Matías Ramírez advierte "tres golpes" del Gobierno a la pesca artesanal de Tarapacá
Matías Ramírez advierte "tres golpes" del Gobierno a la pesca artesanal de Tarapacá El exdiputado Matías Ramírez expresó una dura crítica a la gestión del Gobierno en materia pesquera, advirtiendo que las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo han generado un escenario de alta preocupación para la pesca artesanal, especialmente en la Región de Tarapacá, donde esta actividad representa no solo una fuente laboral histórica, sino también un componente esencial de la economía local, la seguridad alimentaria y la identidad costera del norte del país.
Ramírez sostuvo que la pesca artesanal atraviesa un momento particularmente complejo, marcado por el aumento de los costos operacionales, la incertidumbre regulatoria y la ausencia de una política pública que fortalezca a un sector que, a su juicio, viene enfrentando un prolongado deterioro. En ese contexto, apuntó directamente al Gobierno del Presidente José Antonio Kast, señalando que sus decisiones han significado "pésimas noticias" para los pescadores artesanales y para las comunidades que dependen de esta actividad.
Uno de los primeros cuestionamientos del exparlamentario se relaciona con las modificaciones vinculadas al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, MEPCO, y el impacto que estas habrían tenido sobre el precio de las bencinas y los beneficios que durante años recibió la pesca artesanal. "Sin duda, este Gobierno ha significado pésimas noticias para la pesca artesanal y particularmente para la zona norte.
Primero, al momento de dejar de utilizar el MEPCO como mecanismo de estabilización de las bencinas, el Gobierno también decidió quitar un beneficio que durante muchos años la pesca artesanal tenía, que era la devolución del impuesto específico", afirmó Ramírez. A juicio del exdiputado, esta medida golpea directamente la estructura de costos de las faenas pesqueras, considerando que el combustible es uno de los insumos más relevantes para la operación diaria de las embarcaciones artesanales.
En regiones extremas y de extensa costa como Tarapacá, donde muchas caletas enfrentan condiciones logísticas más complejas que en la zona central, cualquier variación en el precio de la bencina puede incidir de manera determinante en la rentabilidad de la actividad. Ramírez calificó esta decisión como un "golpe gravitante" para el sector, al sostener que encarece las faenas y reduce el margen de maniobra de los pescadores.
Según planteó, la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente, ya que el bono anunciado de 100 mil pesos no resolvería el problema de fondo ni compensaría el efecto permanente que genera el retiro del beneficio. "El Gobierno, su respuesta ha sido crear un bono de 100 mil pesos que, en definitiva, no servirá para nada.
En momentos donde tenemos que incentivar la pesca artesanal en Tarapacá, era necesaria una política mucho más robusta y no quitar un beneficio a una actividad económica que ya viene muy alicaída desde hace mucho tiempo", manifestó. El exparlamentario enfatizó que la pesca artesanal no requiere medidas aisladas o de emergencia, sino una estrategia integral de apoyo productivo. A su juicio, el Estado debe comprender que detrás de cada embarcación existen familias, cadenas de abastecimiento, trabajadores, recolectores, comercializadores y consumidores que dependen de la continuidad de esta actividad.
En esa línea, Ramírez planteó que la situación es especialmente sensible en Tarapacá, donde la pesca artesanal cumple un rol económico y social relevante en caletas históricas y en comunidades que han construido su identidad en torno al mar. La falta de políticas de fomento, agregó, amenaza con profundizar el debilitamiento de un sector que ya enfrenta dificultades por la competencia desigual, la disminución de recursos y los altos costos de operación.
El segundo punto de preocupación planteado por Ramírez apunta al retiro de la nueva Ley de Pesca, proyecto que había sido presentado durante el Gobierno anterior y que, según recordó, alcanzó un alto nivel de avance legislativo.
