¿Debe Isabel Allende cesar en el cargo de senadora? Fallo dividido entre 7 expertos
¿ Debe Isabel Allende cesar en el cargo de senadora? Fallo dividido entre 7 expertos Por firmar contrato de venta de casa al fisco ¿ Debe Isabel Allende cesar en el cargo de senadora? Fallo dividido entre 7 expertos Flavio Quezada, Tomás Jordán, Patricio Zapata, Iván Aróstica, Enrique Navarro, Edmundo Eluchans y Jorge Burgos evalúan los riesgos de la parlamentaria por haber firmado contrato de compraventa de la casa de Guardia Vieja. Viviana Candia y René González Labortado proceso de compra de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende no solo significó la salida de la ministra Marcela Sandoval.
Ahora amenaza con ser causal de destitución de Isabel Allende, la hija senadora del exmandatario quien habría incurrido en la causa de destitución de su cargo, según establece el artículo 60 de la Constitución, por haber firmado -incluso a través de terceros la compra-venta de dicha propiedad.
Siete expertos constitucionales -Flavio Quezada, Tomás Jordán, Patricio Zapata, Iván Aróstica Enrique Navarro, Edmundo Eluchans y Jorge Burgos evaluaron los riesgos, pero su análisis concluye con un fallo dividido, pues no hay acuerdo si la firma de la venta constituye suficiente razón para su pérdida del cargo.
Tema que ahora deberá resolver el Tribunal Constitucional (TC) tras la solicitud de Republicano (ver nota adjunta). El exministro del TC, Enrique Navatro dice que "existe un riesgo para la senadora" de ser cesada en el cargo, a pesar de que "al no haberse inscrito la propiedad no se habría perfeccionado la compraventa y podría estimarse, por tanto, que no ha existido perjuicio patrimonial". "La Constitución establece como causal de rgo del parlamentario el celebrar o caucionar contratos con el Estado. La causal tiene sus antecedentes remotos, una reforma de 1892, después dela guerra civil, como una forma de separar la política de la gestión de negocios. El tema fue muy debatido ya durante la Carta de 1925 y en la de 1980", parte recordando. Explica que "no se da la causal si se suscribe un contrato con un servicio de utilidad pública y en general contratos de adhesión con el Estado.
Tampoco si se trata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generatrata de un derecho otorgado a la generalidad de la población, como sería una expropiación.
La causal apunta al tratar de sacar un provecho pecuniario particular, empleando su posición institucional". Pero como en el caso de Allende es "una compraventa de un bien inmueble en donde las cláusulas fueron libremente pactadas, se podría configurar la causal de cesación en el cargo". Y remata: "Obviamente, tendría que acreditarse que el parlamentario participó en la negociación que le habría sido favorable patrimonialmente! Isabel Allende corre un riesgo y mayor, dice el expresidente del TC, Iván Aróstica. "El contrato ya se celebró, con su comparecencia, aunque sea por interpósita persona (su abogado)", resume.
El que "el contrato se haya frustrado por razones ajenas a ella no importa para los efectos del artículo 60 de la Constitución (que habla de la cesación en el cargo), porque el contrato ya se celebró y la inhabilidad corre por celebrar el contrato" a Añade que en esta nego n, "la tramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudentramitación partió con un tiempo prudencial, no es un acto espontáneo del Ejecutivo, tuvo una burocracia mínima que debió permitirle a alguien percatarse.
Objetivamente, está dentro de la causal para recurrir al TC, otra cosa es que el cese no es automático, sino que está afecto a un procedimiento donde ella podría dar explicaciones". --¿ Alcanzará el TC a ver este asunto antes de que cese naturalmente en el cargo el 11 de marzo de 2026? --SÍí, no debiera demorarse tanto, no es un recurso de inaplicabilidad que requiera mayor dilación. Ella tendrá que demostrar que hubo error, fuerza o dolo, o sea, que alguien la colocó ahí.
Y si dura más, el juicio debería seguir, aunque sea por razones históricas, que quede acta de constancia en el Estado de Chile. "La norma constitucional es clarísima, no admite excepción alguna: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado.
