Editorial: Ley de Protección de Datos
El Congreso despachó la semana pasada la Ley deProtección de Datos Personales.
La iniciativa tienesu origen en la fusión de dos proyectos: una mociónpresentada en 2017 por un grupo transversal de se-nadores y un mensaje enviado ese mismo año por el gobier-no de la época (segunda administración Bachelet). La largatramitación da cuenta de las complejidades de la normativa, la que, de hecho, considera un período de dos años antes desu plena entrada en vigencia.
Se trata, en efecto, de un cam-bio de alta trascendencia y de una necesaria actualización delas regulaciones hasta ahora vigentes, que se remontan a laLey de Protección de la Vida Privada, de 1999, evidentemen-te superada por la inmensa revolución tecnológica experi-mentada desde entonces y que ha hecho del manejo de datosun punto crucial. Desde esa perspectiva, el texto aprobadopor el Congreso presenta unaserie de elementos positivos, pero también aspectos quehan planteado dudas y mate-rias donde las solucionesadoptadas resultan a lo me-nos cuestionables.
En lo más destacable, la nueva ley se hace cargo de te-mas que se han vuelto esenciales en la vida cotidiana, comoel derecho a saber quiénes disponen de nuestra informa-ción personal y el derecho a oposición, el cual, por ejemplo, impediría el acoso que muchos ciudadanos sufren con lla-madas y contactos indeseados por parte de compañías pri-vadas e instituciones públicas. La idea de fondo es que, co-rrespondiéndole a cada persona la titularidad de sus datos, estos no podrán ser usados más que para aquellos fines queella haya autorizado. Esto conlleva a su vez una serie deobligaciones para las empresas, no solo en cuanto a reque-rir el respectivo consentimiento, sino también en cuanto adar adecuado resguardo a los datos que manejan. Clave se-rá aquí el papel de un nuevo organismo autónomo, laAgencia de Protección de Datos Personales, el cual tendrála facultad de dictar normativas, fiscalizar y sancionar ad-ministrativamente cuando haya infracciones, sin excluirposibles acciones judiciales. La Agencia será dirigida porun consejo cuyos tres miembros serán designados por elPresidente de la República con el acuerdo de los dos terciosdel Senado. La elección de los consejeros aparece desde ya como unelemento clave en lo que será la implementación de la nor-mativa. Esto, considerando las eventuales colisiones de de-rechos a que pudiere dar lugar en materias vinculadas, porejemplo, con la libertad de expresión o la protección de laseguridad pública.
Además, existe controversia respecto delos alcances de algunas de las disposiciones y cómo incidi-rían en materias tan diversas como el acceso a la jurispru-dencia o el uso de las bases de datos del Estado para estudiossobre la eficacia de las políticas públicas. Es cierto que sehan dado distintas interpretaciones respecto de estos pun-tos y de si efectivamente o no la ley puede significar unarestricción. Con todo, precisamente, el hecho de que se estédesarrollando este debate da cuenta de una cierta ambigüe-dad que es de esperar sea resuelta por la vía reglamentaria. Particular preocupación ha generado el monto de lasmultas que considera la nue-va legislación, calificadas co-mo desproporcionadas tantopor gremios empresarialescomo por algunos especialis-tas.
El texto contempla tresrangos: faltas leves, dondelas sanciones pueden incluir multas por hasta 5 mil UTM;graves, en que el tope llega a las 10 mil UTM, y gravísimas, en que las sanciones pueden alcanzar hasta las 20 mil UTM. Pero además y este es quizá el aspecto más polémicolas firmas de mayor tamaño se exponen, en el caso de faltasreiteradas, a multas que pueden llegar hasta el 4% de susventas anuales. Se trata de montos altísimos que puedendar lugar a una judicialización de los casos. Los ámbitos dediscrecionalidad que se le otorgan a la Agencia para la fija-ción de esas multas añaden un elemento de incertidumbrerelevante. Los defensores de la normativa argumentan quese busca disuadir, pero se trata de disposiciones que po-drían terminar afectando de modo especial a los emprendi-mientos tecnológicos, que ya escasean en Chile. Por cierto, una normativa como esta envuelve tambiénuna dimensión cultural, cual es promover una mayor valo-ración por la información personal y una menor propen-sión a normalizar situaciones de mal uso de datos.
Pero estadiscusión está lejos de ser sencilla, en cuanto a que la priva-cidad ha demostrado ser un concepto volátil en el tiempoque, por lo pronto, difícilmente logrará ser revalorado solopor la promulgación de una ley. normativa relevante, algunas de las solucionesadoptadas resultan a lo menos discutibles.. Si bien representa una actualización