Alejandro Gil tiene prohibición de acercarse a Clínica Las Condes
Formalización fue esta mañana CS Juzgado acogió una cautelar solicitada por los querellantes que restringe el acceso del empresario a CLC, salvo para acceder a tratamientos. Felipe O'Ryan erca de las 10:45 de esta mañana y provisto de una mascarilla, llegó al Centro de Justicia el presidente de Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil. El empresario llegó acompañado de su abogado, Álvaro Cofré, y de un grupo de asesores de confianza destinados a resguardar su seguridad en su audiencia de formalización. En su ingreso a la explanada del recinto de Avenida Pedro Montt, no emitió declaraciones y en todo momento fue resguardado por sus acompañantes.
El empresario, pareja de una de las mayores accionistas de Falabella, María Cecilia Karlezi, es acusado por el eventual delito de apropiación indebida entre los años 2021 y 2024 y pesan más de 15 querellas en su contra.
Las acciones penales fueron presentadas por un grupo de exmédicos de la clínica y están dirigidas contra Gil, contra CLC, su exgerente general Ignacio Tapia Hortuvia y todos aquellos que resulten responsables de estos supuestos delitos. Fiscal relata los hechos icio dela audiencia, la fiscal Karin Naranjo narró los hechos por los cuales se investiga a Gil, mientras él escuchaba atentamente la intervención. Describió la adquisición de CLC por parte de sociedades ligadas a Cecilia Karlezi en 2019.
Además, explicó que Gil, siendo presidente de la empresa, también ha ejercido una función ejecutiva "al pasar todas las decis nes importantes por él”. De hecho hay fondos correspondientes a 2021 que no han sido pagados", Karin Naranjo, fiscal del caso.
La representante del Ministerio Público comentó al Juzgado de Garantía que "la clínica no dio cumplimiento al pago de las demás prestaciones de salud que debía hacerse en 30 días de la recaudación de los fondos (... ) de hecho hay fondos correspondientes a 2021 que no han sido pagados", expuso la abogada, que solicitó coAA TO] mo medidas cautelares firma mensual y arraigo nacional y, en cuanto al plazo de investigación, se determinaron 8 meses. Durante ese tiempo, además el empresario no podrá acercarse a la clínica en una medida cautelar pedida por los querellantes. Solo podrá hacerlo para tratamientos médicos.
Tras el relato de Naranjo, el abogado defensor comentó que "Gil no tiene facultades para actuar como si fuera dueño absoluto de la clínica, ni firma todo", y agregó que "el señor Gil se limita a firmar (junto a otro director) las planillas por honorarios de doctores” El caso comenzó luego de la masiva salida de doctores de la institución de saFOTOS: CLAUDIO COBJES lud tras una serie de modificaciones que realizó la dirección de Gil tiempo después de llegar al control de esta.
Cabe recordar que en 2019, Karlezi tomó el control de CLC tras obtener el 50,052 % de sus acciones en una OPA, En septiembre de 2022, los médicos Javier del Río Alonso y Joaquín Lara Giménez interpusieron una querella por el supuesto no pago de honorarios.
Sostienen que se vulneró el mandato que las sociedades médicas de ambos facultativos habían otorgado al recinto, al no cobrar la totalidad de las prestaciones realizadas en el lugar, además de pagarles en menores fracciones o parciales con el objetivo, denunciaron, de apropiarse de los recursos pagados por las aseguradoras y pacientes. De acuerdo a las acusaciones de los facultativos, en el caso de la Sociedad Médica L.A.
SpA, representada por Lara Gi ménez, la clínica le adeudaría más de $250 millones; mientras que en el de la sociedad Servicios Médicos y Financieros del Río Ibáñez SpA, representada por Del Río Alonso, se le adeudarían más de $100 millones.
Tras salir de la sociedad, dice la querella, por estas razones, se acusa el no pago de una serie de prestaciones adeudadas por CLC a los profesionales, “con el claro objetivo de apropiarse de los dineros cobrados a las aseguradoras y pacientes, para poder afrontar el conocido escenario financiero desfavorable que presenta la clínica", dicen los textos, Ambos doctores son asesorados por Patricio Fernández y Pamela Contreras, socios del estudio Healthlegal £ Compliance, quienes también representan a otros 12 otorrinos, traumatólogos y cirujanos plásticos. "Acá se va a formalizar por el delito de apropiación indebida de dineros provenientes de honorarios médicos que no se pagaron y fueron retenidos por la clínica, por trabajos, como operaciones, que los médicos realizaron", comentó Fernández, quien agregó que los montos en cuestión podrían superar los $2.000 millones, considerando todos los médicos querellados por apropiación indebida en esta causa.