Y eso fue en su momento largamente discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara y misión de Constitución de la Cámara y misión de Constitución de la Cámara y posteriormente en la Sala" añadió Edmundo Eluchans (UDI), exdiputado y exconsejero constitucional (2023). Norma de cesar en el cargo "no prosperaría' El constitucionalista Tomás Jordán (DC) considera que una solicitud de este tipo no prosperaría: "La voluntad de la norma es evitar los conflictos de interés entre senadores y elementos fiscales, cuidar la relación con el Estado.
Pero no solo se requiere el contrato, sino que produzca efecto, que produzca el conflicto de interés y el perjuicio fiscal y ese perjuicio no se produjo". "Porlo tanto ñadelos requisitos de la norma (para cesarla en el cargo) no concurren completamente.
Distinto es que se hubiera completado el proceso de transferencia de propiedad y el perjuicio se hubiera producido". En la misma línea, el exdiputado Jorge Burgos (Amarillos) dice que "el hecho jurídico que produce la responsabilidad política establecida en el artículo específi co de la persona política de la República no produjo efectos. Ergo, a mi modesto entender, al no producir efectos no puede pretenderse aplicar la sanción clara que allí se establece. Eso es jurídicamente, pero, a mi juicio, esto jamás se debió hacer.
Y los asesores más directos del Presidente, que es quien promovió la idea, una vez más no pasan pruebas mínimas de conocimiento del Derecho". Flavio Quezada, abogado constitucionalista ligado al PS, plantea que "en rigor, es una causal de cesación en el cargo que debe ser declarada por el TC. Y esa causal es la celebración de contratos con el Estado por parte de parlamentarios. Creo que en este caso no procede.
En primer lugar, porque hasta donde tengo entendido hubo un decreto supremo, esto es un acto administrativo firmado por el Presidente de la República, que fue tomado a ¿ ón, que autorizaba la celebración de un contrato. Por ese solo acto en ningún caso se configura la causal, porque no se habría celebrado el respectivo contrato". "Esto lo resuelve el TC.
Es decir, no es una causal automática que opere de pleno derecho, se configura un conflicto constitucional", señala y reconoce que "honestamente me parece bien curioso que una autorización de un contrato de este tipo haya pasado tantos filtros jurídicos. No me cabe la menor duda de que aquí no habido ningún tipo de interés.
Al contrario, imagino que para la propia senadora Allende debe ser duro tener que desprenderse de un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo". un lugar tan significativo".. ¿Debe Isabel Allende cesar en el cargo de senadora? Fallo dividido entre 7 expertos Marcelo Pinto Marcelo Pinto La destitución de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Sandoval (FA), no aquieta las aguas en la oposición, tras la fallida venta de la casa de la familia Allende. El escándalo fue de nuevo tema obligado en la Cámara, donde el "fuego graneado" de la derecha contra el Gobierno continuó. Así, la bancada republicana anunció que presentará un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar destituir tanto ala ministra Fernández, como a sutía, la senadora socialista Isabel Allende. Ambas están en el centro de la trama, pues son copropietarias de la casa de la familia Allende, por la que el Estado tenía previsto pagar casi $1.000 millones.
Para ir al TC, los legisladores republicanos se apoyarán en las normas constitucionales que prohíben a parlamentarios y ministros suscribir contratos con el Estado y consideran el cese del cargo cuando la norma se contraviene. "Están con el cargo prestado" "La bancada del Partido Republicano va a presentar ante el TC el requeriSegún el constitucionalista Patricio Zapata, "no le iría bien" a quien quisiera sacar a la senadora Allende del Congreso. ¿Razones? "Primero, cualquier norma que establezca prohibiciones o inhabilidades al ejercicio de una función debe interpretarse restrictivamente.
Segundo, eso con mayor razón cuando lo que pudiere estar en juego es la representación democrática que los ciudadanos le han confiado a una persona; no está solo en juego el interés de una autoridad, sino el derecho del pueblo a que sus mandatarios no sean removidos simplemente porque se ha incurrido en un error". Y, tercero, "el TC chileno históricamente así lo ha entendido (... ). Tiene que haber una cosa tendido (... ). Tiene que haber una cosa miento para que tanto la ministra Fernández como la senadora Allende sean cesadas en sus cargos. La causal ya está producida, están cesadas de pleno derecho, están con el cargo prestado", afirmó el jefe del comité, Luis Sánchez. Insistió en que el contrato se habría concretado y que el "desistimiento" no repara lo ocurrido. "No fueron solo las conversaciones, se llegó a suscribir", su= brayó.
