Temor a denunciar
Señor Director: Según el Ministerio Público, en 2024 el 62% de los ingresos por delitos corresponden a imputados desconocidos. Sin perjuicio de la explicación de dicha agencia estatal, es posible imaginar dos causas alarmantes para ello. La primera es que los chilenos están menos dispuestos a identificar o denunciar a los sospechosos. Esto demuestra la falta de confianza en el sistema de persecución penal. Si los testigos no creen que denunciar tenga algún resultado, no colaborarán con la investigación. La segunda es más alarmante. Pues tras los imputados desconocidos, podría estar el crimen organizado que causa temor a represalias en potenciales testigos. No se debe olvidar que las medidas cautelares y las condenas dependen de la calidad de las pruebas del Ministerio Público y las policías. Con pruebas fidedignas se obtienen condenas. Con escasa evidencia, no se condenas. Es clave que la ciudadanía recupere la confianza en la capacidad del sistema para castigar delitos, graves y comunes. Si se recupera la credibilidad en el sistema judicial, la colaboración aumentará. Ciertamente ningún sistema puede castigar todos los delitos, pero la sociedad debe percibir un Estado sancionando a quienes violen la ley. Este objetivo se obtendrá; uno empleando tecnologías de la información para prevenir delitos. También aumentando la inversión pública para enfrentar al crimen organizado; un fenómeno antiguo mundial. En este aprendizaje de experiencias internacionales deben involucrarse todos los poderes del Estado. El Legislativo debe resistir el canto de las sirenas y aportar con legislación que —conforme la evidencia— tenga efectos favorables con perspectiva de largo plazo; aunque ello no sea rentable electoralmente. El Poder Judicial debe intensificar el intercambio de experiencias con jueces de otros paises. Y el Ejecutivo debe desarrollar iniciativas para mejorar la problemática en inteligencia. El éxito de la estrategia del crimen organizado es hacernos sentir solos. Así, la única forma de derrotarlos es que sepan que estamos unidos como sociedad para enfrentar este cruel flagelo. Antonio Leiva Académico Facultad de Derecho de la U. Andrés Bello