LA SEMANA POLÍTICA
LA SEMANA POLÍTICA Luego de las Fiestas Patrias el país se encamina a los últimos meses del año en medio de una agitada agenda política y judicial, en la que también abundan las promesas de campaña y distintas acusaciones e iniciativas que se superponen unas a otras, en una especie de pelea sin tregua por encontrar un espacio de discusión en el Congreso, en los medios de comunicación y en las redes sociales.
Las próximas semanas estarán marcadas por la salida y formalización del general director de Carabineros por delitos de lesa humanidad y el consiguiente precedente e impacto que puede tener en la tarea de la policía uniformada; la conmemoración del quinto aniversario del estallido (cuya fecha, quién lo diría hace solo algunos años, parece incomodar sobre todo al oficialismo, que sigue sin encontrar un discurso coherente y creíble que le permita hacerse cargo de sus actuaciones y declaraciones cuando era oposición, sin abandonar muchas de sus aspiraciones que quedaron plasmadas en la propuesta de la Convención Constitucional); las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales, en las que difícilmente los sectores de centro y de derecha podrán capitalizar para sí el mayoritario rechazo a la gestión gubernamental; el caso Audio y sus muchas aristas, entre las que está el inicio de la tramitación de una serie de acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema (hay en el Senado, también, procesos de designación de magistrados pendientes y el ministro de Justicia ha anunciado una profunda reforma al sistema de nombramiento de magistrados); y una batería de proyectos que incluyen una Ley de Presupuesto que debiera incorporar un ajuste fiscal que, dadas las últimas cifras económicas, resulta indispensable; la llamada agenda de seguridad, e iniciativas propias de promesas de campaña del Gobierno, como la referida al Crédito con Aval del Estado (CAE) y a la eutanasia, entre otras. Todo ello sin considerar la compleja y controvertida reforma de pensiones, cuya tramitación el Gobierno pretende acelerar antes del receso legislativo.
Más allá del legítimo debate sobre el mérito y oportunidad que puedan tener los diferentes proyectos --el Gobierno hasta ahora ha sido incapaz de establecer siquiera una priorización legislativa coherente con sus discursos y tampoco ha podido presentar iniciativas, como la del CAE, pese a sus reiterados y perentorios anuncios--, la ausencia de la discusión de una reforma al régimen político y electoral es uno de los hechos más notorios y lamentables.
Y es que a la base de muchos de los problemas por los que atraviesa el país está la existencia de un sistema político fallido, que fomenta la atomización y debilidad de los partidos, favorece propuestas populistas y ganancias de corto plazo, dificulta alcanzar amplios acuerdos para abordar con seriedad y carácter técnico los principales problemas que afronta el país, y, en definitiva, genera inestabilidad e ingobernabilidad.
La llamada década perdida en términos de crecimiento del país y merma de expectativas de mejora de la calidad de vida de las personas puede explicarse en parte por esa debilidad institucional, incapaz de hacerse cargo de los nuevos desafíos que se presentan.
LA SEMANA POLÍTICA Agenda ausente A la base de muchos de los problemas por los que atraviesa el país está la existencia de un régimen político y electoral fallido, que fomenta la atomización y debilidad de los partidos, favorece propuestas populistas y ganancias de corto plazo.
Frente a la crisis de credibilidad institucional que muestran las encuestas, que el caso Audio y sus diversas ramificaciones ha agudizado en los últimos meses, poco se ha dicho del impacto que ha tenido en ello la reforma al sistema electoral.
Deterioro político e institucional De otro lado, frente a la crisis de credibilidad institucional que muestran las encuestas, que el caso Audio y sus diversas ramificaciones ha agudizado en los últimos meses, poco se ha dicho del impacto que ha tenido en ello el sistema político y electoral.
Sin perjuicio de las ineludibles responsabilidades personales por los ilícitos que puedan haberse cometido, es indudable que los cambios que se hicieron durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet al sistema electoral han contribuido a un sensible deterioro de la calidad de la política.
La existencia de varios partidos y agrupaciones en el Congreso ha tenido como resultado el que las autoridades tengan que negociar casi con cada uno de los parlamentarios si quieren sacar adelante un proyecto de ley o un determinado nombramiento. Y como es de suponer, varias veces se han visto presionados a ceder en verdaderos chantajes, en que terminan imponiéndose los intereses particulares por sobre el bien común. Esas modificaciones al sistema electoral han sido un factor que ha contribuido a rebajar la acción de la política, produciendo un efecto deletéreo en distintas instituciones. No sería descaminado especular que los mensajes recientemente conocidos sobre los procesos de nombramiento de magistrados son en parte una consecuencia de ello. De ahí que si se quiere avanzar en probidad y fortalecimiento institucional, sea necesario hacer una reforma al sistema político y electoral. El acuerdo alcanzado de forma transversal en la Comisión de Expertos en el último proceso constitucional podría servir como una de las bases para abrir la discusión en el Congreso. Para lograr esta reforma, más allá de las palabras, el impulso del Ejecutivo resulta indispensable.. - -