Impacto del robo de cables en Chile
Impacto del robo de cables en Chile Solo durante 2022 se registraron más de 22.000 robos de cables (alrededor de 60 al día), un incremento de más del 80% respecto a 2021. En consecuencia, más de 2 millones de personas quedaron desconectadas de servicios básicos de electricidad o telecomunicaciones ese año. A continuación, se presentan testimonios de expertos y afectados, las medidas que se están tomando para frenar este delito, y un análisis de sus impactos económicos y sociales, con datos recientes y fuentes oficiales. Expertos de la industria eléctrica y de telecomunicaciones alertan sobre el alcance de este delito.
Matías Hepp, director de operaciones de la eléctrica CGE, advierte que el robo de cables “ha experimentado un aumento exponencial en los últimosaños”. Según Hepp, bandas criminales organizadas operan con camiones, camionetas e incluso armamento para sustraer el cobre, atacando reiteradamente los mismos puntos y dificultando su control.
Desde el sector de telecomunicaciones, Natalia Fuentes (gerenta de Seguridad de Movistar Chile) señala su preocupación “no solo como compañía, sino como sociedad”, destacando que estos robos ocurren a lo largo de todo Chile y afectan especialmente a zonas vulnerables del país. Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de la asociación Chile Telcos, describe un “enorme impacto” en clientes particulares, empresas e instituciones, atribuible a bandas delictuales dedicadas al contrabando de cobre que se han extendido a nuevasregiones. Estos expertos coinciden en que nos enfrentamos a un fenómeno delictual complejo, ligado al crimen organizado y de alto impacto nacional. Las comunidades y usuarios finales sufren directamente las consecuencias. De acuerdo con CGE, solo en 2023 442.266 clientes de esa empresa vieron interrumpido suministro su eléctrico por largos períodos debido a estos robos.
Similarmente, en 2022 más de 2 millones de hogares, empresas instituciones quedaron sin e conexión a internet, telefonía o TV a causa del hurto de cables de Los telecomunicaciones. testimonios desde el terreno ilustran el drama: en la región del Biobío, un robo masivo de más de 7,5 km de cable de cobre provocó un apagón de 40horas que afectó a unas 18 mil personas en Laja, San Rosendo y Santa Juana. Durante esa emergencia, hospitales locales debieron operar con generadores y se suspendieron las clases en escuelas y jardines infantiles, mostrando cómo un solo incidente puede paralizar la vida cotidiana de toda una comunidad. Autoridades de la empresa Transelec calificaron ese hecho como “uno de los mayores registrados en nuestro país” recientemente, evidenciando el nivel de gravedad que están alcanzando estos delitos.
En el caso del transporte público, también se han reportado interrupciones: por ejemplo, repetidos robos de cable obligaron a suspender varias veces el servicio del Metro Valparaíso, afectando a miles de usuariosEl robo de cables de cobre se ha convertido en una problemática grave en Chile, con consecuencias amplias en lo económico y lo social. Este delito catalogado como “una verdadera industria delictiva” ha crecido de forma alarmante en los últimos años, alimentado por el alto valor del cobre en el mercado negro. diarios. En síntesis, tanto expertos como ciudadanos afectados coinciden en subrayar las graves repercusiones del robo de cables en la seguridad y calidad de vida en Chile.
MEDIDAS GUBERNAMENTALES Y LEGISLATIVAS EN CURSOFrente al auge de este delito, se han implementado y propuesto diversas medidas gubernamentales, legislativas y de seguridad para combatirlo: Refuerzo legal y aumento de penas: Actualmente está en trámite un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificarexplícitamente el robo de cables y endurecer sus sanciones.
El Congreso ha debatido iniciativas (Boletines 15.416 -7,16.429 -25,16.600 -07, entre otros) orientadas a establecer un estatuto especial similar al del robo de madera, con penas mayores para quienes roben cables o recepten (compren) cobre robado. De hecho, se busca castigar no solo a los ladrones sino también a quienes funden o comercializan cobre de origen ilícito, incluyendo clausuras de negocios involucrados.
