COLUMNAS DE OPINIÓN: una promesa estancada
COLUMNAS DE OPINIÓN: una promesa estancada Daniela Sugg H.
Facultad de Administración y Economía UDP Ley Ricarte Soto: una promesa estancada Desde 2022, la ciudadanía espera la actualización del decreto de la Ley Ricarte Soto, que garantiza protección financiera universal para tratamientos de alto costo. Aunque el Ministerio de Salud ingresó dicho decreto a Contraloría en septiembre de ese año, aún sigue pendiente de aprobación. En 2021 la Dirección de Presupuesto advirtió que el sistema sería insostenible financieramente a partir de 2027.
Esto llevó a limitar los ingresos de tecnologías al sistema a solo aquellas que no tuvieran impacto presupuestario o fueran costoahorradoras, salvo que se implementaran cambios como integrar terapias al GES o crear nuevos mecanismos de financiamiento. Las demoras e incumplimientos de plazos legales, sumados a las demandas ciudadanas y la presión parlamentaria, llevaron en 2023 ala creación de una comisión fiscalizadora en la Cámara de Diputadas y Diputados. En 2024, su informe confirmó lo evidente: estancamiento en la ejecución de la ley y desidia de las autoridades desde 2021. La falta de sanciones y de prioridad en esta política pública es preocupante.
En la cuenta pública de junio de 2024, el presidente Gabriel Boric anunció la inclusión de tres terapias que cumplían con el proceso de evidencia, fueron priorizadas y son fiscalmente neutras, generando esperanzas entre los pacientes. Como participe en el diseño e implementación de la Ley Ricarte Soto, duele ver cómo su falta de ejecución ha minado la confianza pública. Sino se cumplen los plazos, no se asignan recursos adicionales ni se ajusta el modelo de financiamiento, el deterioro será inevitable. Es crucial integrar terapias al GES (como las de cáncer de mama, esclerosis múltiple y artritis reumatoide), actualizar proyecciones financieras y transparentar el estado del Fondo, superando las obsoletas estimaciones de 2021. De lo contrario, este estancamiento fomentará mayor judicialización, dando acceso solo a quienes visibilicen sus necesidades en los medios, en detrimento del enfoque colectivo. Este camino no solo amenaza la equidad, sino que erosiona la confianza en las instituciones, los procesos de decisión y las soluciones priorizadas para el bienestar común. Es hora de actuar con decisión y responsabilidad para recuperar la esencia de la Ley Ricarte Soto: ser un pilar de acceso basado en evidencia, priorizado y universal.. - -