Fortalecimiento de la Seguridad Ante Incremento Delictual
A lo largo de todo el país, particularmente en la zona norte centro del país, se ha implementado una serie de medidas de seguridad intensificadas, incluyendo la instalación de torniquetes, detectores de metales y la realización de controles de identidad.
Estas acciones son una respuesta directa a los recientes incidentes de violencia que han afectado la zona, destacando la creciente preocupación por la seguridad que persiste los entre comerciantes y visitantes al lugares de locales concentración de comerciales. La adopción de estas medidas coincide con la publicación de la última encuesta de Criteria, que indica que la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía chilena.
El escenario delictual en Chile ha experimentado varias transformaciones a lo largo de la última década, marcada por una disminución general en los delitos de mayor connotación social (DMCS), pero también por un cambio en la naturaleza de estos crímenes, volviéndose más violentos y sofisticados.
Según un análisis reciente del Centro de Estudios y Análisis de Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los DMCS incluyen delitos graves como homicidios, hurtos, lesiones, robos con fuerza, robos con violencia o intimidación, robo de vehículo motorizado, robo en lugar habitado y no habitado, y violaciones. Entre 2014 y 2023, la tasa de estos delitos ha caído un 25,2%, pasando de 3.452 a 2.581,6 delitos por cada 100 mil habitantes. Esta disminución es significativa, pero oculta cambios en la composición delictual que preocupan a las autoridades y expertos. Por parte de Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago y exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, comenta que, aunque hay una disminución general, la delincuencia ha evolucionado hacia actos más violentos. “Hemos observado un aumento en delitos más agresivos y sofisticados, lo que refleja una delincuencia más dura que se está desarrollando en el país”, explica Araya. Este cambio ha sidoinfluenciado también por eventos extraordinarios como la pandemia de Covid-19, que trajo consigo una reducción tempral en la incidencia delictiva debido a las restricciones de movilidad. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, señala que, aunque los delitos disminuyeron dramáticamente en 2020, esta tendencia comenzó a revertirse en 2021, y para 2023, los niveles volvieron a ser similares a los pre-pandemia. Los expertos también resaltan el incremento preocupante en ciertos tipos de DMCS, especialmente los homicidios, que han visto un aumento del 60% desde 2014.
Hugo Frühling, académico de la facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, sugiere que este aumento puede estar relacionado con la llegada y el fortalecimiento de bandas criminales organizadas, lo que ha cambiado el panorama delictivo, especialmente en regiones del norte como Arica y Parinacota y Tarapacá.
En respuesta a estos desafíos, los centros comerciales y coordinado con las cámaras de comerciomayoristas y minoristas del país, ha decidido tomar medidas proactivas para proteger a sus usuarios y reflejando una tendencia más amplia la comerciantes, hacia implementación de políticas de seguridad más estrictas en espacios públicos y privados a lo largo del país. Estas iniciativas no solo buscan disuadir los delitos, sino también ofrecer un entorno más seguro y confiable para la realización de actividades comerciales y sociales.
MIGRACIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINAA nivel nacional, un reciente reporte del Centro de Estudios Públicos, titulado “Inmigración y delincuencia: últimas cifras”, estableció la dificultad metodológica para analizar empíricamente el nexo entre la población migrante y la criminalidad, debido a que no todos los ilícitos son reportados a las autoridades policiales y a que esta vinculación también estaría supeditada a factores etarios, educacionales, económicos, socioculturales y de género. 2017 y 2022, el factor de representación de extranjeros condenados e imputados creció en un 7 y un 36%, respectivamente.
Conforme al Reporte 2023 de la organización “Global Initiative against Transnational Organized Crime”, el crimen organizado opera en Chile a partir de redes criminales descentralizadas, que se han expandido producto de la crisis migratoria desatada en la frontera norte del país. En el plano regional, en tanto, según la Organización Internacional para las Migraciones, Latinoamérica exhibe a la fecha tasas de homicidio de 18 por cada 100 mil habitantes, que triplican el promedio mundial. Además, la mitad de los homicidios totales en la región están vinculados al crimen organizado, cifra que supera al 24% correspondiente al índice global.