Parlamentarios de distintas bancadas han mostrado apoyo transversal a contar con “una buena ley que sancione estos delitos”. Cabe señalarque, bajo la ley vigente, ya se han logrado condenas: solo en 2022 se interpusieron cerca de 5.000 querellas y denuncias por robo de cables, resultando en más de 100 personas condenadas a penas de cárcel (el marco legal actual prevé hasta 5 años de prisión). Coordinación institucional y fiscalización: En marzo de 2025, la Contraloría General de la República inició una fiscalización a nivel nacional, oficiando a ocho organismos entre ellos la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la de Prevención del Delito, Carabineros, PDI, Aduanas, SII, SEC y el Ministerio de Energía para recabar antecedentes sobre el robo y comercio ilegal de cables. Esta auditoría busca evaluar la respuesta del Estado y mejorar la coordinación interinstitucional frente al delito, protegiendo infraestructura crítica y el servicio a miles de hogares.
A nivel regional, también se han formado mesas de trabajo que reúnen a autoridades, fiscales, policías y empresas eléctricas; por ejemplo, en Atacama ya en 2019 se conformó una mesa regional contra el robo de conductores eléctricos, enfocada en prevenir delitos y fomentar la denuncia ciudadana. Más recientemente, ante el incremento de robos en el norte, la Fiscalía Regional de Antofagasta designó un fiscal especializado SACFI dedicado exclusivamente a investigar estos casos en lazona.
Este persecutor agrupará las investigaciones de robos de cables para atacarlos como un fenómeno focalizado, reconociendo que se trata de un delito “en aumento [] protagonizado por grupos organizados” que incluso ocultan el cobre robado para moverlo a otras regiones. Acciones similares de focos investigativos se están desarrollando en otras regiones con alta incidencia, como Biobío. Operativos policiales y control del comercio ilegal: Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han intensificado las operaciones para desarticular bandas dedicadas a este ilícito. Las empresas afectadas colaboran entregando denuncias y antecedentes para identificar a los responsables. Un aspecto clave es atacar la cadena de reducción: autoridades fiscalizan chatarrerías y centros de reciclaje, exigiendo la documentación de procedencia del cobre. Desde 2009 existe la obligación legal de llevar un registro (“acta de procedencia”) de los metales que compran los recicladores, y las nuevas propuestas legislativas buscan clausurar locales que acopien cobre robado. Además, el Gobierno implementó en 2022 la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que incluye al robo de cables como uno de los focos a combatir con un esfuerzo coordinado del Estado. Esta estrategia nacional permite un trabajo conjunto deministerios, policías, fiscalías y aduanas para frenar el tráfico ilícito de cobre. Prevención y denuncia ciudadana: Las empresas eléctricas y de telecomunicaciones han reforzado sus medidas de seguridad en la infraestructura. Durante 2022, el sector aumentó la vigilancia de las redes, incrementó el número de técnicos en terreno y contrató guardias para proteger puntos críticos. También se han adoptado tecnologías de denuncia: por ejemplo, la aplicación móvil SOSAFE incorporó un botón específico para reportar robos de cables, facilitando las denuncias por parte de la comunidad. Asimismo, existen líneas telefónicas dedicadas (como el 800 441 441) para recibir denuncias anónimas. Las autoridades y gremios hacen un llamado constante a la ciudadanía para que reporte tanto el robo de cable como a quienes compren cobre robado.
