Autor: P. PALACIOS
Se enreda Presupuesto 2025 en el Senado y debate se terminaría zanjando en el TC
Parlamentarios apoyaron norma para que beneficiarios de la PGU queden exentos de contribuciones. Y se mantuvo test de drogas al Presidente y ministros.
Aunque logró aprobar las primeras partidas del Presupuesto 2025 y reponer recursos en programas clave para la seguridad del país, como la Agencia Nacional de Inteligencia (AND), el Gobierno ayer vivió una tensa jornada en la Sala del Senado. La Sala de la Cámara Alta ratificó al menos dos controvertidas indicaciones que venían de la Cámara de Diputados y que el Gobierno busca eliminar del texto del erario porque las considera inadmisibles.
Una de esas enmiendas establece que durante el 2025 los adultos mayores beneficiarios de la PGU podrán solicitar que el avalúo fiscal de sus propiedades sea considerado de $0, lo que implicaría una exención total del pago de contribuciones.
La otra apuntó a mantener la norma que obliga al Presidente de la República, ministros y subsecretarios Los ministros de Segpres, Álvaro Elizalde, y de Hacienda, Mario Marcel, se mostraron molestos con la ratificación de las indicaciones. Ante la ratificación de indicaciones que el Gobierno calificó como inadmisibles: a someterse semestralmente a un control de drogas. Sobre ambas indicaciones, que al ratificarse ya no serían revisadas en un tercer trámite en la Cámara ni en una comisión mixta, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, realizó reserva de constitucionalidad. En términos legislativos, es el paso previo para que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de impugnarlas.
Esas dos últimas votaciones enredaron el ambiente en el Senado, justo en momentos en que el Gobierno estaba avanzando en conversaciones con los parlamentarios para suscribir un nuevo protocolo de acuerdo para destrabar el debate en otras partidas sensibles como Salud y Educación. ¿ Invasión a iniciativa exclusiva? Con 22 votos en contra, todos de la oposición, la Sala del Senado rechazó la propuesta del Ejecutivo de eliminar la enmienda que eximía del pago de contribuciones a adultos mayores beneficiarios de la PGU.
El ministro Marcel alegó que la indicación que venía de la Cámara sería “inadmisible, por tratarse de un tema tributario”, materia que “la Constitución reserva a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República”. Marcel también apuntó a dificultades prácticas que se generarían con la aplicación de esta norma. “Sus autores buscaron que los beneficiarios de la PGU no pagaran contribuciones, pero se hace mediante la reducción del avalúo fiscal a cero.
Eso significa que si alguien tiene como garantía una propiedad y queda con avalúo cero, la garantía pasa a valer nada, significa que si se va a expropiar una propiedad por obras públicas, podría hacerse por cero pesos”, criticó.
Para evitar su ratificación, el ministro llegó a plantear una fórmula alternativa: fijar un tope al pago de las contribuciones: “El Ejecutivo desde ya un tiempo ha venido trabajando en una propuesta que espera presentar en conjunto con otras medidas de carácter tributario, que permita limitar el pago de contribuciones para este grupo importante de pensionados, equivalente a un 10% de sus ingresos.
De tal manera que si la propiedad se excede de los límites en los que está actualmente (sobre $210 millones de avalúo), haya un beneficio que evite que se pague más que esa proporción”. Pese a los esfuerzos de Marcel, la Sala del Senado validó mantener la indicación que exime del pago de contribuciones a adultos mayores. Tras esa adversa votación, Marcel se mostró visiblemente molesto. “Tal como lo señalamos en la Cámara de Diputados, vamos a hacer reserva de constitucionalidad. Considero realmente lamentable que se haya votado a favor de una glosa tan evidentemente inconstitucional como la que estamos analizando, realmente lo lamento mucho”, expresó. La senadora Ximena Rincón (Demócratas) defendió la propuesta: “El aumento de la carga, de las obligaciones a nuestros pensionados adultos mayores se vuelve expropiatoria.
Creo que este es un tema que de una vez por todas tenemos que revisar... Tiene sentido lo que se plantea por medio de esta indicación”. Asimismo, con 27 votos en contra —entre ellos, los de senadores DC y del oficialista Esteban Velásquez—, 12 a favor y 2 abstenciones, se validó mantener la indicación que obliga al Presidente de la República, ministros y subsecretarios a que cada semestre se sometan a un control de drogas.
Si bien desde el Ejecutivo no se cerraron a la implementación de estos exámenes, advirtieron que incluir esta medida en la Ley de Presupuestos no es la “forma más idónea”. Ante su ratificación, el ministro de Hacienda hizo también reserva de constitucionalidad para acudir al TC.