En esta misma línea, el tráfico de personas se ha constituido en una de las actividades ilícitas más rentables para los grupos criminales transnacionales, dado su bajo nivel de riesgo y alta rentabilidad, que les estaría llevando a percibir ingresos de alrededor de 7 mil millones de dólares anuales por la entrada de migrantes desde países latinoamericanos y caribeños a Estados Unidos.
En Argentina existen grupos criminales activos en zonas fronterizas, que se dedican al tráfico de armas, así como al contrabando de cocaína y otras drogas ilícitas, estando ligados estrechamente con referentes transnacionales mexicanos, colombianos y brasileños.
Tal como en el caso trasandino, también en Brasil operan mafias italianas, mientras los grupos migrantes ilegales tienen por principales zonas de despliegue la llamada “Triple Frontera” y la región amazónica, donde se dedican al transporte de cocaína.
Respecto a Perú, las principales redes criminales extranjeras proceden de Serbia, Colombia y México, concentrando su actuar en Lima y la Provincia Constitucional del Callao, desde donde procesan y transportan cocaína hacia áreas fronterizas y hacia Europa. De igual forma, existen redes venezolanas vinculadas a la trata de seres humanos y a la explotación sexual, que operan enconjunto con cárteles colombianos, mexicanos y ecuatorianos.
REALIDAD NACIONALSegún los resultados de la encuesta “CASEN 2022”, el total de inmigrantes a nivel país se multiplicó casi nueve veces entre 2006 y 2022, pasando a representar desde un 1 a un 8,8% de la población (Servicio Nacional de Migraciones, 2024). En cuanto al eventual vínculo entre este segmento de personas y la criminalidad, en el caso chileno, un reciente reporte del Centro de Estudios Públicos, titulado “Inmigración y delincuencia: últimas cifras”, estableció la dificultad metodológica para analizar empíricamente este nexo, debido a que no todos los ilícitos son reportados a las autoridades policiales y a que esta vinculación también estaría supeditada a factores etarios, educacionales, económicos, socioculturales y de género.
Citando a autores como Blanco et al., el mismo documento sostiene que, si bien algunas investigaciones han arrojado una relación positiva entre el fenómeno migratorio y la tasa delictual, la principal evidencia hablaría de un vínculo causal negativo o nulo.
Según las últimas cifras oficiales disponibles, el porcentaje de población penal extranjera subió de un 7,2% en 2017 a un 9,6% en 2021, año en que la tasa de inmigrantes en el país alcanzó el 7,5%. De igual modo, entre 2012 y 2021 la proporción de reclusos foráneos imputados en el país subió de un 43 a un 63%; mientras entre 2017 y 2022, el factor de representación de extranjeros condenados e imputados creció en un 7 y un 36%, respectivamente. Respecto al tipo de delitos, más de un tercio de los extranjeros fueron condenados por la Ley de Drogas en 2022, en contraste con el 7,3% de los ciudadanos nacionales.
Sin embargo, la participación de las condenas por delitos de droga dentro de la comunidad extranjera ha venido decreciendo progresivamente, al pasar desde un 54% en 2017 a un 34% en 2022; lo mismo que a nivel de imputados, con una caída desde un 25 a un 12%, en similar períodoSegún las últimas cifras oficiales disponibles, el porcentaje de población penal extranjera subió de un 7,2% en 2017 a un 9,6% en 2021, año en que la tasa de inmigrantes en el país alcanzó el 7,5%. De igual modo, entre 2012 y 2021 la proporción de reclusos foráneos imputados en el país subió de un 43 a un 63%; mientras entre.
En respuesta a los recientes hechos de violencia, los estamentos comerciales adoptan torniquetes, detectores de metales y controles de identidad, reflejando un esfuerzo coordinado para aumentar la seguridad en medio de un contexto de delincuencia cambiante y preocupante en Chile.