Problemas de la Ley Lafkenche
Problemas de la Ley Lafkenche L a Ley 20.249 o Lafkenche se está convirtiendo en una barrera significativa para el desarrollo de diversas actividades productivas que van desde el turismo hasta la acuicultura, incluyendo sectores emergentes como la desalinización de aguas. Esta ley, promulgada a inicios de 2008, respondió a la demanda de comunidades mapuche-lafkenches para definir formas jurídicas que reconocieran el derecho de comunidades costeras de pueblos originarios a los espacios que han utilizado consuetudinariamente. Se argumentó, en su momento, que la ausencia de ese reconocimiento afectaba la identidad territorial lafkenche, atentando contra el deber de preservarla. Se trata de una mirada que busca identificar las comunidades con un modo de vida histórico, sin reconocer que ellas evolucionan y que sus integrantes adquieren cada vez más autonomía y formas diversas de desarrollarse. Dicha mirada rígida permeó el debate y, posteriormente, la aplicación de esta ley.
Así, la norma dio origen al concepto de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). Esta es una figura administrativa que le otorga la gestión de un espacio marino delimitado a una comunidad que lo ha solicitado, en la medida en que ella o sus integrantes hayan ejercido su uso consuetudinario. No hay definiciones muy precisas para establecer dicho uso ni la delimitación de los espacios; es, además, difícil extraer algo similar a una jurisprudencia a partir de los ECMPO que ya se han otorgado.
Un punto sí es claro: considerando los espacios concedidos y las solicitudes en tramitación, se llega a una cifra cercana a los 40 mil kilómetros cuadrados --el tamaño de la Región de Coquimbo-y es esperable que las peticiones experimenten una aceleración. La solicitud de los ECMPO debe hacerse a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y contar con un informe favorable de la Conadi. Si en el espacio solicitado hay concesiones ya otorgadas, estas deben ser respetadas. Sin embargo, mientras se tramita una solicitud, se suspende toda otra concesión en trámite, y los plazos han demostrado ser excesivos: hasta seis años. Para un sinnúmero de actividades económicas, esta situación introduce una complejidad enorme. Por una parte, se desaprovechan oportunidades, al no haber claridad, por mucho tiempo, respecto de la situación de vastas zonas.
Por otra, actividades que están instaladas y querrían expandirse, con todo lo que ello puede significar para las oportunidades de empleo y de progreso de las personas que habitan esos lugares o sus cercanías --muchas, integrantes de las comunidades que se aspira a proteger--, están imposibilitadas de hacerlo. Así, por ejemplo, de las mil 500 concesiones de acuicultura en tramitación, un 35% están suspendidas por esta razón. Se trata, entonces, de una normativa que pareciera estar destruyendo riqueza sin que sea evidente el valor social que aporta. Es indudable que una nación como la nuestra requiere hacer un reconocimiento sustantivo de sus pueblos originarios. Pero ello debe separarse del intento por recuperar un modo de vida que muy posiblemente se hubiese extinguido en todos los escenarios imaginables. Más aún si ello impide el progreso de los integrantes de esa comunidad, que --todo sugiere-querrían sumarse a los nuevos desarrollos que podrían ocurrir con una ley más flexible. La idea de que hay una sola forma de pertenecer a un grupo específico supone un desconocimiento de la persona y de las formas en que se vive. Aún de manera tímida, en la comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado se está iniciando una revisión de esta norma.
Pequeños cambios que aseguren que los plazos que estableció originalmente la ley para la tramitación de estas solicitudes --12 meses-se cumplan; que definan criterios más precisos para la clasificación de uso consuetudinario, y que delimiten los espacios que se puedan solicitar, aclararían varias de las incertidumbres que está generando esta normativa para nuevas inversiones que el país tanto necesita. Se están perdiendo oportunidades de progreso para los miembros de las mismas comunidades que se busca proteger..