Violencia en los Centros de Salud
Violencia en los Centros de Salud Editorial Violencia en los Centros de Salud Las penas para los agresores pueden ir de10a I5años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo. on frecuencia se conocen casos de las amenazas y agresiones a funcionarios delos Centros de Salud Familiar (Cesfam) en el país y región, de parte de pacientes o sus familiares, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentran colapsados. Trabajar en este ambiente de violencia ya no es una situación aislada y por lo mismo preocupa a los gremios que representan alos trabajadores de la salud primaria. La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para la población en general, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país. Esto representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, aunque era un período que estaba marcado por los confinamientos debido a la pandemia de coronavirus.
El pasado martes en la noche se registró una balacera en un Cesfam de San Pedro de la Paz, en el Bío Bío, que produjo pánico y temor en los pacientes, que tuvieron que tirarse al piso y parapetarse tras los muros para evitar ser alcanzados. Se recuerda que con enjunio pasado también hubo una balacera frente a ese establecimiento, donde murieron dos mujeres y una tercera persona quedó herida. El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos. Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por diversos organismos estatales. Lalegislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresiones, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias. Las penas pueden ir de 10 a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía. Esta ley hasido muy importante y va de la mano con otras acciones que se han puesto en práctica en los últimos años..