Autor: J. P. PALACIOS

Menor recaudación fiscal enciende alertas por el bajo rendimiento de la ley antievasión
Menor recaudación fiscal enciende alertas por el bajo rendimiento de la ley antievasión Uno de los debates que marcaron la discusión de la Ley de C u m p l i m i e n t o T r i b u t a r i o (LCT), que impulsó el saliente Gobierno en 2024, fueron las dudas sobre la recaudación proyectada que hubo respecto de la recaudación esperada de 1,5% del PIB en régimen. Ese debate se retomó a inicios de 2025 en el cierre de la tramitación de la reforma previsional en el Senado. Allí se definió que la principal fuente de financiamiento del aumento del monto y la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU) sería la controvertida propuesta antievasión.
Tanto en la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026 como en las últimas semanas, el Ministerio de Hacienda defendió que la normativa que dotó de herramientas más intrusivas al Servicio de Impuestos Internos (SII) sí ha rendido tal como se proyectó en su informe financiero (ver gráfico). Pero con la menor recaudación fiscal de US$ 7.020 millones respecto de lo estimado originalmente para 2025 que terminó influyendo en el elevado déficit estructural de 3,6% del PIB se levantaron alertas por el bajo rendimiento que está teniendo la normativa tributaria.
En su último informe sobre desviaciones fiscales, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) explicó que los ingresos tributarios no mineros proyectados para 2025 incorporaban una estimación de la recaudación por la Ley de Cumplimiento Tributario de 0,37% del PIB (0,27% del PIB por impuesto a la renta, 0,08% del PIB por IVA y 0,02% del PIB en otros impuestos). En esa línea, alertó que las principales líneas en las que se insertan estas estimaciones registraron desvíos significativos respecto de lo proyectado, lo que podría ser un indicio de una recaudación menor que lo previsto por la LCT. Esto, a juicio del CFA, constituye un riesgo para las proyecciones de ingresos de los años siguientes que contemplan una recaudación creciente por esta vía.
La evidencia y las alertas de los expertos El Consejo Fiscal recordó que la evidencia recogida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra que reformas de naturaleza similar que buscan reducir el no pago de impuestos han generado ingresos en torno a 0,5% del PIB, muy por debajo de la meta de recaudación del saliente Gobierno (1,5%). Entre los técnicos también hay dudas respecto de los ingresos esperados por la reforma antievasión.
“La recaudación estimada de la Ley de Cumplimiento Tributario fue puesta en duda incluso por el FMI, en base a la experiencia internacional de este tipo de reformas contra la evasión que dependen de un cambio conductual... Las cifras de los primeros años de aplicación muestran que el del FMI tenía la razón.
Como Colegio de Contadores, expusimos en su momento la debilidad de sustentar estas estimaciones en un informe de evasión poco confiable, que no permitía apuntar la estrategia de combate del fenómeno”, advierte el presidente de la comisión N El recorte de US$ 3.000 mlls. que instruyó Jorge Quiroz Tal como adelantó “El Mercurio” en febrero, el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó al resto de los secretarios de Estado que acompañarán al Presidente electo, José Antonio Kast, que ejecuten el primer ajuste fiscal que realizará el gobierno entrante. Por medio de un “instructivo”, se considera un recorte de gasto de 3% en todas las carteras, que buscará totalizar un ajuste de US$ 3.000 millones durante el primer año de la nueva administración.
El 14 de febrero, Quiroz señaló a “El Mercurio” que la rebaja de recursos este año sería “de al menos... US$ 3.000 millones”. Este monto se suma a los US$ 800 millones que decretó el saliente Ejecutivo para 2026, después de haber informado un tercer desvío consecutivo de la meta de déficit fiscal. El total de ajuste del desembolso que espera impulsar el próximo gobierno es de US$ 6.000 millones. Quiroz ordenó a los ministerios identificar espacios de ahorro en contratos de servicios, asesorías externas, ausentismo laboral y procesos de contratación aún no ejecutados. Las propuestas deberán enviarse a Dipres y a Hacienda antes del 18 de marzo.
Cifuentes advierte que “la menor efectividad de la LCT también impacta en la estimación de ingresos estructurales para el año en curso, que muy probablemente estarán por debajo de la estimación del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025”. El socio líder de CCL Auditores Consultores, Javier Jaque, apunta a problemas en los escenarios que se utilizaron para calcular los ingresos por la ley. “Se dijo en su oportunidad que los supuestos sobre los cuales se hatributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro. La economista Cecilia Cifuentes, docente del ESE Business School de la U. de los Andes, también menciona las alertas que antes se levantaron. “Las cifras muestran que la recaudación no minera está mostrando que la LCT está generando menos ingresos de lo que proyectó el Gobierno.
Desde el inicio hubo un amplio consenso de que la ley, en régimen, no iba a recaudar 1,5% del PIB, siendo más probable un tercio de lo que esperaba el Ejecutivo”, enfatiza. cían los cálculos de recaudación eran en base a situaciones en las que se presumía que iba a haber un desincentivo importante en el proceso de elusión y evasión, y formalidad. A nivel económico, no han estado las señales en esa línea, por ejemplo, con la formalización o con elementos que den cuenta de una mayor presión fiscal relativa a reducir la evasión y elusión. Se pretende llegar a un resultado de menor evasión haciendo lo mismo.
Estos deben ser los elementos por los cuales hay una brecha entre lo que se proyectó y lo que se está recaudando”, explicó. ¿Medidas prudenciales? La LCT estableció que, transcurridos tres años desde la entrada en vigencia de la normativa, el Ministerio de Hacienda deberá contratar una evaluación externa que se pronuncie sobre la implementación y aplicación de las medidas contenidas en la norma. Debe referirse, a lo menos, a su efecto sobre la recaudación fiscal, su impacto en la actividad económica, sus efectos distributivos y el cumplimiento de los compromisos en materia de gastos adquiridos durante la tramitación.
Adicionalmente, la reforma previsional dispuso que si el informe de sostenibilidad de la Ley de Cumplimiento Tributario revelara una menor recaudación que la esperada, no compensada por otras fuentes, la transición en el incremento de la cotización adicional con cargo al empleador podrá extenderse de 9 a 11 años. Autor: J. P. PALACIOS. Hubo desvíos significativos, lo que sería un indicio de ingresos menores que lo previsto por el saliente Ejecutivo. Fallidas proyecciones impactarían en la reforma previsional. ¿Otra meta de la saliente administración que no se cumplirá?