LA DESALACIÓN COMO ALTERNATIVA
LA DESALACIÓN COMO ALTERNATIVA D esde hace ya bastante tiempo la crisis hídrica en la Región de Coquimbo ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad estructural que exige respuestas inmediatas.
No obstante, y pese al debate permanente sobre la necesidad de avanzar en nuevas alternativas, la brecha entre la necesidad técnica y la ejecución de inversiones sigue siendo el principal obstáculo para garantizar el agua en el futuro. Existe coincidencia entre las autoridades y expertos de que la búsqueda de nuevas fuentes de captación se ha vuelto una prioridad impostergable. En esta línea, soluciones como la desalinización se perfilan como las opciones más viables, aunque, al parecer, el ritmo de inversión actual no logra alcanzar la velocidad que la emergencia climática impone.
Al respecto, resultó fundamental el anuncio que se realizara el año 2024, sobre la construcción de la planta desaladora de El Panul, pero su ejecución ha recorrido un largo camino y se ha visto demorada en su tramitación.
Este recinto dio un paso clave en noviembre de 2025, cuando fue adjudicado al consorcio español Sacyr Agua, empresa que estará a cargo del diseño, financiamiento, construcción y posterior operación de la planta, con una inversión estimada de US$318 millones. En abril de este año, en tanto, con su publicación en el Diario Oficial, quedó oficializada esta adjudicación.
No obstante, es desde el proceso de evaluación ambiental donde se han presentado las principales complicaciones para su avance, pues ha enfrentado una serie de observaciones técnicas que han obligado a ampliar plazos y profundizar los análisis.
En este sentido, generó sorpresa el anuncio que se hiciera a inicios de este año, en el cual el Ministerio de Obras Públicas (MOP) había solicitado extender el plazo de suspensión del procedimiento hasta enero de 2027, argumentando la necesidad de realizar nuevos estudios y recopilación de antecedentes para responder adecuadamente las exigencias técnicas planteadas por los servicios públicos.
No obstante, el SEA consideró que el plazo requerido era excesivo, por lo que accedió solo parcialmente a la petición y estableció que la suspensión del procedimiento se mantendría hasta el 31 de agosto de 2026.
En ese momento, se indicó que, entre los principales aspectos que requieren mayor plazo, se encuentra la caracterización arqueológica subsuperficial de los sitios denominados "PA-27" y "Lagunillas". Para ello es necesario tramitar previamente permisos ante el Consejo de Monumentos Nacionales, lo que permitirá posteriormente realizar sondeos arqueológicos y otras actividades de investigación en terreno. Otro de los componentes que deberá reforzarse corresponde a los estudios de biota marina y cadena trófica, los cuales consideran análisis cuantitativos de poblaciones sensibles presentes en el área de influencia del proyecto.
Hasta el momento, el proyecto continúa a la espera de poder zanjar estos aspectos, sin embargo, desde el sector productivo y las juntas de vigilancia hídrica de la zona, como la del Río Elqui, miran el panorama con profunda preocupación.
Advierten que coordinar equipos científicos de primer nivel para responder satisfactoriamente a estas complejas variables en este plazo es una tarea titánica. "Vamos a ver que sea la menor 'afectación espiritual' posible para poder sacar adelante el proyecto", expresó el actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, durante su intervención en el Congreso 2026 de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso A.G. (ACADES) efectuado en marzo pasado, donde afirmó que el desarrollo de la desalación es una de las prioridades relevantes de la cartera durante su gestión.
En tanto, tras anunciar hace algunas semanas la oficialización de su adjudicación a la empresa Sacyr Agua, el secretario de Estado volvió a referirse a la iniciativa indicando que "la adjudicación de la planta desaladora de Coquimbo marca un punto de inflexión en cómo Chile enfrenta su realidad hídrica.
La próxima década debe ser la década de la desalación, ya no como una solución excepcional, sino como una política estructural para asegurar agua para consumo humano, riego en agricultura y el desarrollo de industrias vitales para Chile, como la minería", recalcó el ministro Arrau.
Para María Inés Figari, presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte (SAN A.G. ), si bien esta iniciativa es una solución fundamental para el futuro hídrico de la región "hoy enfrentamos una realidad en la que llegamos tarde frente a la urgencia de la crisis, ya que este tipo de infraestructura requiere tiempo de implementación que no tenemos en el corto plazo.
Además, dada la geografía de la Región de Coquimbo, con sus valles transversales, no es suficiente contar con una sola planta desaladora, sino que se requieren varias instalaciones distribuidas, ya que no es viable que una planta abastezca a todos los territorios, y el costo del agua desalada también representa un desafío significativo para los usuarios", enfatiza.
En este sentido, recalca que se vuelve indispensable avanzar con mayor rapidez y coordinación "estableciendo una sola entidad responsable de la gestión del agua, que permita tomar decisiones ejecutivas y evitar la dispersión actual de criterios, la cual ha significado una pérdida valiosa de tiempo y la falta de soluciones concretas para la población", puntualiza. Cabe destacar que si el MOP logra subsanar con éxito las observaciones dentro del acotado marco fijado por el SEA, la planificación prevé el inicio de faenas hacia finales de 2026. Sin embargo, cualquier traspié técnico en la entrega de agosto forzaría un rechazo ambiental del proyecto, incrementando aún más los plazos para su puesta en marcha. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Esta sería la primera infraestructura multipropósito de desalinización bajo el modelo de concesiones en el país destinada prioritariamente al consumo humano.
Con una inversión inicial estimada en 318 millones de dólares, la iniciativa contempla el diseño, construcción y operación de una moderna planta de ósmosis inversa que se emplazará en el sector costero de El Panul, al sur de la comuna de Coquimbo. La planta considera una operación de 21 años desde su puesta en servicio provisoria.
Las obras civiles y marítimas proyectan una capacidad de producción inicial de 800 litros por segundo de agua potable, estructuralmente diseñada para ampliarse de manera modular hasta alcanzar los 1.200 litros por segundo, garantizando el suministro permanente para el futuro crecimiento de la población.
Se ha indicado que el proyecto está diseñado para impactar positivamente la calidad de vida de más de 540.000 habitantes, resolviendo la incertidumbre del racionamiento hídrico en las comunas de la conurbación La Serena y Coquimbo.
El diseño estratégico del proyecto posee un carácter multipropósito, lo que significa que a través de sistemas de impulsión y una conducción de distribución de 18,7 kilómetros de longitud hacia estanques de almacenamiento de 8.000 metros cúbicos, se abrirán las puertas para expandir el suministro de agua desalinizada hacia los Sistemas de Agua Potable Rural (APR) y enviar el recurso hacia zonas interiores críticamente afectadas, como la comuna de Ovalle en la provincia del Limarí.
Ante la urgencia de encontrar nuevas fuentes de captación de agua y evitar así restricciones en el consumo humano, se ha mirado al mar como una de las opciones más factibles, con el anuncio de la construcción de una planta en El Panul.
Sin embargo, el proceso de tramitación se ha visto entrampado y no existen certezas de cuándo podría destrabarse.. Se estima que beneficiaría a más de 540 mil habitantes Ante la urgencia de encontrar nuevas fuentes de captación de agua y evitar así restricciones en el consumo humano, se ha mirado al mar como una de las opciones más factibles, con el anuncio de la construcción de una planta en El Panul. Sin embargo, el proceso de tramitación se ha visto entrampado y no existen certezas de cuándo podría destrabarse.