El diputado pidió que el TC resuelva el asunto sin "consideraciones políticas". Diputados de otros partidos opositores advirtieron que la posibilidad de lograr la destitución en el tribunal es incierta, pues la mayoría de sus integrantes serían más proclives al oficialismo. Tras el anuncio, Sánchez se detuvo en la figura de la senadora Allende: "Estamos ante una situación muy compleja.
No sólo ante una ministra que permanece en el cargo, sino de una senadora que está todos los días votando y haciendo valer su voto en temas muy relevantes". En paralelo al recurso ante el TC, los republicanos no descartan una eventual acusación contra Fernández, y ya están impulsando la creación de una comisión investigadora. muy grave y que la persona haya realmente desplegado personalmente, voluntaria y conscientemente, es lo que se desprende de la jurisprudencia". Ejemplifica con las fracasadas presentaciones ante el TC en contra de los parlamentarios Ena von Baer y Alejandro Navarro.
Asimismo, añade que más allá de cualquier interpretación que alguien quiera, pueda o sienta ganas de hacer, todas las prohibiciones e incompatibilidades hay que leerlas restrictivamente, con mayor razón en una persona que inviste el pueblo soberano.
Así lo ha hecho el TC desde 1971". En cuanto a si la senadora Allende y Maya Fernández tendrían que haber coMaya Fernández tendrían que haber coLa idea de la comisión ya cuenta con el apoyo de la bancada UDI, según detalló el diputado Henry Leal. "Vamos a adherir", ratificó.
A la vez, en el mismo comité comparten la premisa de que tanto la senadora como la ministra habrían incurrido en una causal de cese del cargo, a raíz de la operación para vender la casa al Estado. "Existe en nuestra Constitución una norma expresa que no se puede firmar contratos con el Estado por parte ni de una ministra ni de un parlamentario. Y en esto, la sanción es una: la cesación del cargo", sostuvo el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.
Fue, sin embargo, cauteloso respecto de si bancada se sumará al requerimiento de los republicanos ante el TC: "Estamos analizando todos los caminos". El mismo Coloma advirtió respecto del incierto margen para que el TC pudiera acoger una presentación de este tipo. "Perdón la sinceridad, sus fallos en el ultimo tiempo han sido extremadamente políticos y la presidencia ha actuado como una caja de resonancia del Gobierno del Presidente Boric, eso nos hace dudar de la imparcialidad". Sobre la senadora Allende, en Duna, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, coincidió en que tras lo ocurrido, correspondería el cese en el cargo. "Contrató con el Estado.
En rigor, lo que debería pasar ahora es que el TC debiera pronunciarse sobre este tema y decir que ella pierde su escaño, cesa en su cargo". Y agregó: "No hay parlamentario que no sepa que uno no puede contratar (con el Estado). A todos se nos advierte desde el día uno". Desde la bancada RN, Camila Flores, concordó en que la ministra y su tía senadora habrían incurrido en la causal de cesación de cargo. "Aquí hubo un contrato firmado. La norma es expresa en cuanto la sanción y es muy clara: Cesarán en sus cargos.
Respaldo la acción de los republicanos deiir al TC", dijo Flores. deiir al TC", dijo Flores. nocido de las inhabilidades, Jordán, Burgos y Eluchans concuerdan que tendrían que haber estado al tanto. "Por los años de ejercicio y porque también el Congreso funciona con asesoría jurídica. Es una omisión de conocimiento no justificado, pero, aunque se grave, el asunto jurídico objetivo es si las formalidades del contrato se completaron o no; y no", dice Jordán.
Burgos agrega que el abogado que firmó por la familia -Felipe Vio "también desconoció la norma existente" mientras que Eluchans indica que "lo razonable es que los parlamentarios sepan cuáles son las normas que rigen la actividad que están desempeñando". tán desempeñando"..