Según el último Informe de cum plimiento en el Sector Público 2022, publicado en noviembre de 2023, del universo total de instituciones Viene de pág. 13
Según el último Informe de cum plimiento en el Sector Público 2022, publicado en noviembre de 2023, del universo total de instituciones Viene de pág. 13 taron el certificado, corresponden a hombres y 2.328 son mujeres (48%). A su vez, 3.970 certificaciones fueron emitidas en la provincia de Concepción, 529 en Arauco y 348 en Biobío. De esto, se desprende que el 99,5% correspondió a discapacidad leve, moderada, severa o profunda; y sólo un 0,5% resultó no acreditar una situación de discapacidad actual.
Al respecto, la presidenta de Compin del Biobío, Natalia González, aseveró que “realizando un análisis de la certificación de la discapacidad 2024, por origen, la principal causal de certificación es la discapacidad física, con 53%; seguida por la mental psíquica, con 31%; sensorial visual, con 6%; mental intelectual, con 5%; y sensorial auditivo, con 4%”. “Respecto al grado de severidad, el 36% corresponde a discapacidad moderada, 33% a severo, 30% a leve y 1% a discapacidad profunda”, agregó González. Cabe recordar que durante el año 2023 fueron 13 mil 807 personas las que se sometieron a la certificación de discapacidad en la región del Biobío.
Necesaria difusión de empresas localesEn relación a lo anterior, la seremi del Trabajo en el Biobío, Sandra Quintana, valoró los esfuerzos que realizan algunos privados para insertar en el mundo laboral a las personas con discapacidad. “Conocimos el caso de la empresa Comercial Mi Tierra del sector de la alimentación. En las sucursales de la provincia del Biobío, la empresa cuenta con trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad y además, implementaron una carta en formato braille”, afirmó Quintana. También, la autoridad regional del Trabajo consideró necesaria la posibilidad de certificar a jóvenes con discapacidad en la Lavandería Industrial 21.
Se trata de una fundación sin fines de lucro que brinda trabajo a jóvenes con síndrome de down con el objetivo de desarrollar el desapego, la autonomía y así crear su integración en el ámbito laboral.
“Sin duda, aún falta avanzar para que la inclusión laboral sea mucho más amplia, es por ello que, queremos dar a conocer el trabajo que realizan las personas con discapacidad, demostrar que si son capaces y que se pueden insertar de manera óptima en el mundo laboral”, sumó Quintana. OPINIONESTwitter @DiarioConce contacto@diarioconcepcion.clp úblicas (628), un 78,3% reportaron sus informes de cumplimiento, mientras que el 21,7% no lo realizó.
Asimismo, a nivel nacional de un total de 418 instituciones públicas obligadas a entregar información en 2022, sólo un 34,9% cumple con la cuota de contratación; el 61,2% no cumple por contratación y el 3,8% no cumple por falta de información en sus reportes.
Cabe decir que pese a solicitar en reiteradas ocasiones información relevante del cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral en el Biobío en Contraloría, Dirección de Presupuestos y en Senadis, al día de la publicación de este artículo no ha habido respuesta.
Única auditoría de Contraloría En tanto, un informe realizado por la División de Fiscalización de la Contraloría General de la República y publicado en febrero de 2024, da cuenta del rezago con el que se cuen-ta también en el sector público. En definitiva, se verificó la información de 85 municipios y de 52 servicios públicos centralizados del territorio nacional.
En el mismo informe, se desprende que un total de 16 de las entidades edilicias fiscalizadas y sólo 8 de los 52 organismos públicos, reportaron una cuota de contratación de personal con discapacidad menor al 1% exigido por Ley.
Cabe mencionar que, al igual que las empresas privadas, las instituciones que tengan una dotación anual de 100 o más funcionarios o trabajadores, a lo menos, el 1% de la dotación anual deberá corresponder a personas con discapacidad y además, en el caso en el que no sea posible el cumplimiento total o parcial, se tendrá que remitir un informe a la Dirección Nacional del Servicio Civil y al Senadis explicando las razones del incumplimiento. En definitiva, 25 municipios y 6 servicios públicos no remitieron el informe exigido en la Ley al Senadis para verificar el cumplimiento de lacuota de contratación. Asimismo, a la fecha de publicación del citado informe, ninguna de las 31 instituciones fiscalizadas hizo gestiones posteriores para entregar dichos antecedentes a los mencionados servicios. Entre la lista de instituciones públicas que no realizaron las gestiones posteriores, se encuentran 9 municipios del Biobío. Entre ellos, por ejemplo, Concepción, Chiguayante, Quilaco, Los Álamos y Tucapel.
Al respecto la directora de Senadis Biobío, Paulina Fuentes, aseveró que efectivamente aún queda bajo espera de los reportes electrónicos respectivos desde 2023, por lo que afirmó que “ahí estamos viendo cómo bajamos esa brecha, nuestra apuesta es que al otro año sea cero”. CertificacionesBajo esta lógica y a través de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) a julio del presente año, son 4 mil 847 personas las que se han sometido a certificaciones de discapacidad. Del total, cerca del 52% (2.519) de quienes solici-. FOTO: RAPHAEL SIERRA P.