Una mala señal para la educación superior
Una mala señal para la educación superior Pese a que el gobierno había dado señales de apertura a modificar algunos de los puntos más cuestionados del proyecto de financiamiento de la educación superior (FES), las indicaciones ingresadas esta semana están lejos de ello.
Días atrás se dio término al plazo para el ingreso de indicaciones al proyecto de ley denominado como FES, esto es, aquel que busca eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), condonando una parte de las deudas estudiantiles, y reemplazarlo por un nuevo sistema de financiamiento estatal que permita seguir entregando recursos a quienes requieren un apoyo para acceder a la educación superior. De este modo, se continúa con su discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que ya había dado su aprobación de la idea de legislar.
Tras una primera revisión de estas indicaciones, se encuentra, por un lado, que el gobierno prácticamente no se aleja de su posición original, incumpliendo con las expectativas creadas previamente por el propio subsecretario de Educación, Victor Orellana, quien en más de una ocasión había manifestado su apertura a escuchar argumentos y, eventualmente, modificar el proyecto en aquellos puntos en los que había recibido los mayores cuestionamientos con tal de avanzar.
Los diputados de oposición, por su parte, principalmente de Chile Vamos, pero también de la Democracia Cristiana, presentaron propuestas que buscan introducir cambios sustantivos a la iniciativa, en línea con las críticas que venían esbozando previamente.
Entre estas, se encuentra, en primer lugar, la prohibición que contiene el proyecto de que quienes se beneficien del nuevo sistema de financiamiento puedan, a su vez, ser objeto de cobros adicionales por parte de la institución de educación superior a la que asisten -copagar-, produciéndose con ello una suerte de fijación estatal de los aranceles y con ello una serie de perjuicios.
Así también, una segunda crítica importante que ha recibido el proyecto y que los diputados pretenden eliminar, es la posibilidad de que los deudores con mayores retornos puedan terminar devolviendo al Fisco una suma muy superior a lo recibido a través del FES, en lo que diversos especialistas han comparado con un impuesto encubierto al trabajo.
No cabe más que lamentar que el gobierno no se allanara a la modificación estos y otros aspectos de fondo que hacen de esta una iniciativa que amenaza no sólo la sostenibilidad financiera de las instituciones y el progreso del sistema de educación superior, sino también que podría terminar sobrecargando a algunos de sus supuestos beneficiarios y, en definitiva, al Fisco -en circunstancias en que las finanzas públicas ya atraviesan por una delicada situación.
Es de esperar que los diputados defiendan las indicaciones que ellos mismos presentaron para hacer frente a estos defectos y que no permitan que este proyecto siga avanzando sin las mejoras que requiere y que el gobierno en algún momento se dispuso, al menos, a discutir. Que los diversos temas que hoy preocupan e interesan legítimamente al país no terminen haciendo que este debate pase desapercibido, pues las consecuencias de no mejorar el proyecto serían tremendamente dañinas.