Autor: .......................................................................... FRANCISCO SAAVEDRA
Demandas contra Facebook por estafas en EE.UU.: ¿Podrían también llegar a Chile?
Demandas contra Facebook por estafas en EE.UU. : ¿ Podrían también llegar a Chile? EL POLÍGRAFOEQUIPO EL POLÍGRAFO Camila Bazán, Valeria Pozo y Cecilia Derpich ESCRÍBANOS Frases para chequear, noticias falsas y temas de investigación. Envíenos sus sugerencias a elpoligrafo@mercurio.cl o al WhatsApp +56 9 9533 6345ninguna denuncia. Al buscar un responsable, se encontró con una cuenta falsa y decidió adjudicar los cargos a la única oficina de Facebook en Latinoamérica, ubicada en Buenos Aires. Sin embargo, esta no tenía las facultades de representar a la organización ante un tribunal, por lo que la denuncia fue declarada inadmisible, según los datos disponibles en el Poder Judicial. María Luisa Godoy, periodista y conductora de televisión, también ha sido foco de diversas publicaciones fraudulentas, desde la venta de criptomonedas hasta medicamentos para bajar de peso y combatir la incontinencia urinaria. Para la exanimadora del Festival de Viña, las plataformas de redes sociales “no son lo acuciosas que tendrían que ser, considerando la cantidad de gente afectada.
Si se pudiera, tomaría acciones legales para detener este tipo de publicaciones, pero directamente hacia las personas que las realizan y no hacia las plataformas, porque hasta donde yo sé, son las personas quienes hacen estas publicaciones con dolo y no las plataformas”. Para Matías Aránguiz, denunciar a las plataformas de redes sociales por la difusión de publicaciones fraudulentas tendría diferentes mecanismos: “Nosotros podríamos aplicar dos normativas: una penal que es la Ley de Delitos Informáticos, y ahí podríamos decir que hay falsificación de información porque se usaron datos personales de una persona y se transformaron maliciosamente para una finalidad distinta; Y a través de una normativa civil, la Ley de Prensa habla que cualquier medio que sirve para comunicar información es responsable por las cosas que se publican en él”. Pero esto, según el propio Aránguiz, sería difícil debido a que, “las leyes están pensadas para interacciones físicas y análogas, no para las interacciones digitales”, por lo que las políticas de uso creadas por estas plataformas e impuestas a sus usuarios, podrían librarlos de estas responsabilidades.
De acuerdo con esto, Daniela Olivares advierte que demandar a las plataformas de redes sociales sería “sumamente complicado”, ya que estas no tienen oficinas con representación legal en Chile, y que además, “los términos y condiciones de la plataforma estipulan que cualquier disputa debe ser resuelta en la jurisdicción donde la empresa tenga su domicilio legal, complicando enormemente el proceso”. Por ejemplo, para demandar a Meta, la denuncia debería hacerse bajo las leyes del país donde está su oficina principal, en este caso el estado de Delaware (EE.UU. ). En este, al igual que en el resto de Estados Unidos, rige el decreto Communications Decency Act (CDA), que en su sección 230 afirma que “los proveedores de servicios de internet y las plataformas de redes sociales no son considerados responsables por el contenido publicado por sus usuarios”. Si se pudiera, tomaría acciones legales para detener este tipo de publicaciones, perodirectamente hacia las personas que las realizan y no hacia las plataformas”...........................................................................MARÍA LUISA GODOYgeneral tienen políticas de uso que limitan su responsabilidad y dejan todas las consecuencias en el anunciante.
Por ejemplo, las cláusulas establecen que el anunciante debe cumplir con las normas comunitarias y respetar la ley, tratando de desligarse de cualquier responsabilidad directa”. “Me parece que es una lavada de manos muy simplona esto de hacerte firmar términos y condiciones de que ellos no se hacen responsables del uso que se le entregue a tu imagen. Lo más duro de todo es saber que no existen las herramientas legales para poder defenderse. No existen leyes que protejan”, señala Francisco Saavedra sobre lo anterior. Matías Aránguiz, subdirector del Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC, explica que en Chile “no tenemos una norma que directamente proteja contra la difusión de contenidos fraudulentos en redes sociales. Hay que ir armando casos, sacando pedacitos de diferentes normas.
Lo que falta es una regulación que entienda que, así como hay una institucionalidad que resguarda la televisión, la prensa y la radio, necesitamos una que resguarde los medios digitales, que son mucho más grandes y utilizados porque gran parte de nuestra vida sucede de forma digital.
Esto requiere repensar cómo protegemos esos derechos en una versión digital”. Durante 2020, un ciudadano chileno interpuso un recurso de protección en la Corte Suprema en contra de Facebook por “dejar actuar sin escrúpulos y en el completo anonimato e impunidad” a usuarios en la plataforma.
El afectado habría sido catalogado como culpable de un delito en una publicación de la red social, que él declaraba no haber cometido y por el cual no existíaAndrew Forrest, empresario minero australiano, presentó una demanda en junio de este año en los Tribunales de Justicia de EE.UU. contra Meta, la empresa matriz de Facebook, acusándola de permitir la difusión de anuncios fraudulentos que utilizan su imagen para promover estafas.
Según un artículo de The Wall Street Journal, Forrest alega que estos anuncios, que aparecen en Facebook, usan su rostro y nombre sin consentimiento para atraer a los usuarios hacia inversiones fraudulentas en criptomonedas y otras transacciones. La denuncia sostiene que Meta no ha tomado las medidas suficientes para frenar estas actividades engañosas, a pesar de haber sido advertida en repetidas ocasiones.
Forrest argumenta, según el medio británico The Register, que estas prácticas no solo afectan su reputación personal, sino que también ponen en riesgo a miles de usuarios de Facebook e Instagram que son atraídos por falsas promesas de grandes ganancias. En Chile también se han registrado estafas que se publicitan a través de redes sociales.
Conocidos son los casos del periodista Julio César Rodríguez, el exfutbolista Iván Zamorano y los empresarios Andrónico Luksic y Leonardo Farkas, entre otros, quienes han visto su imagen sometida a diversas publicaciones ligadas a la venta fraudulenta de criptomonedas.
Francisco Saavedra, periodista y conductor del programa “Lugares que hablan”, también es una de las figuras afectadas por la creación de imágenes falsas, que difundidas a través Facebook, invitan a los usuarios a invertir en criptomonedas o sitios de juegos en línea. Saavedra afirma a El Polígrafo que, “la pasé muy mal, fue muy duro. Sentía que perdía el control de alguna forma porque se está transgrediendo la confianza que uno puede generarle al público, algo que es muy importante en la vida de un comunicador.
Yo le pedí a mi abogado y a mi community manager que tratáramos de eliminar esto, pero nunca hay respuesta por parte de Meta, te dicen hemos revisado su publicación y encontramos que no infringe nuestras normas, entonces uno se siente absolutamente a la deriva.
A mí me encantaría demandar a Meta”. ¿Podría haber casos de demandas similares en Chile? El pasado 27 de agosto la Cámara de Diputados despachó al Ejecutivo para su promulgación una modificación a la Ley 21.459 sobre la Protección de Datos Personales. Esta normativa, que actualiza el marco legal vigente desde 1993 con la Ley 19.223, busca fortalecer la protección de los datos personales a través de mayores responsabilidades para las empresas y plataformas. La actualización de la ley señala queEsta fotografía fue viralizada en Facebook para ventas fraudulentas de criptomonedas. La pasé muy mal.
De está transgrediendo la alguna forma se confianza que uno puede generarle al público (... ) Amí me encantaría demandar a Meta”. todas las entidades deberán garantizar la seguridad y privacidad de la información de las personas, evitando su uso indebido y además, respetando el derecho de los ciudadanos a eliminar, rectificar o actualizar su información cuando estos se utilicen sin consentimiento o de forma fraudulenta. También crea una Agencia de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo, para la supervisión de la normativa.
Según Rodrigo León, abogado especialista en derecho informático de la Universidad Adolfo Ibáñez, el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos Personales “podría fiscalizar a las plataformas de redes sociales, pero su capacidad estará limitada por los términos de libertad de expresión y la normativa específica para proveedores de servicios de internet. Las multas que se van a aplicar pueden llegar a 20.000 UTM”, es decir, unos $1.318.020.000. Para Daniela Olivares, abogada investigadora en el Centro de Estudios en Derecho, Imagen compartida por María Luisa Godoy en redes sociales desmintiendo estafa.
Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, la creación de una Agencia de Protección de Datos Personales “fortalecerá la protección de datos en Chile, y aumentará las sanciones para el incumplimiento, lo que podría incentivar a las plataformas a tomar medidas más estrictas para cumplir con la ley”. Sin embargo, aunque esta modificación en la norma jurídica considera a las plataformas de redes sociales, los contratos sobre Términos y Condiciones que estas imponen a sus usuarios antes de suscribirse en ellas limitan sus responsabilidades frente a la difusión de publicaciones fraudulentas. Según Olivares, “estas plataformas en. Las publicaciones que se aprovechan de rostros de famosos para ventas fraudulentas de criptomonedas en redes sociales ya están llegando a los tribunales en EE.UU. Expertos explican lo difícil que sería iniciar un proceso legal en Chile, mientras que algunos de los afectados aseguran que “yo feliz demandaría”. para ventas fraudulentas de criptomonedas.