Otra línea de acción preventiva es la modernización tecnológica: las compañías de telecomunicaciones están migrando sus redes de cobre a fibra óptica, la cual “no tiene valor comercial en su reventa ilegal”. Esta sustitución reduce el incentivo para los robos, dado que la fibra no puede venderse como chatarra. En conjunto, todas estas medidas buscan frenar la ola de robos mediante mayores sanciones, mejor persecución penal y la reducción de lasoportunidades de delito. IMPACTO ECONÓMICO DEL ROBO DE CABLES. El impacto económico del robo de cables en Chile es significativo y multifacético. Por un lado, las empresas de servicios básicos deben asumir elevados costos de reposición de infraestructura. Cada vez que se roba cable, no solo hay que reemplazar el conductor en sí, sino también reparar postes, transformadores u otros equipos dañados en el proceso. La compañía CGE reportó que solo en el primer semestre de 2023 invirtió $3.544 millones de pesos en reponer infraestructura destruida por delincuentes. En un caso puntual en la región de OHiggins, una sola intervención de reparación tras un robo masivo costó alrededor de $500 millones. A nivel país, se estima que en 2022 los robos de cables (eléctricos y de telecomunicaciones) le costaron a las empresas y al Estado “varios millones de dólares” en pérdidas directas. Estos montos incluyen materiales, horas-hombre de las brigadas de emergencia, equipos especializados y medidas adicionales de seguridad. Por otro lado, el robo de cables provoca pérdidas económicas indirectas muy importantes en diversos sectores productivos. Cada corte de energía o de comunicaciones impacta la actividad de empresas y comercios: fábricas deben detenersu producción, el comercio no puede operar sus sistemas electrónicos, y muchas pymes ven mermados sus ingresos. Desde la Asociación de Empresas Eléctricas señalan que la falta de suministro eléctrico debido a estos robos implica “pérdidas [] por no contar con electricidad para pymes y empresas”, afectando la economía local. Servicios financieros y de retail también se ven perjudicados; por ejemplo, los robos en redes de telecomunicaciones dejaron fuera de servicio cajeros automáticos, bancos y oficinas públicas en diversas ocasiones.
Esto no solo interrumpe trancomerciales, sacciones sino que genera gastos imprevistos en medidas de contingencia (como generadores eléctricos o sistemas de respaldo). Además, la inestabilidad del suministro desalienta la inversión en las zonas más afectadas, dado que las empresas enfrentan el riesgo de cortes prolongados.
Organismos oficiales han advertido que estos delitos golpean el desempeño económico regional, pues paralizan actividades industriales y agrícolas cuando las redes eléctricas o de riego resultan saboteadas (especialmente en zonas rurales). En suma, el robo de cables acarrea costos millonarios: desde la reposición física de las redes hasta la pérdida de productividad y de confianza en la continuidad de los servicios, lo que termina repercutiendo en el crecimiento económico y en los bolsillos dela ciudadanía. El robo de cables en Chile es mucho más que la sustracción de metal para lucro ilícito: es un delito que apaga luces, teléfonos y esperanzas de millones de personas. Los testimonios de expertos subrayan que nos enfrentamos a organizaciones criminales especializadas, capaces de dejar a oscuras extensas zonas del país. Las cifras de afectados y los ejemplos concretos desde ciudades sin semáforos hasta pueblos enteros sin energía por días revelan un impacto económico millonario y un costo social incalculable. Afortunadamente, hay acciones en marcha: las autoridades han respondido con propuestas de ley más drásticas, mayor coordinación policial y facilitación de denuncias, mientras las empresas refuerzan sus redes y procedimientos de seguridad. No obstante, los resultados tardarán en materializarse. En el ínterin, cada nuevo corte por robo de cables nos recuerda la urgencia de redoblar esfuerzos para proteger la infraestructura crítica, castigar a los responsables y concientizar a la ciudadanía. Solo mediante una respuesta integral legal, policial, tecnológica y comunitaria se podrá frenar este flagelo que atenta contra el desarrollo y la calidad de vida en Chile.
En definitiva, abordar el robo de cables es prioridad país: está en juego no solo la continuidad de la electricidad o el internet, sino la seguridad y bienestar de las comunidades a lo largo de Chile.. Impacto del robo de cables en Chile Solo durante 2022 se registraron más de 22.000 robos de cables (alrededor de 60 al día), un incremento de más del 80% respecto a 2021. En consecuencia, más de 2 millones de personas quedaron desconectadas de servicios básicos de electricidad o telecomunicaciones ese año. A continuación, se presentan testimonios de expertos y afectados, las medidas que se están tomando para frenar este delito, y un análisis de sus impactos económicos y sociales, con datos recientes y fuentes oficiales. Expertos de la industria eléctrica y de telecomunicaciones alertan sobre el alcance de este delito.
Matías Hepp, director de operaciones de la eléctrica CGE, advierte que el robo de cables “ha experimentado un aumento exponencial en los últimosaños”. Según Hepp, bandas criminales organizadas operan con camiones, camionetas e incluso armamento para sustraer el cobre, atacando reiteradamente los mismos puntos y dificultando su control.
Desde el sector de telecomunicaciones, Natalia Fuentes (gerenta de Seguridad de Movistar Chile) señala su preocupación “no solo como compañía, sino como sociedad”, destacando que estos robos ocurren a lo largo de todo Chile y afectan especialmente a zonas vulnerables del país. Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de la asociación Chile Telcos, describe un “enorme impacto” en clientes particulares, empresas e instituciones, atribuible a bandas delictuales dedicadas al contrabando de cobre que se han extendido a nuevasregiones. Estos expertos coinciden en que nos enfrentamos a un fenómeno delictual complejo, ligado al crimen organizado y de alto impacto nacional. Las comunidades y usuarios finales sufren directamente las consecuencias. De acuerdo con CGE, solo en 2023 442.266 clientes de esa empresa vieron interrumpido suministro su eléctrico por largos períodos debido a estos robos.
Similarmente, en 2022 más de 2 millones de hogares, empresas instituciones quedaron sin e conexión a internet, telefonía o TV a causa del hurto de cables de Los telecomunicaciones. testimonios desde el terreno ilustran el drama: en la región del Biobío, un robo masivo de más de 7,5 km de cable de cobre provocó un apagón de 40horas que afectó a unas 18 mil personas en Laja, San Rosendo y Santa Juana. Durante esa emergencia, hospitales locales debieron operar con generadores y se suspendieron las clases en escuelas y jardines infantiles, mostrando cómo un solo incidente puede paralizar la vida cotidiana de toda una comunidad. Autoridades de la empresa Transelec calificaron ese hecho como “uno de los mayores registrados en nuestro país” recientemente, evidenciando el nivel de gravedad que están alcanzando estos delitos.
En el caso del transporte público, también se han reportado interrupciones: por ejemplo, repetidos robos de cable obligaron a suspender varias veces el servicio del Metro Valparaíso, afectando a miles de usuariosEl robo de cables de cobre se ha convertido en una problemática grave en Chile, con consecuencias amplias en lo económico y lo social. Este delito catalogado como “una verdadera industria delictiva” ha crecido de forma alarmante en los últimos años, alimentado por el alto valor del cobre en el mercado negro. diarios. En síntesis, tanto expertos como ciudadanos afectados coinciden en subrayar las graves repercusiones del robo de cables en la seguridad y calidad de vida en Chile.
MEDIDAS GUBERNAMENTALES Y LEGISLATIVAS EN CURSOFrente al auge de este delito, se han implementado y propuesto diversas medidas gubernamentales, legislativas y de seguridad para combatirlo: Refuerzo legal y aumento de penas: Actualmente está en trámite un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificarexplícitamente el robo de cables y endurecer sus sanciones.
El Congreso ha debatido iniciativas (Boletines 15.416 -7,16.429 -25,16.600 -07, entre otros) orientadas a establecer un estatuto especial similar al del robo de madera, con penas mayores para quienes roben cables o recepten (compren) cobre robado. De hecho, se busca castigar no solo a los ladrones sino también a quienes funden o comercializan cobre de origen ilícito, incluyendo clausuras de negocios involucrados.
Parlamentarios de distintas bancadas han mostrado apoyo transversal a contar con “una buena ley que sancione estos delitos”. Cabe señalarque, bajo la ley vigente, ya se han logrado condenas: solo en 2022 se interpusieron cerca de 5.000 querellas y denuncias por robo de cables, resultando en más de 100 personas condenadas a penas de cárcel (el marco legal actual prevé hasta 5 años de prisión). Coordinación institucional y fiscalización: En marzo de 2025, la Contraloría General de la República inició una fiscalización a nivel nacional, oficiando a ocho organismos entre ellos la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la de Prevención del Delito, Carabineros, PDI, Aduanas, SII, SEC y el Ministerio de Energía para recabar antecedentes sobre el robo y comercio ilegal de cables. Esta auditoría busca evaluar la respuesta del Estado y mejorar la coordinación interinstitucional frente al delito, protegiendo infraestructura crítica y el servicio a miles de hogares.
A nivel regional, también se han formado mesas de trabajo que reúnen a autoridades, fiscales, policías y empresas eléctricas; por ejemplo, en Atacama ya en 2019 se conformó una mesa regional contra el robo de conductores eléctricos, enfocada en prevenir delitos y fomentar la denuncia ciudadana. Más recientemente, ante el incremento de robos en el norte, la Fiscalía Regional de Antofagasta designó un fiscal especializado SACFI dedicado exclusivamente a investigar estos casos en lazona.
Este persecutor agrupará las investigaciones de robos de cables para atacarlos como un fenómeno focalizado, reconociendo que se trata de un delito “en aumento [] protagonizado por grupos organizados” que incluso ocultan el cobre robado para moverlo a otras regiones. Acciones similares de focos investigativos se están desarrollando en otras regiones con alta incidencia, como Biobío. Operativos policiales y control del comercio ilegal: Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) han intensificado las operaciones para desarticular bandas dedicadas a este ilícito. Las empresas afectadas colaboran entregando denuncias y antecedentes para identificar a los responsables. Un aspecto clave es atacar la cadena de reducción: autoridades fiscalizan chatarrerías y centros de reciclaje, exigiendo la documentación de procedencia del cobre. Desde 2009 existe la obligación legal de llevar un registro (“acta de procedencia”) de los metales que compran los recicladores, y las nuevas propuestas legislativas buscan clausurar locales que acopien cobre robado. Además, el Gobierno implementó en 2022 la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que incluye al robo de cables como uno de los focos a combatir con un esfuerzo coordinado del Estado. Esta estrategia nacional permite un trabajo conjunto deministerios, policías, fiscalías y aduanas para frenar el tráfico ilícito de cobre. Prevención y denuncia ciudadana: Las empresas eléctricas y de telecomunicaciones han reforzado sus medidas de seguridad en la infraestructura. Durante 2022, el sector aumentó la vigilancia de las redes, incrementó el número de técnicos en terreno y contrató guardias para proteger puntos críticos. También se han adoptado tecnologías de denuncia: por ejemplo, la aplicación móvil SOSAFE incorporó un botón específico para reportar robos de cables, facilitando las denuncias por parte de la comunidad. Asimismo, existen líneas telefónicas dedicadas (como el 800 441 441) para recibir denuncias anónimas. Las autoridades y gremios hacen un llamado constante a la ciudadanía para que reporte tanto el robo de cable como a quienes compren cobre robado.
