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Sin asignar 20 www.diariolongino.cl Medio Ambiente Ayer 1 de febrero marcó el debut operativo del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), una de las reformas más esperadas -y también más debatidasde la institucionalidad ambiental chilena.
Su puesta en marcha llegó tras 13 años de tramitación legislativa y un camino que se extendió a lo largo de los últimos cinco gobiernos, con un objetivo declarado: terminar con la dispersión de competencias, consolidar la gestión del patrimonio natural en un solo organismo y fortalecer la conservación dentro y fuera de las áreas protegidas. El estreno del SBAP no es solo un hito administrativo. En la práctica, significa reordenar funciones que antes se distribuían -y a veces se superponíanen distintos ministerios, obligados a coordinarse caso a caso para abordar conservación, fiscalización y manejo de ecosistemas.
De acuerdo con los antecedentes oficiales y el análisis del proceso, el servicio asume un rol articulador que busca optimizar recursos, reducir duplicidades y acelerar decisiones, en un país donde el deterioro de hábitats, la presión sobre ecosistemas frágiles y la expansión de actividades productivas han elevado el costo de la fragmentación institucional.
Al mando del nuevo organismo quedó Aarón Cavieres, exdirector ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en un diseño que busca asegurar continuidad técnica en la transición, especialmente en la administración de parques, reservas y monumentos naturales que históricamente estuvieron bajo la gestión forestal.
Uno de los cambios más relevantes es la unificación de la administración de las áreas protegidas bajo el paraguas del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con la entrada de cerca de 62 millones de hectáreas al sistema desde este 1 de febrero.
La cifra dimensiona el giro: el Estado concentra, en un mismo marco, categorías que incluyen región virgen, parque nacional, monumento natural, reserva nacional, áreas de conservación de múltiples usos y áreas de conservación de pueblos indígenas, ampliando el alcance de la gestión y el estándar de coordinación territorial. El desafío, sin embargo, no termina en el mapa. La promesa del SBAP es elevar la conservación desde la "declaración" hacia el "manejo efectivo": planes, monitoreo, restauración, control de amenazas y gobernanza.
En esa lógica, el servicio debe impulsar cerca de 30 instrumentos de conservación, que permiten intervenir también fuera de los polígonos protegidos, donde hoy se juegan varias de las batallas decisivas por la biodiversidad: corredores biológicos interrumpidos, ecosistemas degradados y presiones acumulativas que no reconocen límites administrativos. En ese marco, el SBAP también estrenó una faceta que suele generar especial atención en regiones: la fiscalización y el procedimiento sancionatorio. El plan considera denuncias por escrito u oficios, además de programas anuales de revisión, lo que instala una señal clara hacia actividades que impacten ecosistemas o incumplan condiciones en áreas protegidas. Más que un cambio de discurso, es un cambio de herramientas, porque el nuevo El Longino Soy del norte. servicio suma facultades para inspeccionar y perseguir infracciones vinculadas al daño a la biodiversidad. Otro eje de alta sensibilidad es la relación con la conservación privada.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas contempla supervisar santuarios e iniciativas privadas mediante un proceso de homologación: se verificará si cumplen requisitos para integrar alguna categoría de área protegida y, de ser así, podrán incorporarse voluntariamente durante los próximos cinco años. Una vez dentro, la administración seguirá en manos de los propietarios, pero con supervisión del servicio, apoyo técnico y la facultad de ingresar a los terrenos para labores de inspección. En términos ambientales, el mensaje es doble: se busca ampliar cobertura de conservación con actores privados, pero también elevar estándares y trazabilidad de compromisos.
La llegada del SBAP se produce, además, en medio de un debate que tensionó al sector público con parte del mundo productivo: la consulta ciudadana impulsada durante 2025 para proteger por ley 99 sitios prioritarios, con alto valor ecológico y distintos de las áreas protegidas tradicionales.
En ese proceso emergieron críticas desde sectores inmobiliarios y mineros, que apuntaron a falta de reglamentación y a la presencia de instalaciones mineras en esos polígonos, instalando una discusión de fondo sobre certeza jurídica, criterios técnicos y gradualidad en las definiciones. En el plano operativo, el SBAP también se definió como un servicio de coordinación.
El propio diseño contempla trabajo con otros organismos públicos y equipos técnicos, entre ellos el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), además de instancias con asesoría científica, academia y actores de conservación no gubernamentales, incorporando igualmente al mundo productivo y a la ciudadanía en espacios de Lunes 2 de Febrero de 2026 articulación. La idea fuerza es que proteger biodiversidad ya no puede depender de esfuerzos aislados: requiere información compartida, metas medibles y una gobernanza capaz de anticipar conflictos antes de que escalen. Con su debut operativo, el SBAP abre un nuevo ciclo para la gestión ambiental en Chile: más orden institucional, mayor alcance territorial y un marco de fiscalización más robusto.
Pero el éxito no se medirá por la fecha de inicio, sino por la capacidad de convertir esa arquitectura en resultados: áreas protegidas con manejo real, instrumentos de conservación que funcionen fuera de los parques, coordinación efectiva con servicios sectoriales y una implementación que logre equilibrar protección ambiental, participación local y certezas para el desarrollo. FAD/Ma eld Baeza.
SBAP inició operaciones ayer 1 de febrero y unifica la protección de la biodiversidad en un solo servicio Tras 13 años de tramitación legislativa, el nuevo organismo comenzó su despliegue operativo con el desafío de ordenar la dispersión institucional, administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y activar instrumentos de conservación y fiscalización e