Una Constitución para el desarrollo
La propuesta constitucional que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre contempla un conjunto de normas en distintos ámbitos, varias de las cuales sentarán las bases para el funcionamiento de nuestra economía en los próximos años. Hay muchos aspectos positivos en esta propuesta, especialmente respecto de tres pilares claves para el desarrollo económico y social: la responsabilidad fiscal, la autonomía del Banco Central y el resguardo de los derechos de propiedad.
En materia de política fiscal y de políticas públicas, el texto mantiene aspectos que han permitido al país tener un manejo responsable de sus recursos por décadas, incorpora elementos de modernización del Estado e innova en otros que permiten fortalecer este pilar. Se reconoce la importancia de usar bien los recursos del Estado, al establecer que el avance en derechos sociales será progresivo y sujeto al principio de responsabilidad fiscal.
Asimismo, resguarda la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gastos, impuestos, endeudamiento y seguridad social, necesaria para mantener el control de la política fiscal y no generar incentivos para el uso de esta herramienta con fines electorales o partidistas.
En tercer lugar, crea un Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas con la misión de resguardar la calidad y eficacia de la legislación, para modificar o derogar leyes o reglamentos que no cumplan con sus objetivos. Este es un importante avance respecto de la Constitución actual. Junto con la responsabilidad fiscal, la estabilidad de precios y del mercado financiero es clave para el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas. Aquí el texto constitucional mantiene la autonomía y los objetivos del Banco Central, y la imposibilidad de que financie al sector público. Además, permite la compra y venta de bonos de gobierno en el mercado secundario en circunstancias excepcionales, siempre que lo apoyen al menos cuatro de los cinco consejeros. En general, es un texto adecuado para que el Banco Central siga cumpliendo con sus objetivos como lo ha hecho hasta ahora.
En tercer lugar, la propuesta de texto constitucional resguarda adecuadamente los derechos de propiedad, el derecho de autor y la propiedad intelectual, elementos que han estado en la base del éxito económico de Chile durante las últimas décadas. Sin este resguardo no habría innovación, inversión ni emprendimiento posible. Estos tres elementos no son los únicos en materia económica, pero son fundamentales. Adicionalmente, en materia laboral, el texto garantiza la libertad sindical, la cual comprende el derecho a sindicalización y a huelga en el marco de la negociación colectiva. A su vez, el derecho a la vivienda es acompañado de una norma que exime del pago de contribuciones a la vivienda principal.
Aunque hemos criticado la inclusión de este tema en el texto, para atenuar sus efectos distributivos y presupuestarios, se permiten excepciones legales fundadas en el alto avalúo fiscal de la vivienda y los ingresos del contribuyente y su familia. Finalmente, el texto se hace cargo bien de la inseguridad y la fragmentación política, ambos temas altamente nocivos para el funcionamiento de la economía y el avance de las reformas que el país necesita. La propuesta señala explícitamente el deber del Estado de garantizar una protección efectiva a las personas contra la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado, que no está presente en la Constitución vigente.
Por otro lado, establece como requisito mínimo alcanzar el cinco por ciento de los votos para que los partidos políticos tengan representación en la Cámara de Diputados, excepto que un partido logre sumar ocho parlamentarios en el Congreso Nacional.
En síntesis, el texto propuesto no solo resguarda adecuadamente pilares fundamentales para el desarrollo económico, como son la responsabilidad fiscal, la autonomía del Banco Central y los derechos de propiedad, sino también se hace cargo de dos de las principales amenazas que impiden que el país avance, como son la inseguridad y la fragmentación política. Sin duda, hay aspectos que se podrían mejorar en el futuro tanto en lo económico como en otras áreas.
Pero estamos convencidos de que, en el balance, el texto propuesto resguarda adecuadamente las bases que permitirán a Chile continuar su camino hacia el desarrollo y cerrar este capítulo constitucional, para concentrarnos en construir el país que queremos para las próximas décadas.
Una Constitución para el desarrollo "... en materia de política fiscal y de políticas públicas, el texto mantiene aspectos que han permitido al país tener un manejo responsable de sus recursos por décadas... ". HERMANN GONZÁLEZ B. Coordinador macroeconómico Clapes UC FELIPE LARRAÍN B. Director Clapes UC Profesor titular UC Una Constitución para el desarrollo.