Autor: Diego Bravo

“Cuando ha habido vulneración de los padres y no se hacen cargo, exigirle al Estado es simple”
“Cuando ha habido vulneración de los padres y no se hacen cargo, exigirle al Estado es simple” Erick Amigo, director regional del Servicio Mejor Niñez, tras la orden de arresto en su contra:En los últimos días, Erick Amigo ha tenido que sortear una orden de arresto en su contra por la responsabilidad del cargo: director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia.
El hecho ocurrió por un desacato emanado desde los tribunales de Familia, que ordenaron que el servicio costeara el tratamiento de una adolescente de 17 años internada en el Hospital Clínico de Magallanes, producto de una condición psiquiátrica compleja y difícilmente tratable en esta parte del país. Aunque el director aclara rápido que “a veces lo mediático genera más atracción que los problemas reales que se enfrentan en estos estados de desarrollo en niños, niñas y adolescentes.
Y a veces se malinterpretan los roles que se asumen en esto, en mi caso, de director regional”. Pero la orden de arresto quedó en nada, pues se acogió en la Corte de Apelaciones de no innovar. En paralelo, hay presentados otros dos que dicen relación con la vulneración de derechos misma a la que ha sido sometida la menor: abuso sexual, maltrato, policonsumo de drogas y explotación sexual. “ N o p o d e m o s financiar”“Hemos dado las explicaciones donde corresponden, que ha sido lo mandatado por tribunales. Pero ocurre lo siguiente: la adolescente, que ha sufrido grandes vulneraciones, está adscrita a unproyecto ambulatorio, el PEE (Programa de Explotación Sexual), dirigido por la ONG Raíces. Sus cuidados están legalmente bajo la madre, no bajo nuestra responsabilidad. Normalmente los cuidados nuestros están vinculados a todo el sistema de acogida que tenemos, ya sean las familias de acogida o el sistema residencial, que es una instancia de último ratio, como dicen los abogados. Es decir, no está bajo nuestros cuidados legales. En ese contexto, nosotros legalmente no podemos financiar lo que están pidiendo”, explicó Amigo. El tribunal instruyó financiar el ingreso de la joven a la Clínica Psiquiátrica Los Tiempos, de hospitalización las 24 horas, los siete días de la semana. El costo anual de ello superaría los $300 millones.
Algo que también va más allá del bolsillo de la madre, quien es la responsable legal de la menor. ¿No pueden financiarlo porque no está bajo su cuidado o porque excede las competencias del servicio?“Las competencias están limitadas, porque tenemos que desarrollar los cuidados específicos de aquellos que el mismo tribunal ha mandatado que cuidemos en nuestros espacios, que son los centros residenciales y las familias de acogida. Ellos están bajo nuestro cuidado. En concreto, no es que no queramos.
Entendemos la situación de vulnerabilidad, la preocupación de la madre, sabemos que hay una suerte de desesperación en ello, que ocurre con todas las familias, peroa d a z i l a i c e p s e n ó i c c e t o r p e d o i c i v r e seso excede nuestras competencias. Por lo tanto, lo que corresponde acá es apelar al intersector. Nosotros, tal como lo dice nuestro nombre, somos un servicio de protección: tenemos que tomar las medidas proteccionales de los chicos. En este caso, es un problema de consumo y de salud mental. Ella sufrió graves vulneraciones. Nos gustaría generar otras alternativas, pero legalmente no podemos llevarla a un centro privado. Legalmente, estamos impedidos de hacerlo”. ¿A qué se refiere con el intersector?“A los otros organismos del Estado que, por Ley de Garantías, están comprometidos a apoyarnos. Todo el Estado debe estar disponible.
Por ejemplo, hemos enfrentado situaciones donde hemos requerido posibilitar opciones de vivienda, o mejoramiento o habilitación de viviendas para niños, niñas y adolescentes, y hemos encontrado el apoyo del ministerio de Vivienda en ello; o hemos necesitado atenciones del Servicio de Salud y han estado disponibles para hacerlo”. ¿Y en este caso en particular, en qué piensa?“El problema que tiene es de consumo y salud mental. Por tanto, le corresponde al Servicio de Salud. Estamos trabajando con ellos, levantando una propuesta que esté en el sector público. Primero, tenemos que agotar la oferta pública; cuando eso ya no exista, recién ahí podemos actuar. Y lo podemos hacer nosotros directamente, o a través de los servicios queErick Amigo dirige el Servicio Mejor Niñez en Magallanes. por Ley de Garantía deben colaborar. En este caso, ha habido disposición de todos.
No es una negativa, pero no nos pueden pedir algo de lo que estamos impedidos, que no está en nuestras competencias directas de hacerlo”. Pensando en que la red actual de la adolescente podría ser propicia a la vulneración de sus derechos, ¿el servicio que usted dirige podría tener un rol más activo y tutelarla?“Hemos tenido un rol activo y lo hemos hecho en los programas ambulatorios en los cuales trabaja. No todos están en la red de cuidados directos. Ellos forman parte de PEE que está dedicado a darle todo el apoyo de intervención psicológica, de vinculación con los padres. Ellos tienen un rol activo de parte nuestra, lo que pasa es que nos están pidiendoque nos hagamos cargo de un problema que no es proteccional. Nosotros somos una red específica y no nos pueden entregar la responsabilidad que nos ha entregado por mandato las Oficinas Locales de la Niñez o permanentemente los Tribunales de Familia.
En el intersector hay muchos otros actores que se hacen cargo ya de niños, niñas y adolescentes, como en el caso de Senadis, que tiene programas vinculados a la discapacidad, o en el caso de Senda, que trata los problemas de consumo, etcétera”. “Oferta ha habido” Pensando que en este caso particular, ha habido varias órdenes de costear el tratamiento, ¿estaría fallando o incurriendo la justicia misma al no entender que la orden misma excede las competencias del Servicio?“Todavía tenemos algunos recursos en la Corte de Apelaciones que todavía no han sido resueltos. Hemos respondido a los requerimientos que se han solicitado, el equipo jurídico ha hecho la presentación de los recursos, que son anteriores a la última medida, que implicaba que se me declarara el desacato. Hubo alternativas anteriores: ella estuvo en un centro especial en Valdivia en donde no resultó, no por responsabilidad del centro terapéutico, sino porque la niña no adhirió al tratamiento y no existió la continuidad. Es decir, oferta ha habido.
Entonces la niña se devuelve acá y ahora nos piden, como medida que respeto mucho, porque es una medida desesperada de la familia por buscar una solución, pero es una medida que se levantó a través de tribunales y que no resultó anteriormente”. Continúa en página 6. La autoridad salió a contestar todo sobre el caso de una adolescente, a cargo de su madre, que padece una condición psiquiátrica grave y que la tiene internada en el hospital. Reconoció lo clave de la falta de un centro de salud mental. Erick Amigo, director regional del Servicio Mejor Niñez, tras la orden de arresto en su contra: