«Nadie suelta el poder en año de elecciones»
«Nadie suelta el poder en año de elecciones» Por Joaquín López B. Cristóbal Juliá debutó con cuenta pública al mando del Gobierno Regional de Coquimbo con anuncios vistosos y algunos silencios llamativos. Teatro Regional, Mercado del Mar, parques urbanos y transferencia de recursos a Carabineros formaron parte del paquete. Pero más allá de los aplausos internos, el gobernador enfrenta un escenario donde las promesas deben sobrevivir al centralismo, los recortes y la incertidumbre de un año electoral.
En medio de una semana de gestiones en Santiago, Juliá explicó que su viaje tuvo como principal objetivo destrabar proyectos de vivienda, como La Herradura Oriente, y abordar con Carabineros la implementación de un convenio por más de $40 mil millones en cinco años, que incluye, entre otras cosas, una subcomisaría en El Milagro y la adquisición de un helicóptero. También sostuvo reuniones con el Ministerio de Bienes Nacionales por los llamados «loteos brujos», que dificultan inversiones públicas por la informalidad de caminos y accesos. Nada de eso fue parte de su cuenta pública, aunque sí lo fueron otras promesas: «Anunciamos el Teatro Regional, el mejoramiento del borde costero, el Mercado del Mar», afirmó. Todas son obras que, según dijo, tienen un diseño de gestión pensado para articularse con los 15 municipios de la región.
El caso «Nadie suelta el poder en año de elecciones» Gobernador Cristóbal Juliá: Tras su primera cuenta pública, la máxima autoridad regional presentó obras emblemáticas y defendió su gestión frente a las críticas por baja ejecución.
Cuestionó la falta de autonomía regional y advirtió sobre la fragilidad del proyecto «Regiones Más Fuertes». del teatro, en particular, busca replicar el modelo de Frutillar, con apertura tanto a creadores locales como a espectáculos de gran escala. «No tiene colores políticos, no tiene clases sociales. Es algo que la región necesita», aseguró. «UNO NO PUEDE ANDAR VENDIENDO HUMO» Pero no todos los temas fueron tratados con la misma profundidad. Las desaladoras y la ruta D-41, dos de los asuntos más comentados tras su exposición, quedaron fuera.
Consultado por ello, Juliá explicó que ya no son competencia del gobierno regional. «Uno no puede andar vendiendo humo en las cuentas públicas», respondió. «Hay que hablar de cosas concretas y alcanzables». También hubo espacio para retomar el proyecto del Túnel de Agua Negra. A pesar de reconocer que ni el presupuesto ni las atribuciones están hoy disponibles, Juliá se mostró decidido a reactivar el proceso. «Vamos a seguir luchando por el túnel de Agua Negra.
Es fundamental para lograr la integración que la región necesita». Pero el avance, nuevamente, depende de otros. «El Ministerio de Obras Públicas no ha pavimentado un solo centímetro durante toda su gestión», apuntó. ¿Privados? Hasta ahora, ninguno ha tocado la puerta.
Aún no hay certezas sobre la viabilidad del túnel, y el escenario político tampoco ofrece garantías; el proyecto no ha sido priorizado por los últimos gobiernos, y su concreción depende de acuerdos binacionales y voluntad política sostenida más allá de este período. Las voluntades regionales parecen estar, pero la experiencia muestra que no bastan sin compromisos concretos del Ejecutivo.
CIFRAS ROJAS, PROMESAS VERDES En lo financiero, el gobernador relativizó las cifras del primer trimestre, donde la región figuró con la peor ejecución presupuestaria del país con un 6,6%, según el informe de la Subdere. «Estas mediciones son solo fotografías del momento. Lo que importa es cómo llegamos a fin de año», dijo, e insistió con que se trabaja para alcanzar el 100% de ejecución. Acusó también problemas heredados, como una cartera pobre en proyectos y retrasos en compromisos por parte de la DIPRES. Sobre el contexto institucional, no esquivó el impacto del escándalo por la presunta compra irregular de terrenos bajo la gestión anterior. «Todo acto de corrupción daña la fe pública», señaló.
Si bien evitó hacer juicios directos sobre el llamado Papaya Gate, recalcó que el proceso judicial está en curso y serán los tribunales quienes definan el eventual perjuicio fiscal. «Yo tengo alta confianza en que esta nueva camada de políticos vamos a devolver la credibilidad a las personas», afirmó, marcando distancia con el pasado.
Pero si hay un punto donde Juliá no disimula su escepticismo es en la iniciativa presidencial de «Regiones Más Fuertes». A pesar del compromiso público del Ejecutivo de no aplicar nuevos recortes, advierte que ya se han aplicado dos este año. «Es un proyecto pobre, porque no nos da autonomía financiera», criticó, y puso el foco en la falta de una reforma constitucional para asegurar recursos estables. «Nunca es fácil ceder poder. Y en un año electoral, menos». Papaya Gate y la fe pública dañada.