La peligrosa última jugada de López Obrador amenaza a México
La mayoría de los Presidentes mexicanos serían un pato cojo en su último mes en el poder, pero no Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una vez que los diputados electos asuman sus escaños hoy 1 de septiembre, un mes antes de que la Presidenta electa Claudia Sheinbaum asuma el cargo, López Obrador aprovechará la situación. Su partido gobernante, Morena, y sus aliados serán tan dominantes que casi con certeza podrán aprobar una reforma constitucional del Poder Judicial. Eso amenaza la democracia y la economía del país.
Según la reforma, todos los jueces federales serían despedidos y reemplazados por voto popular, suplantando un sistema de exámenes profesionales y, en el caso de la Suprema Corte y los tribunales electorales, un proceso de nominación. También se elegirían miembros de un nuevo tribunal disciplinario, con poderes para castigar a los jueces. Es como una “guillotina” para el Poder Judicial, dice Julio Ríos, del ITAM, una universidad en la Ciudad de México. Esto daría a Morena, y a cualquier partido dominante futuro, una inmensa influencia sobre los tribunales. La reforma abre aún más el sistema legal a la influencia indebida, la corrupción y la interferencia de las bandas criminales. Muchos temen que la calidad de los jueces disminuya: la reforma reduce sus salarios y reduce las calificaciones requeridas a un título de abogado con una nota alta. Las elecciones judiciales se celebrarían el año próximo y en 2027. El sistema de justicia de México necesita una reforma. El 90% de los delitos no se denuncian, y pocos de los que se denuncian conducen a condenas.
Es cierto, como dice López Obrador, que el acceso a la justicia es deficiente y algunos jueces son corruptos. { THE ECONOMIST El Estado de Derecho en México }EFEPero la reforma propuesta no aborda estos problemas. De hecho, puede empeorarlos. No menciona a los fiscales, que son ampliamente reconocidos como la parte más débil del sistema. Y convertiría a México en un caso atípico mundial. Pocos países eligen jueces federales (solo Bolivia elige a su Corte Suprema) y la mayoría de los que lo hacen luchan por mantener la independencia judicial. En cambio, la reforma es típica del Presidente saliente: tirar a la guagua junto con el agua de la bañera. Incluso los legisladores de Morena luchan por justificarla. El líder del partido de Morena dijo que la aprobación de la reforma es “un regalo” para el Presidente. La reacción ha sido ruidosa. El Poder Judicial está en huelga. Las asociaciones empresariales de Estados Unidos y México han advertido sobre los peligros. También lo ha hecho el embajador estadounidense en México, que hasta ahora ha andado de punti-llas con López Obrador. Los mercados están inquietos. El banco Morgan Stanley rebajó la calificación de las acciones mexicanas a “infraponderación”. Un columnista del Wall Street Journal sugirió que la gente venda el peso. La reforma puede violar el T-MEC, el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. No es solo el Poder Judicial el que está en riesgo. López Obrador parece decidido a sacar adelante muchas de las otras 17 enmiendas constitucionales que presentó en febrero, cuando carecía de los votos necesarios para lograr su aprobación.
Las más preocupantes son las que afectan a las instituciones de México: poner a la Guardia Nacional bajo la dependencia del Ministerio de Defensa (que la Suprema Corte declaró inconstitucional); eliminar agencias autónomas como el organismo de transparencia y el regulador de energía; y prohibir a la empresa estatal de electricidad asociarse con empresas privadas. Es poco probable que López Obrador cambie de rumbo. Prefiere “pausar” la rela-ción con la Embajada de Estados Unidos en lugar de suavizar la reforma.
Quiere consolidar su “cuarta transformación” de México, que consiste en “deshacerse de la vieja élite o de cualquier institución que pueda llegar a dominar de nuevo”, dice Pamela Starr, de la Universidad del Sur de California. López Obrador también guarda rencor. Su rencor hacia el Poder Judicial se remonta a 2006, cuando los tribunales electorales dictaminaron que su oponente había ganado una elección presidencial que él, sin pruebas, afirmó que era fraudulenta. Ha crecido desde que la Corte Suprema anuló algunas de sus políticas emblemáticas. Sheinbaum, la alumna y sucesora del Presidente, apoya plenamente la cuarta transformación. Al igual que López Obrador, parece pensar que la democracia simplemente requiere elecciones, y que el ganador dicte una sentencia que beneficie a la mayoría, en lugar de necesitar otras instituciones y procedimientos, dice Starr. Sin embargo, Sheinbaum al principio parecía tener reservas sobre la elección de jueces por voto popular, antes de ofrecer un respaldo total. Es posible que pueda hacer algunos ajustes en la legislación posterior, por ejemplo, sobre quién puede presentarse a las elecciones. Pero su incapacidad o falta de voluntad para poner freno a su mentor está preocupando a los demócratas. Las consecuencias que heredará podrían ser particularmente dolorosas para la economía. La agitación y la incertidumbre están desanimando a los inversores. El país los necesita para estimular rápidamente el crecimiento y financiar el déficit fiscal, que supera el 5% del PIB, la tasa más alta desde la década de 1980. Sheinbaum ha estado tratando de cortejar a los inversores, consciente de que México necesita aprovechar una breve ventana para atraer a las empresas que buscan trasladarse más cerca de los Estados Unidos. Ella ha dicho a los espectadores que no tienen “nada de qué preocuparse”. Pero lo hacen, y ella también. THE ECONOMIST.
El Presidente saliente aprovechará el mes que le queda en el poder para cambiar la Constitución. { THE ECONOMIST | El Estado de Derecho en México } del Poder Judicial se han declarado en huelga por la reforma del oficialismo.