Columnas de Opinión: ¿Quién paga el Ajuste?
Columnas de Opinión: ¿ Quién paga el Ajuste? VANESSA CARRASCO, COMUNICADORA SOCIAL. or estos días se ha instalado con fuerza la idea de que el ajuste fiscal es una necesidad técnica inevitable. Se presenta como P evidencia, como responsabilidad, como sentido común. Pero cuando se revisan los antecedentes, incluido el propio instructivo oficial del Ministerio de Hacienda, lo que aparece no es un diagnóstico incuestionable, sino una decisión política presentada como si no admitiera alternativa. Y eso es problemático. Porque las políticas públicas no son un laboratorio improvisado. Con un país no se experimenta. El instructivo del Plan de Ajuste Fiscal 2026 parte de un diagnóstico conocido: déficit estructural, aumento de la deuda y presión sobre las cuentas fiscales. Pero desde ahí da un salto que no es técnico, sino político: declara que el ajuste es "ineludible" y que debe aplicarse sin excepción a todo el aparato del Estado. Cuando una decisión se presenta como inevitable, se cierra el debate. Y cuando se cierra el debate, lo técnico deja de ser técnico. Más aún, el propio instructivo establece que el ajuste tendrá carácter permanente y que sus efectos se proyectarán hacia los presupuestos futuros. No se trata, por tanto, de una corrección transitoria, sino de una redefinición estructural del tamaño del Estado. Si esto fuera un experimento, ya estaríamos cometiendo el primer error metodológico: intervenir sin diagnóstico completo. Pero las condiciones de vida de las personas no son un ejercicio de laboratorio. Las medidas concretas lo evidencian. Rebaja transversal del gasto público, recortes adicionales obligatorios y, sobre todo, decisiones directas sobre el empleo público: detención de concursos, no renovación de vacantes y prohibición de reemplazos, incluso en situaciones de ausencia laboral. No se presenta como reducción de personal, pero en la práctica lo es. Una reducción silenciosa, sin debate y sin evaluación de impacto. Y aquí aparece el segundo error: alterar variables críticas sin medir efectos. Porque cuando disminuyen las dotaciones en servicios que ya operan al límite, lo que ocurre no es eficiencia. Es sobrecarga. Es deterioro de las condiciones laborales. Es riesgo para la salud de quienes sostienen el funcionamiento del Estado. Y, finalmente, lo más grave: peor atención para las personas. Pero el problema no es solo administrativo. Es también económico. El ajuste implica una reducción significativa del gasto público, del orden de miles de millones de dólares, en una economía que ya crece a tasas moderadas. En términos simples, es una política contractiva. Y apostar a que esa contracción será compensada por inversión privada no es una certeza técnica, es una apuesta. UNA APUESTA DISCUTIBLE. Porque la evidencia muestra que la inversión no depende solo de rebajas tributarias o señales de confianza, sino de expectativas de demanda. Si el Estado se retrae y el consumo se debilita, no hay garantía de que el sector privado llene ese vacío. El resultado puede ser exactamente el contrario: menor dinamismo económico mayor inestabilidad. y Y sin embargo se insiste en que esto es técnico. Más aún, cuando se observa el conjunto de medidas económicas asociadas, emerge una lógica clara: mientras se alivian cargas al capital, los mecanismos de ajuste se concentran en el gasto público y en los hogares. En términos simples, el costo del ajuste no es neutro. Se distribuye. Y se distribuye de manera desigual. Pensar que ese camino es puramente técnico es desconocer su dimensión política. No es solo un ajuste fiscal. Es una forma de definir quién financia el funcionamiento del Estado y quién asume los costos del equilibrio fiscal. El contraste con otros ámbitos del propio Estado es evidente. En la implementación de la reducción de la jornada laboral, por ejemplo, se ha seguido una lógica gradual, con reglas claras y resguardo de la certeza jurídica. Hay método, progresividad y consistencia normativa. Aquí no. Aquí lo que hay es una decisión política presentada como inevitable. Una mirada sobre el Estado que busca reducirlo, no porque la evidencia lo exija, sino porque así se concibe su rol. Y ese es el error más profundo: confundir convicción con evidencia. El problema no es discutir el tamaño del Estado. Ese es un debate legítimo. El problema es disfrazar ese debate como si fuera una conclusión técnica incuestionable. Porque cuando eso ocurre, se elimina el espacio para deliberar. Pero ese debate existe. Y debe darse. Porque un ajuste de estas características no solo afecta balances fiscales. Afecta la continuidad de los servicios, la ejecución de políticas públicas y la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía. Afecta, en definitiva, la vida cotidiana de las personas. En ciencia, cuando una hipótesis no está suficientemente respaldada, no se escala. Se prueba, se contrasta, se corrige. Lo contrario no es responsabilidad fiscal. Es ensayo y error. Y un país no es el lugar para equivocarse así. POR PABLO ZENTENO, EX DIRECTOR DEL TRABAJO, SOCIOS DE ZENTENO & ZENTENO ASOCIADOS. En política pública debiera ocurrir lo mismo.. POR PABLO ZENTENO, EX DIRECTOR DEL TRABAJO, SOCIOS DE ZENTENO & ZENTENO ASOCIADOS. En política pública debiera ocurrir lo mismo.