Sobre el sistema notarial
Sobre el sistema notarial Señor Director: En la edición del 21 de septiembre pasado, el ingeniero comercial señor Covarrubias se refiere al sistema notarial, incurriendo en imprecisiones y omitiendo aspectos de trascendental importancia que este servicio de fe pública tiene para el país. Siguiendo la línea de quienes desconocen la labor, pero sí opinan, habla de lo caro de las actuaciones, cuando los estudios comparados demuestran que Chile es uno de los países más baratos en gestiones notariales. Tampoco apunta valor alguno a las asesorías que se entregan en los lugares más apartados de centros urbanos, como son la configuración de documentos legales, entre otros.
Para fundamentar algunas de sus expresiones, recurre al estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), ya conocido por su sesgo metodológico, realizado solo en dos de las 16 regiones y solo en tres de las más de 340 ciudades del país.
Se mantiene en el error de hablar del "mercado" de notarios, cuando bien debe saber que el mercado se preocupa del comercio, nosotros de fe pública, seguridad y certeza jurídica, que no son, precisamente, bienes de consumo. Omite referirse al significativo ahorro que este sistema genera a las personas y al Estado. De no existir la justicia preventiva que emana de la actuación notarial, aumentarían los litigios y la necesidad de contratar costosos seguros, como lo es el seguro de títulos. Sin este sistema, muchas transacciones que se realizan anualmente terminarían en un litigio para acreditar hechos, de manera más lenta y cara.
En este aspecto y considerando que solo un 10% de dichas actuaciones derivaran en un litigio, representa para las personas un ahorro por sobre los US$ 200 millones en un año, y para el Estado, un ahorro cercano a los US$ 800 millones al año, sumando la importante participación de notarios y conservadores en los procesos electorales, que le significan al Estado ahorros por sobre $600 millones. En lo que se refiere al fedatario, lo presenta como una figura que solucionaría el acceso y bajaría costos. Nada más lejos de eso, pues, sin duda, se habrían instalado al lado de las notarías, cerca de los centros comerciales, y nunca en aquellos lugares con escasa actividad jurídicomercantil. Nada dice del conflicto de interés que tenían, pues podían acreditar hechos y preconstituir pruebas, sin estar habilitados para el ejercicio de la profesión de abogado. Lo más grave es que, ante la imposibilidad absoluta de fiscalización, habrían quedado al servicio de grandes intereses, quedando estos últimos con la posibilidad cierta de tener la fe pública a su servicio. Haciendo futurología, expresa que la tecnología terminará con las notarías, confundiendo lo que es una herramienta propiamente tal con lo que es un fin en sí mismo.
Hasta ahora, la tecnología no ha sido capaz de determinar si una persona actúa libremente, si se encuentra en condiciones de entender los efectos de un acto o contrato y, menos aún, realizar un adecuado control de legalidad, siendo esto último lo que, al parecer, a muchos les molesta. ALFREDO MARTIN ILLANES Vicepresidente Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile.