Editorial: Seguridad en el Maule: una urgencia que no admite esperas
Editorial: Seguridad en el Maule: una urgencia que no admite esperas La Región del Maule, históricamente reconocida por su tranquilidad y vocación productiva, enfrenta hoy un escenario de seguridad pública que desafía la resiliencia de sus habitantes.
Los recientes hechos de violencia reportados en nuestras páginas -desde asaltos perpetrados por bandas armadas en zonas rurales como Teno, hasta el hallazgo de sofisticados cultivos de droga y la circulación de sustancias sintéticas en la costa curicanano son episodios aislados, sino síntomas de una metamorfosis delictual que exige una respuesta estatal sin titubeos.
Las cifras del balance 2025 y lo que va de 2026 revelan una paradoja preocupante: mientras las autoridades destacan una estabilización estadística en ciertos indicadores nacionales, la percepción de inseguridad en el Maule se mantiene en niveles críticos, superando el 87%. Esto no es fruto del azar. El crimen organizado ha dejado de ser una amenaza lejana de la capital para instalarse en nuestras comunas, aprovechando la extensión del territorio y la vulnerabilidad de sectores habitacionales que hoy se sienten desprotegidos. La creación del Ministerio de Seguridad Pública fue recibida con esperanza, pero a casi un año de su implementación, la región demanda ver resultados tangibles. No basta con planes estivales de refuerzo u operativos focalizados; se requiere una dotación policial permanente y proporcional al crecimiento poblacional evidenciado por el último Censo. La precariedad operativa que acusan algunos sectores y la necesidad de una inteligencia criminal efectiva son deudas que la autoridad central debe saldar con urgencia. El Maule no puede acostumbrarse a vivir bajo llave ni a normalizar el estruendo de armas de fuego en sus plazas. La seguridad es la base de cualquier desarrollo social y económico; sin ella, nuestra identidad regional se desdibuja bajo el miedo. Es imperativo que la coordinación entre el Gobierno Regional, las policías y el Ministerio Público trascienda el papel y se traduzca en una presencia disuasiva real. El tiempo de los diagnósticos ya pasó; hoy la ciudadanía exige el derecho fundamental de volver a vivir en paz..