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2019 biental, la cual ya está bastante fragilizada”, concluyó Cuenca. Desafíos desde la academiaAun así, este tipo de herramientas tiene buena llegada con la academia, sobre todo, económica. Desde donde proyectan desafíos a la futura moción. Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), el docente, Dr.
Cristian Guzmán, aseveró que “más que tener una taxonomía para la región del Biobío, ya que la propuesta es tener una definición nacional, lo relevante es mirar en qué actividades económicas de la Región es más relevante.
Y en ello vemos que están el sector de la manufactura, pesca y acuicultura, como también los suministros de agua y electricidad”. “El ordenamiento debe ser en reunión de la relevancia de estas actividades en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) de la Región, el nivel de empleo que tiene, como también, los encadenamientos productivos que tenemos. Esta información se puede cruzar con el Plan de Fortalecimiento Industrial que ya define potenciar el sector manufacturero, pesca, hidrógeno, industria agroalimentaria. Lo relevante es que la taxonomía sea una herramienta para las decisiones y no una decisión más”, aclaró el docente. La iniciativa, según el Dr. Guzmán, es una buena herramienta ya que estandariza la información sobre cómo desarrollar inversiones sostenibles y además, genera más información para los procesos de decisión de inversión. Dentro de una lógica similar, el profesor miembro del Departamento de Administración de la FACEA de la Universidad de Concepción, Dr.
Ariel Yévenes, aseveró que “sistema de clasificación que ayude a clarificar y clasificar qué inversiones y actividades económicas son sostenibles resulta interesante y útil en contextos que requieren clarificación de inversiones”. No obstante, el académico UdeC, consideró que “la problemática que se puede generar al respecto es la necesidad de establecer paralelamente un sistema que normalice el proceso de actualización permanente.
Ello, toda vez que en la actualidad la economía y los mercados son ámbitos sociales esencialmente dinámicos y muy cambiantes, incluso en periodos de corto plazo, donde se emergen nuevas actividades que no necesariamente serían potencialmente consideradas en la clasificación inicial”, expresó Yévenes.
Dicho lo anterior, el economista explicó que “una forma de poder atender a lo anterior es generar una clasificación lo suficientemente flexible y amplia, para no generar información muy parcial, excluyente o incompleta respecto de las innovaciones que emergen”. “Sin embargo, con mucha amplitud inicial, el objetivo de generar información específica lo suficientemente íntegra y estratégica respecto de inversiones concretas y coyunturales, puede perderse en su efecto clarificador que se busca”, concluyó. OPINIONESTwitter @DiarioConce contacto@diarioconcepcion.cl Viene de pág. 13para sectores productivos como para los sectores financieros.
En ese sentido, las empresas que se puedan clasificar dentro de la taxonomía estipulada, “fomentará la eficiencia en los mercados mediante un lenguaje común y que además, tiene una base científica. (... ) Actualmente no existe una clasificación de este tipo, de modo que nos servirá para identificar qué proyectos de inversión son sostenibles medioambientalmente y también permite al sector productivo que está haciendo inversiones en sostenibilidad acceder al financiamiento y oportunidades que vayan orientada hacia una inversión verde”, agregó el representante de Hacienda en el Biobío. Confianza ceroEn relación con el proceso de participación ciudadana, organizaciones medioambientales critican la falta de información y poca divulgación del anteproyecto. Asimismo, observan que el ente estatal, relativo a medioambiente debiese pronunciarse más en profundidad al respecto.
De esa forma, Martín Sanzana, integrante de la Articulación de Organizaciones Socio ambientales del Biobío, aseveró que “actualmente, los ministerios del área económica están siendo muy activos en asumir políticas medioambientales o instrumentos medioambientales”; situación que según su postura, no necesariamente debería ser así. “Observemos por ejemplo, la situación del Plan de Fortalecimiento Industrial (PFI) del Biobío. Es una iniciativa del Ministerio de Economía, pero no es posible que un ente de esa categoría, defina qué es sustentabilidad medioambiental”, comentó.
Para Sanzana, “la herramienta podría ser una herramienta útil, pero también podría ser una puerta para saltarse las evaluaciones y definir de antemano por secretaría, la sostenibilidad de actividades que no corresponden, por ejemplo la agricultura, la horticultura, que si bien, puede ser sostenible, pero si es muy intensiva y usa mucho químico o introduce variedades transgénicas, entonces no es sostenible.
Son muchos los matices que hay que observar en el avance de este tipo de proyectos”. El medioambientalista identificó tres puntos clave para la consulta: la participación más activa del Ministerio de Medio Ambiente, el aporte de información científica desde la academia y la garantía de que las opiniones ciudadanas sean consideradas.
En una línea similar, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), afirmó que la poca divulga-fue el año en que durante el gobierno de Sebastián Piñera, se iniciaron gestiones para establecer un Acuerdo Verde, idea que más tarde derivó en la Hoja de Ruta para una Taxonomía en Chile. ción de información junto al acotado plazo para ingresar observaciones es un punto de crítica del proceso. “Con la cantidad de desinformación que hay, en realidad no debiera ser una consulta que legitime nada, porque se convoca sobre la marcha. El Ministerio de Hacienda sacó un comunicado convocando a esto el 2 de enero, pero en ese momento ya está corriendo el plazo de la consulta.
Por lo tanto, desde que la gente se informa, sabe de qué estamos hablando, lee la documentación generada y las posibilidades de ejercer una participación sustantiva en estos procesos, realmente es dudoso”, agregó el director de OLCA. Además, también observa como problemático que entidades estatales, meramente financieras, adhieran a temáticas medioambientales. “Todos estos proyectos, tenemos que ponerlos en el contexto en el que se está buscando desregular la normativa ambiental, con este discurso de la permisología.
A la fecha, hay dos proyectos de ley que están tratando de desregular el sistema normativo de la institucionalidad ambiental y que aparezcan este tipo de propuestas es para debilitar aún más la institucionalidad am-. FOTO: CC.