El exdiputado indicó que le correspondió participar directamente en su tramitación cuando presidió la Comisión de Pesca y Agricultura de la Cámara, instancia en la que se discutió gran parte del articulado. "Un golpe letal fue el retiro de lo que era la nueva Ley de Pesca, un proyecto ambicioso que fue presentado durante el Gobierno anterior y que me tocó tramitar como presidente de la Comisión de Pesca y Agricultura. Su tramitación llevaba más de un 80%, es decir, se habían discutido ya gran parte de los artículos de dicha ley", señaló.
Para Ramírez, la decisión del Gobierno de retirar el proyecto dejó sin una herramienta clave de discusión a la pesca artesanal, postergando reformas que, según afirmó, podían generar beneficios concretos para la Región de Tarapacá y para otras zonas costeras del país. Entre los aspectos que contenía el proyecto, destacó el resguardo específico de la primera y segunda milla marítima, una demanda largamente sostenida por los pescadores artesanales del norte.
La iniciativa, según explicó, buscaba impedir actividades cerqueras dentro de esas zonas, protegiendo espacios fundamentales para la reproducción de recursos, la sustentabilidad del ecosistema y el trabajo de las embarcaciones menores. "Este proyecto traía varios beneficios para la Región de Tarapacá.
Primero, un resguardo específico para las zonas de la primera y la segunda milla; la prohibición de realizar actividades cerqueras dentro de estas millas; protección también para las ballenas, considerando que ha aumentado el avistamiento de las mismas durante el último tiempo; pero además significaba generar igualdad de condiciones entre la pesca artesanal y la pesca industrial", sostuvo. El retiro del proyecto, según el exdiputado, representa una señal política negativa para el mundo artesanal, ya que interrumpe una discusión que buscaba equilibrar las condiciones entre actores históricamente desiguales.
En ese sentido, advirtió que la pesca artesanal queda nuevamente en una posición de desventaja frente a la pesca industrial, especialmente en un escenario donde la regulación de cuotas, zonas de operación y protección de recursos resulta clave para la sustentabilidad del sector. Ramírez también subrayó que el proyecto incorporaba componentes ambientales relevantes, particularmente respecto de la protección de especies marinas y del resguardo de zonas sensibles. En el caso de Tarapacá, mencionó el aumento del avistamiento de ballenas, fenómeno que no solo tiene valor ecológico, sino también potencial turístico, científico y cultural para la región. El tercer aspecto criticado por el exparlamentario dice relación con la postura del Gobierno frente a la Ley de Fraccionamiento, actualmente vigente, y las acciones impulsadas por grandes actores de la industria pesquera.
Ramírez advirtió que la actitud del Ejecutivo ha sido, a su juicio, pasiva y débil ante una discusión que podría afectar directamente los avances obtenidos por la pesca artesanal. "Sumado a estos dos golpes respecto a la bencina y el retiro del proyecto de Ley de Pesca, el Gobierno decide tomar una postura pasiva respecto a la discusión que están dando los grandes industriales de la pesca sobre lo que fue la Ley de Fraccionamiento aprobada y actualmente vigente", indicó.
De acuerdo con Ramírez, la Ley de Fraccionamiento permitió aumentar la cuota de jurel y entregar mayores recursos a la pesca artesanal, abriendo una oportunidad de desarrollo que antes no existía con la misma fuerza en la zona norte.
Por ello, advirtió que cualquier debilitamiento de esta normativa podría tener consecuencias severas para Tarapacá. "Gracias a la Ley de Fraccionamiento que logramos discutir durante el período anterior, no solamente se aumentó la cuota de jurel, se aumentaron los recursos a la pesca artesanal y eso ha permitido generar una potencialidad que en la zona norte antes no existía. Hoy eso está en riesgo porque los industriales de pesca están demandando al Estado de Chile", afirmó. El exdiputado cuestionó que, frente a ese escenario, el Gobierno no haya asumido una defensa más decidida de la normativa.
