Autor: MÓNICA RÍOS BREHM

NUEVA LEY DE PESCA: PRIMERO MIREMOS LA EVIDENCIA
NUEVA LEY DE PESCA: PRIMERO MIREMOS LA EVIDENCIA AnálisisIngeniero comercial PUC, máster en Gestión Ambiental Duke University Asesora del Ministerio de Economía 2010-2014Nunca ha sido muy popular escribir sobre la Ley de Pesca; sin embargo, los proyectos de ley en tramitación parlamentaria ameritan estas líneas.
El proyecto ingresado en diciembre de 2023 propone cambiar la distribución de los recursos pesqueros entre artesanales e industriales; aumentar el peso de la autoridad en la fijación de las cuotas globales de captura en desmedro de la ciencia; reducir la duración de los derechos de pesca industrial desde 20 a 10 años y aumentar las toneladas a subastar desde 15% hasta 50% de la cuota industrial, entre otros (Boletín 16.500 ). Hace poco más de un mes, el Gobierno decidió congelar su tramitación y abocarse solo a un texto que redistribuye lascuotas a favor de los artesanales en desmedro de los industriales (Boletín 17.906 ). Son cambios muy relevantes que generan preocupación porque no se ha realizado una evaluación de los resultados de la ley pesquera vigente (Ley 20.567 /2012). Sí existe, sin embargo, alguna evidencia de sus efectos positivos, los que debemos mirar con objetividad. En materia de sustentabilidad, importantes pesquerías tales como jurel, anchoveta, sardina común, merluza común y congrio dorado han mejorado sustantivamente sus indicadores biológicos (Cuentas públicas, Sub. Pesca). Esto, debido en algún grado al mayor peso de la ciencia en la fijación de las cuotas globales y al control de descartes. Ello viene a confirmar la evaluación positiva quehizo FAO en 2016, al concluir que incorporó principios modernos tales como la sostenibilidad, el enfoque ecosistémico y el principio precautorio.
En otras materias, dicha ley fija una distribución a largo plazo de los recursos pesqueros entre artesanales e industriales (2013-2032), luego de beneficiar al sector artesanal con más toneladas en forma permanente (US$ 50 millones al año). Al sector industrial le asignó derechos de pesca a 20 años renovables, salvo causales de caducidad, y mandató la subasta de hasta el 15% de las cuotas industriales para mayor competencia. Asimismo, introdujo un impuesto por tonelada de cuota industrial, loque duplicó la recaudación entre 2012 y 2023 (más de US$ 60 millones al año). Además, el fisco ha recaudado recursos de las subastas.
Estos proyectos de ley generan incertidumbre, ya que cambian las reglas del juego ocho años antes del fin del período legal (2032). Baste recordar la ley de la jibia, aprobada en 2019, que buscaba favorecer al sector artesanal; sin embargo, terminó causando el cierre de plantas y desempleo al “dejar la jibia en el agua”. Por lo tanto, antes de continuar tramitando estas modificaciones legales de efectos inciertos, sería muy recomendable primero mirar la evidencia disponible y evaluar la regulación vigente en base a parámetros objetivos..