i e r o, proyecciones pocas veces se comprueban en la práctica. Se trata de una debilidad en cuanto a la calidad de las políticas públicas, que según un diagnóstico de la Comisión de Evaluación y Productividad (CNEP) conduce a repetir errores e impide detectarlos a tiempo. Según la CNEP, de un universo total de 400.000 regulaciones vigentes en el ordenamiento jurídico, la cobertura de las evaluaciones es muy baja. La legislación chilena no exige revisar los objetivos esperados para todas las políticas públicas antes de su puesta en marcha, ni mucho menos contrastar dichas metas con su aplicación efectiva. En comparación con la experiencia internacional, es un retraso relevante: en la OCDE, un 90% de los países cuenta con sistemas obligatorios de evaluación ex ante, y más del 30% los exige ex post. A partir de esta p e r o e s a s problemática, desde la CNEP formularon una guía para estandarizar evaluaciones, y la pusieron a disposición del Gobierno para su implementación.
No es un tema m e n o r, s e g ú n e l presidente del org a n i s m o, P a b l o García, pues la regulación “es una condición básica para el buen funcionamiento del Estado y el desarrollo del país.
Tiene un impacto directo en la productividad; incide en los costos de cumplimiento, en los tiempos de inversión, en la competencia, en la capacidad de innovar de las empresas y en sus incentivos a crecer”. Recaudación, alcance y más La poca rigurosidad en el análisis regulatorio ha evidenciado sus impactos negativos en varios episodios recientes de connotación pública, según el secretario ejecutivo de CNEP, Rodrigo Krell.
Uno de esos casos es la denominada “Ley Uber”, normativa promulgada en 2023 para regular a las empresas de aplicaciones de transporte, cuyo reglamento estuvo durante meses en tramitación, hasta que el Gobierno actual decidió modificarlo. La autoridad flexibilizó ciertas exigencias y argumentó que, de lo contrario, impactaría negativamente al empleo y el servicio. Según Krell, este es un buen ejemplo porque la normativa sí fue evaluada ex ante, pero en forma incompleta.
La legislación exige un Informe de Impacto Regulatorio (IIR) para proyectos como este, pero Krell sostiene que “no sirvieron mucho, porque no pudieron alertar de los problemas que de hecho generó el conjunto de la ley con su reglamento”. A su juicio, la falta de un estándar claro lleva a que “en algunos casos se hacen por cumplir y no tienen nada sustantivo”. Otro ejemplo, dice, son las reformas tributarias. La del 2014, que elevó la tasa del impuesto corporativo a su nivel actual de 27%, es el más claro: “Fue una reforma extremadamente significativa.
Cualquier cosa que diga se queda corta en los efectos, y eso debió haber pasado por una evaluación ex ante súper rigurosa”. Sin embargo, lo que más sorprende al economista es que no se haya evaluado rigurosamente hasta el día de hoy: “Se discute todos los días que frenó el crecimiento y no recaudó lo que tenía que recaudar. A lo mejor tiene la culpa de todos los males, pero la verdad no nos hemos sentado a hacer una evaluación, un post SEROLFROTCÉH mortem”, cuestiona.
Krell también indica que hay ejemplos positivos de lo que genera una buena evaluación, como la “permisología”. Recuerda que la recientemente aprobada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales surgió tras un largo debate con evidencia empírica que constató la burocracia, pero que comenzó como un tema divisorio: “Uno planteaba la idea de revisar permisos, racionalizar, y la mitad del mundo se crispaba.
Hasta que se logró un consenso súper transversal a partir de datos duros”. ZERÉPANERACAM Antes y después De acuerdo a toda la información recopilada por CNEP, la poca evaluación que sí se exige en Chile tampoco se cumple.
En el caso de los informes de impacto regulatorio, que aplica a todas aquellas políticas que suponen cambios normativos, solo el 21% de las leyes cumple con su presentación, y apenas el 5% en el caso de los decretos. Ninguna de ellas cuenta con un contraste ex post, lo que deja el proceso “inconcluso”, alertan. Existe otra dimensión a cargo ADIDEC del Congreso: el Departamento de Evaluación de la Ley. Sin embargo, su alcance es limitado: desde que se creó en 2010, apenas ha revisado 13 leyes y la última vez lo hizo en 2020, según CNEP. Para la guía que CNEP presentó al Gobierno a través del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, se fijaron en experiencias internacionales como la de Australia o la Unión Europea. En síntesis, presenta una serie de preguntas concretas orientadas a resolver si la norma en cuestión sigue estando justificada, si alcanzó su objetivo, si surgieron costos o impactos indeseados, y si es necesaria una modificación.
Es en el ámbito posterior a la puesta en marcha de una regulación donde está el mayor retraso, advierte Krell, por lo que “una parte mínima es enseñarles a las reparticiones públicas cómo hay que evaluar una regulación”. Afirma que hubo buena recepción del Ejecutivo, y que “generó interés, de hecho inmediatamente se nos solicitaron reuniones de distintas dependencias”. En particular, después del encuentro donde conoció esta propuesta, el subsecretario de Economía aseguró que estudiarán cómo aplicar modelos de inteligencia artificial para agilizar este tipo de procesos. OCDE En el bloque, un 90% de los países exige evaluar leyes ex ante, y más de un 30% una vez que se ponen en marcha.
Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.. En situaciones como las recientes reformas tributarias o la Ley Uber, la medición previa y posterior de los impactos regulatorios proyectados falló en levantar alertas sobre su efecto real en la economía.
Propuesta de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad al Gobierno: OCDE En el bloque, un 90% de los países exige evaluar leyes ex ante, y más de un 30% una vez que se ponen en marcha. Karlfranz Koehler, subsecretario de Economía. Pablo García, presidente de CNEP. Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de CNEP. Karlfranz Koehler, subsecretario de Economía. Pablo García, presidente de CNEP. Rodrigo Krell, secretario ejecutivo de CNEP.