Editorial: FRAUDE SOCIAL Y CALIDAD DEL GASTO
Editorial: FRAUDE SOCIAL Y CALIDAD DEL GASTO E n menos de tres semanas soplaron vientos de cambio en el pago del CAE, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció en un seminario de DF juicios ejecutivos y embargos contra los morosos con rentas brutas superiores a $ 5 millones mensuales. Desde el 19 de marzo los pagos diarios se multiplicaron por seis, pasando de $ 30 millones a $ 200 millones, con un peak de $ 500 millones el último día del mes.
El efecto, similar al observado en el fraude de licencias médicas -que disminuyeron notoriamente tras la detección de la Contraloríarevela cómo incentivos mal alineados han derivado en conductas oportunistas que tensionan la sostenibilidad de las políticas sociales.
Al participar ayer en el seminario "Nuevos vientos de la economía", organizado por Sofofa y la UDD, el ministro hizo un llamado a retomar la ética en el manejo de las finanzas públicas, tras advertir que existen beneficios sociales desfinanciados y que deben erradicarse malos hábitos en la administración de los recursos fiscales.
Un informe del CEP de 2025 identificó al menos 20 espacios de ajuste en el gasto fiscal por unos US$ 6.000 millones, entre los que destacan el alza del Subsidio de Incapacidad Laboral desde 0,6% del PIB en 2015 a 1% del Producto en 2023 y los US$ 700 millones que se desembolsaron en licencias médicas de funcionarios públicos, también en 2023. Solo en este ítem, la contención del gasto podría haber alcanzado a 0,35% del PIB. Uno de los casos más evidentes es el de la gratuidad en educación superior.
Diseñada para cubrir al 60% de los estudiantes de menores ingresos, su costo se ha expandido muy por sobre lo previsto, superando los US$ 2.200 millones anuales y acumulando desviaciones por más de US$ 4.400 millones respecto de las estimaciones originales. La evidencia muestra que un 23,3% de los beneficiarios se ubica en los deciles 7 a 10, fuera del grupo objetivo. De hecho, muchos rectores han reconocido que, en la práctica, los estudiantes de los deciles 7 y 8, han "desaparecido", lo que refleja un ajuste de comportamiento frente a los incentivos del sistema. Este fenómeno está directamente vinculado al Registro Social de Hogares (RSH), que constituye la base de asignación de estos beneficios y cuya principal debilidad es la falta de verificación. Un ejemplo elocuente es que mientras el Censo 2024 registra que un 21,8% de los hogares es unipersonal, el RSH reporta que es más del 50%, lo que evidencia distorsiones asociadas a la autodeclaración. En este marco, la Contraloría ha anunciado un plan de fiscalización para detectar la entrega irregular de beneficios sociales y es previsible que este proceso revele nuevas inconsistencias. Sin embargo, su rol es necesariamente posterior, pues cuando este organismo detecta irregularidades significa que ya fallaron los mecanismos de diseño, supervisión y ejecución de las políticas públicas. El problema, por tanto, no es solo de fiscalización, sino también de diseño. Corregir estas fallas exige fortalecer los sistemas de control y alinear los incentivos con los objetivos de política pública. La relevancia de este ajuste radica en su impacto permanente. A diferencia de recortes en viáticos, horas extra, honorarios o postergación de inversiones en activos, que solo difieren gasto, la corrección de estas distorsiones implica un ahorro permanente. Se trata de recursos que pueden destinarse a otras prioridades o a reducir el déficit fiscal. En un escenario de estrechez presupuestaria, mejorar la calidad del gasto es una condición base para la sostenibilidad de las finanzas públicas. A diferencia de recortes que postergan gasto, la corrección de estas distorsiones es un ahorro permanente.. A diferencia de recortes que postergan gasto, la corrección de estas distorsiones es un ahorro permanente. EDITORIAL A diferencia de recortes que postergan gasto, la corrección de estas distorsiones es un ahorro permanente.