Otra línea de acción preventiva es la modernización tecnológica: las compañías de telecomunicaciones están migrando sus redes de cobre a fibra óptica, la cual “no tiene valor comercial en su reventa ilegal”. Esta sustitución reduce el incentivo para los robos, dado que la fibra no puede venderse como chatarra. En conjunto, todas estas medidas buscan frenar la ola de robos mediante mayores sanciones, mejor persecución penal y la reducción de lasoportunidades de delito. IMPACTO ECONÓMICO DEL ROBO DE CABLES. El impacto económico del robo de cables en Chile es significativo y multifacético. Por un lado, las empresas de servicios básicos deben asumir elevados costos de reposición de infraestructura. Cada vez que se roba cable, no solo hay que reemplazar el conductor en sí, sino también reparar postes, transformadores u otros equipos dañados en el proceso. La compañía CGE reportó que solo en el primer semestre de 2023 invirtió $3.544 millones de pesos en reponer infraestructura destruida por delincuentes. En un caso puntual en la región de OHiggins, una sola intervención de reparación tras un robo masivo costó alrededor de $500 millones. A nivel país, se estima que en 2022 los robos de cables (eléctricos y de telecomunicaciones) le costaron a las empresas y al Estado “varios millones de dólares” en pérdidas directas. Estos montos incluyen materiales, horas-hombre de las brigadas de emergencia, equipos especializados y medidas adicionales de seguridad. Por otro lado, el robo de cables provoca pérdidas económicas indirectas muy importantes en diversos sectores productivos. Cada corte de energía o de comunicaciones impacta la actividad de empresas y comercios: fábricas deben detenersu producción, el comercio no puede operar sus sistemas electrónicos, y muchas pymes ven mermados sus ingresos. Desde la Asociación de Empresas Eléctricas señalan que la falta de suministro eléctrico debido a estos robos implica “pérdidas [] por no contar con electricidad para pymes y empresas”, afectando la economía local. Servicios financieros y de retail también se ven perjudicados; por ejemplo, los robos en redes de telecomunicaciones dejaron fuera de servicio cajeros automáticos, bancos y oficinas públicas en diversas ocasiones.
Esto no solo interrumpe trancomerciales, sacciones sino que genera gastos imprevistos en medidas de contingencia (como generadores eléctricos o sistemas de respaldo). Además, la inestabilidad del suministro desalienta la inversión en las zonas más afectadas, dado que las empresas enfrentan el riesgo de cortes prolongados.
Organismos oficiales han advertido que estos delitos golpean el desempeño económico regional, pues paralizan actividades industriales y agrícolas cuando las redes eléctricas o de riego resultan saboteadas (especialmente en zonas rurales). En suma, el robo de cables acarrea costos millonarios: desde la reposición física de las redes hasta la pérdida de productividad y de confianza en la continuidad de los servicios, lo que termina repercutiendo en el crecimiento económico y en los bolsillos dela ciudadanía. El robo de cables en Chile es mucho más que la sustracción de metal para lucro ilícito: es un delito que apaga luces, teléfonos y esperanzas de millones de personas. Los testimonios de expertos subrayan que nos enfrentamos a organizaciones criminales especializadas, capaces de dejar a oscuras extensas zonas del país. Las cifras de afectados y los ejemplos concretos desde ciudades sin semáforos hasta pueblos enteros sin energía por días revelan un impacto económico millonario y un costo social incalculable. Afortunadamente, hay acciones en marcha: las autoridades han respondido con propuestas de ley más drásticas, mayor coordinación policial y facilitación de denuncias, mientras las empresas refuerzan sus redes y procedimientos de seguridad. No obstante, los resultados tardarán en materializarse. En el ínterin, cada nuevo corte por robo de cables nos recuerda la urgencia de redoblar esfuerzos para proteger la infraestructura crítica, castigar a los responsables y concientizar a la ciudadanía. Solo mediante una respuesta integral legal, policial, tecnológica y comunitaria se podrá frenar este flagelo que atenta contra el desarrollo y la calidad de vida en Chile.
En definitiva, abordar el robo de cables es prioridad país: está en juego no solo la continuidad de la electricidad o el internet, sino la seguridad y bienestar de las comunidades a lo largo de Chile..