A su juicio, una defensa débil podría terminar afectando las expectativas de crecimiento y consolidación de la pesca artesanal, particularmente en regiones donde la nueva distribución de recursos abrió una posibilidad concreta de desarrollo productivo. "Ahí el Gobierno de José Antonio Kast tomó una decisión clave, que es hacer una defensa débil de lo que es la Ley de Fraccionamiento. Y eso puede acarrear un golpe letal a las pretensiones de la pesca artesanal", señaló. Ramírez enfatizó que el debate pesquero no debe entenderse solo como una disputa entre sectores productivos, sino como una discusión de alto impacto social y territorial. En Tarapacá, dijo, la pesca artesanal sostiene empleos, dinamiza economías locales y contribuye a que las familias puedan acceder a proteína de calidad, producida en la propia región y a precios más accesibles.
En ese punto, el exparlamentario remarcó que el debilitamiento de la pesca artesanal no afecta únicamente a quienes salen al mar, sino también a los consumidores y a la cadena completa vinculada al abastecimiento local de productos del mar "La pesca artesanal es sumamente importante, no solamente para el trabajo de las familias que están detrás de la pesca, sino también para los mismos vecinos y vecinas de Tarapacá, que pueden obtener proteína barata, de calidad y de producción local", manifestó.
El planteamiento de Ramírez se instala en un momento de creciente preocupación para el mundo pesquero artesanal, que ha venido demandando certezas, apoyo económico, resguardo de zonas de operación y mayor equidad frente al sector industrial. En la zona norte, estas demandas adquieren una dimensión particular debido a las condiciones geográficas, los costos logísticos y la necesidad de proteger un modelo productivo de menor escala, pero de alto impacto social. Desde esa mirada, el exdiputado sostuvo que las decisiones recientes del Ejecutivo configuran un escenario de alerta para los pescadores artesanales de Tarapacá.
La eliminación de beneficios vinculados al combustible, el retiro de la nueva Ley de Pesca y la falta de una defensa sólida de la Ley de Fraccionamiento son, según su análisis, tres señales que ponen en riesgo el futuro de la actividad. El debate, sin embargo, trasciende el ámbito político. La pesca artesanal forma parte del patrimonio económico y cultural de las ciudades costeras del norte. En caletas, ferias, mercados y hogares, su presencia ha sido históricamente clave para la alimentación, el empleo y la identidad de comunidades que han vivido del mar por generaciones. Por ello, la discusión sobre sus condiciones de trabajo, su protección legal y su acceso a recursos no puede reducirse a una disputa administrativa.
Se trata de definir qué lugar ocupará la pesca artesanal en el modelo de desarrollo regional y si el Estado estará dispuesto a resguardar una actividad que, aunque enfrenta dificultades, sigue siendo fundamental para la vida económica y social de Tarapacá.
Ramírez cerró su postura señalando que la pesca artesanal se encuentra en una situación de alerta y que el Gobierno debe rectificar el rumbo, avanzar en medidas de apoyo reales y abrir nuevamente espacios de discusión legislativa que permitan fortalecer al sector. A su juicio, la región requiere una política pesquera robusta, con mirada territorial, que reconozca el valor del trabajo artesanal y su aporte a las comunidades costeras. En medio de este escenario, la voz del exdiputado se suma a las preocupaciones que ya existen en el mundo pesquero por el futuro de la actividad.
Tarapacá, una región históricamente vinculada al mar, enfrenta así una discusión decisiva: proteger su pesca artesanal como motor económico, fuente de empleo y garantía de alimentación local, o dejar que las decisiones administrativas y los intereses industriales terminen debilitando una tradición que forma parte de su identidad.
El exdiputado cuestionó el retiro de la nueva Ley de Pesca, la eliminación del beneficio asociado al impuesto específico a los combustibles y la postura del Ejecutivo frente a la defensa de la Ley de Fraccionamiento.. El exdiputado cuestionó el retiro de la nueva Ley de Pesca, la eliminación del beneficio asociado al impuesto específico a los combustibles y la postura del Ejecutivo frente a la defensa de la Ley de Fraccionamiento.