Autor: Matías Gatica Lindsay

Cámaras y drones ayudarán a perseguir delitos ambientales
Cámaras y drones ayudarán a perseguir delitos ambientales mágenes satelitales, drones, cámaras espectrales y métodos para cuantificar daños ecológicos son algunas de las herramientas que el Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) pondrá a disposición de la PDI tras firmar un convenio colaborativo para elevar el estándar probatorio de las investigaciones penales por delitos ambientales.
En 2023 se publicó la ley 21.525, que modificó el umbral de penalización de ciertos daños ambientales, ya que conductas que antes derivaban solo en multas, como la contaminación de aguas y la extracción ilegal de recursos naturales, comenzaron a constituir delitos con pena privativa de libertad, siempre que haya evidencia científica que demuestre, cuantifique e interprete este daño.
A partir de la ampliación de las conductas tipificadas, la PDI tiene hoy más de 30 delitos medioambientales y patrimoniales bajo su competencia y por ello firmó el convenio para mejorar las medidas de pruebas que den cuenta de los ilícitos indagados por el Centro de Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema). En las primeras reuniones entre el IEB y el CIDEMA, el instituto identificó varios recursos propios con potencial para convertirse en evidencia jurídicamente válida: datos satelitales, drones, cámaras espectrales instaladas en sitios de monitoreo de ecosistemas y capacidad de asesoría para cuantificar el daño ecológico.
La directora de la Unidad de Transferencia Tecnológica y de Conocimientos del IEB, Marcela Verdugo, dijo que cuentan con "experiencias en temas como incendios forestales, invasiones biológicas" y con capacidad para "transformar datos complejos en evidencia técnica y protocolos". En ese sentido, y como la evidencia solo tiene peso judicial si quien la analiza tiene respaldo científico reconocido, Verdugo explicó que buscan sustentar sus investigaciones con metodologías validadas internacionalmente. "La ciencia permite elevar el estándar de las investigaciones, aportando rigurosidad, trazabilidad y sustento técnico; el daño ambiental puede ser demostrado, cuantificado y correctamente interpretado en el marco legal vigente". El prefecto de la PDI, Patricio Rojas, añadió que buscan "derribar los mitos que aparecen en las investigaciones policiales" en temas de mayor preocupación como el tráfico de especies, la contaminación, la extracción ilegal de recursos naturales, la tala ilegal y los incendios forestales. Autor: Matías Gatica Lindsay. El Instituto de Ecología y Biodiversidad pondrá a disposición de la PDI herramientas para colaborar en investigaciones por casos de daños al ecosistema. Actualmente la PDI tiene en su competencia más de 30 delitos medioambientales.